Editorial
Dr.
Gustavo Antonio Urbina Núñez
alejantonbina1960@yahoo.es
Epidemiólogo
FETP
Plaguicidas, regulación y salud humana.
Un problema subestimado
La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus
siglas en inglés) ha definido plaguicida como una substancia o mezcla de
substancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga,
incluyendo vectores de enfermedades humanas o animales; especies indeseadas de
plantas o animales capaces de causar daños o interferir de cualquier otra forma
con la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte o mercado de los
alimentos u otros productos agrícolas, madera y sus derivados o alimentos
animales, o que pueden ser administrados a los animales para el control de
insectos, arácnidos u otras plagas en sus organismos (1), y se clasifican según
su empleo (insecticidas, fungicidas, herbicidas, raticidas, etc.) o por su
familia química (organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides,
compuestos biperidilos, sales inorgánicas.). Todos los plaguicidas son biocidas
lo que implica, habitualmente alta toxicidad humana debido a la amplia e
indiscriminada exposición y empleo de estos productos sin las debidas medidas
de protección adecuadas o insuficientes.
La
comercialización de plaguicidas a personas individuales, está basada en requisitos
de acuerdo a la legislación hondureña que establece que no deben venderse a
menores de edad o personas que muestren problemas de salud mental alterada (2).
Sin embargo, en la realidad cualquier persona puede comprar un plaguicida en cualquiera
de sus presentaciones, sin que el vendedor repare si es un menor de edad o una
persona con alteraciones mentales. A pesar que existen distintas dependencias
gubernamentales encargadas de realizar monitoreos y supervisiones de campo
referente a la comercialización de plaguicidas, aún no se dispone de
información documentada, sobre esta realidad en nuestro país. En el año 2018,
la Comisión Nacional de Gestión de plaguicidas (CNG) que aglutina a las
instituciones estatales involucradas en el tema plaguicidas, trabajó un
documento regulatorio sobre la comercialización de este producto, pero no hubo avances al respecto por distintos
aspectos.
La amplia distribución
de plaguicidas en los países en vías de desarrollo ha favorecido el incremento
de las intoxicaciones. En Honduras, existe escasa información sobre
las intoxicaciones causadas por los plaguicidas. Los documentos existentes
describen las características de las personas que han sufrido intoxicaciones
agudas, especialmente las intencionales. La
Secretaría de Salud de Honduras en el año 2014 caracterizó los egresos
hospitalarios por intoxicaciones de 12 años a nivel nacional y documentó que los
más afectados son hombres jóvenes, económicamente activos, con intento suicida,
presentando trastornos
mentales y del comportamiento y que utilizaron herbicidas y fungicidas,
principalmente (3). Además,
se ha identificado el uso de la pastilla de fósfuro de aluminio “pastilla de
curar frijoles”, utilizado
por personas jóvenes como mecanismo de suicidio, a pesar que su venta está
regulada (3). Dada la alta mortalidad de esta sustancia, su identificación
ocurre principalmente en el proceso de autopsias.
Este panorama descrito
pone de manifiesto a manera de punta de iceberg, el gran impacto en la salud
pública, altos costos de manejo de las personas intoxicadas y altas cargas de
morbilidad y mortalidad de la población expuesta de manera indiscriminada y sin
control a los plaguicidas en sus distintas presentaciones, así como al uso
intencional como forma de suicidio. Además, el panorama de las intoxicaciones
es visibilizado parcialmente cuando forman parte de las noticias en los medios
de comunicación, especialmente con el fósfuro de aluminio, reportados como
suicidios enmarcados en problemas personales o pasionales. Estos aspectos
deberían justificar el control y regular la comercialización de los
plaguicidas.
Consideramos que establecer
una ruta crítica de abordaje de las intoxicaciones por plaguicidas de manera coordinada
trabajando en una mesa técnica entre las distintas instituciones involucradas
en los sectores plaguicidas: Departamento de Plaguicidas de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría
de Salud y Secretaría de Industria y Comercio e instituciones No
Gubernamentales como la CNG y el Centro Nacional de Toxicología (CENTOX) de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre otras. Además, se deberá
considerar la inclusión de otros sectores que fortalezcan la gobernabilidad de
las decisiones.
Consideramos recomendar al
sector salud y entes estatales encargados de registrar las intoxicaciones por
plaguicidas independientemente del resultado de la misma, sistematizar su registro;
analizar los datos epidemiológicos e identificar los factores que están
influyendo en los suicidios.
A los tomadores de
decisiones involucrados en regular y controlar la venta de plaguicidas, plantear
y establecer mecanismos para gestionar la adecuada comercialización de estos
productos.
Al sector académico, promover
actividades educativas preventivas sobre el uso, aplicación, custodia y
conservación de plaguicidas en lugares adecuados, especialmente a las personas
que tienen contacto con estos productos.
Bibliografía
1.Organización
Mundial de la Salud & Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. (2017). Manual sobre la elaboración y uso de
las especificaciones de plaguicidas de la FAO y la OMS. Organización Mundial de
la Salud. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/259820
2.Republica
de Honduras, Decreto N° 56-2014. Diario Oficial La
Gaceta, N°33661, 26 de diciembre del 2014, Ley para la Regulación de venta de
productos agropecuarios de productos agropecuarios con distintos grados de
toxicidad. Disponible en: https://faolex.fao.org/docs/pdf/hon148628.pdf
3.
Secretaría de Salud de Honduras. Sub Secretaria de Riesgos Poblacionales.
Dirección General de Vigilancia de la Salud. Situación Epidemiológica de las
Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas a nivel hospitalario, Honduras. C.A.
2000–2012.