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punto de partida para la legislación de género en el país. El
objetivo de esta ley fue avanzar en la igualdad de género y
luchar contra los prejuicios hacia las mujeres. Junto a esta
ley se creó también el Instituto Nacional de la Mujer
(INAM), ente encargado de promover la igualdad de género
e implementar políticas para erradicar la violencia y
discriminación de género.
Honduras es uno de los países con mayor nivel de
desigualdad en América Latina y tiene una brecha de género
del 70.5% (World Economic Forum, 2023). En cuanto a
participación de la mujer en la política del país, según el
Artículo 74 de la Ley electoral, los partidos políticos deben
estar integrados por un 50% mujeres y 50% por hombres.
Aun con esta representación, en los resultados de las últimas
elecciones en 2021, solo 35 de los 128 asientos del Congreso
Nacional son ocupados por mujeres y de las 24 Secretarías
del Estado únicamente 8 son lideradas por mujeres, lo que
evidencia una escasa representación frente a la parte
masculina (Ley Electoral de Honduras, 2021).
En vista de esta situación y con el propósito de
diagnosticar las acciones orientadas a promover la igualdad
de género en el país, en el 2022, la Asociación para una
Sociedad más Justa (ASJ) elaboró un informe donde resume
el panorama del país en relación a “Géneros y Corrupción
en Honduras”, presentando una síntesis, en donde se
resumen los hallazgos de los principales problemas
encontrados en el estudio y cómo afrontarlos.
Enfoque integral y coordinación
En Honduras, estás políticas se han desarrollado de
manera aislada y sin coordinación efectiva, lo que ha
resultado en que su ejecución sea lenta o que no se llegue a
ejecutar en su totalidad. Es necesario contar con que el
gobierno y las asociaciones civiles trabajen en conjunto para
desarrollar e implementar políticas que aborden de forma
integral los temas de corrupción y desigualdad de género, lo
que requiere una planificación estratégica y veeduría de
cumplimiento por parte de los encargados.
Presupuesto y recursos
Si bien algunas organizaciones nacionales han velado por
la creación de políticas con enfoque de género, su
implementación se ha visto dificultada también por falta de
presupuesto y recursos para hacerlas efectivas; lo que
conduce a que estas políticas se queden por escrito, pero no
lleguen a ser implementadas, lo que las convierte a la larga
en inexistentes, por lo cual, se debe contar con presupuestos
y entrega de recursos necesarios para su activación, así como
mecanismos de seguimiento y veeduría.
Punto de vista conservador
Es importante resaltar que ASJ señala que Honduras es
un país con una población altamente religiosa, dónde las
agendas relacionadas a las políticas de género y la lucha
contra la corrupción, los gobiernos o funcionarios públicos
encuentran resistencia. Por ello, es imprescindible reconocer
que se debe fomentar el diálogo entre las instituciones
religiosas y la sociedad civil para promover, en primer lugar,
la comprensión, tolerancia e igualdad de género, en pro del
fortalecimiento del Estado de Derecho.
Enfoque interseccional
Las políticas públicas rara vez consideran la
interseccionalidad o las dimensiones de la identidad de una
persona además de su género, como su orientación sexual,
discapacidad, pertenencia étnica, etc. Estas minorías siguen
siendo objeto de discriminación y exclusión debido a la falta
de este enfoque. Para abordar de manera efectiva las
diversas formas de discriminación, la creación de políticas
debe tener en cuenta la interseccionalidad y considerar las
necesidades y experiencias de los grupos marginados.
Violencia de género
Según el informe del Observatorio de Violencia de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de
2023, unas 7,186 mujeres han muerto de forma violenta en
el país desde el año 2005 y el 95% de estos casos aún está
impune. Al igual que el Observatorio del Centro de
Derechos de Mujeres de Honduras para agosto de 2023 se
registraron 296 muertes violentas de mujeres donde el 60%
de estas fue con arma de fuego, la edad mayoría de las
víctimas se registraron entre los 20 y 29 años (Centro de
Derechos de Mujeres, 2023). Esta estadística es alarmante,
es un problema importante al que no se le está dando un
correcto abordaje, puede dar la impresión de que el país
acepta y normaliza este tipo de violencia y no está tomando
medidas para reducirla.
Si bien se han producido esfuerzos en la creación y
concientización de políticas públicas anticorrupción
relacionadas al género, se debe velar por su cumplimiento y
el correcto abordaje de las mismas. Para ello, se necesita la
coordinación de entes reguladores como el Estado y
movimientos en favor de la mujer para conocer con certeza
las necesidades y brindar una atención integral. Asimismo,
la asignación de recursos para que las políticas se ejecuten,
la educación y concientización desde los hogares y las
instituciones, prestar atención a la interseccionalidad de
estas políticas; pero sobre todo, es imperativo un
compromiso de cuidar que estas políticas se transformen en
acciones e impugnar la corrupción en todas las áreas de la
sociedad, poniendo especial atención a aquellas que luchan
por la igualdad de las mujeres, cumpliéndose así la promesa
que la actual gobernante les hizo a las hondureñas y así
construir una sociedad más justa.