(untitled) (Revista de Derecho, 2019)
Las prerrogativas o potestades exorbitantes reguladas por la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento, tienen como principal objetivo proteger el interés público ínsito en cada uno de los contratos administrativos. Las anteriores normas, recogen las potestades tradicionales como la de dirección, control y supervisión, la de modificación, ampliación, suspensión, resolución y rescisión del contrato, y por último, la de imponer multas y ejecutar garantías. Sin embargo, es posible encontrar ciertas imprecisiones terminológicas, omisiones de regulación de procedimientos y contradicciones entre la Ley y el Reglamento, e incluso contradicciones dentro de los mismos instrumentos normativos. Todo lo anterior, dificulta aplicar eficientemente las potestades cuando el interés público lo exige. Por esa razón, el presente artículo trata de brindar un análisis a dichas situaciones a fin de proponer soluciones, con la finalidad de plantear propuestas de reformas a la Ley No. 737 y su Reglamento.