Exposición
a plaguicidas en Latinoamérica. Revisión Bibliográfica.
Dra.
Belinda Bárbara Castillo Fuentes* 1, Dr. Carlos Abraham Mejía
Dueñas*2
*Especialista
en Medicina Legal y Forense.
1 Asesor Médico Legal Hospital General San
Felipe.
2 Docente de Medicina Legal Universidad José
Cecilio del Valle
Correspondencia a: belindacastillof@gmail.com, carlos.abraham.mejia@ujcv.edu.hn
Resumen
Introducción: Se
estima que el uso de plaguicidas en los países de Latinoamérica y el Caribe representa
alrededor del 20 % del consumo mundial y que en Centroamérica el consumo per
cápita de plaguicidas por persona/año (1.84 kg por persona/por año), es mucho
mayor que en otras regiones del mundo. Metodología: Se realizó una
búsqueda de artículos y libros, incluyéndose algunos que fueron publicados en 1978 hasta 2023, utilizando las palabras clave y sus combinaciones: plaguicidas, legislación
y jurisprudencia, exposición a plaguicidas, uso de plaguicidas, salud
ambiental, políticas públicas de salud, América Latina. Resultados:
Las publicaciones sobre el uso y marco legal de plaguicidas en América
Latina son escasas, por lo que se trabajó sobre la base de 50 artículos. Conclusión: A pesar de
existir diferentes leyes, políticas y tratados, hoy día las estadísticas de prevalencia
y regulaciones de uso están lejos de ser satisfactorias, lo que conlleva la
necesidad que se determinen intervenciones acertadas y oportunas para minimizar
los daños a la salud y al ambiente relacionados con plaguicidas.
Palabras clave: Agricultura, legislación y jurisprudencia,
plaguicidas, exposición a plaguicidas, salud ambiental, políticas públicas de
salud, Latinoamérica.
Abstract
Introduction: The use of pesticides in Latin America and the
Caribbean represents approximately 20% of the worldwide consumption. In Central America the pesticides per capita
consumption is (1.84 kg per person per year) which is considerably higher than
in other parts of the world. Methodology:
A series of books and articles were reviewed including ones from 1978 up to
2023. Keyword were used, such as pesticides, legal framework, jurisprudence,
exposure to pesticide, pesticide use, environmental health, public health
policies, Latin America. Results: The literature referring the
use and legal framework of pesticides in Latin America are scarce, therefore
the base of this review is based upon 50 articles. Conclusion: Despite the number of existing
laws, policies, international conventions, the updated statistics of prevalence
and regulations are far from acceptable, thus the urgency to find successful
and prompt interventions to minimize the health hazards regarding the
pesticides use is needed.
Keywords: Agriculture, legal framework, pesticides, pesticide
exposure, environmental health, public health policies, Latin America.
Introducción:
Desde
los inicios de la agricultura, surgió la necesidad de repeler las plagas que tenían
efectos deletéreos sobre los cultivos. Un plaguicida es toda sustancia o mezcla
de sustancias utilizadas para controlar las plagas que atacan los cultivos o
que atacan a los insectos vectores de enfermedades 1.
Los
plaguicidas se han convertido en la forma dominante del combate a las plagas y
existe un debate sobre su uso, ya que se argumenta que sin estos será muy difícil
alimentar a una población mundial en aumento 2,3, por otro lado, se debate
que esta “esencialidad de los plaguicidas” es solo un mito promovido por las
empresas agroquímicas4. Entre estos dos extremos se promulga que la solución
está en prohibir el uso de plaguicidas altamente peligrosos, a la par de la
introducción de nuevas tecnologías de producción y protección ambiental para
garantizar la seguridad alimentaria, mitigando los daños colaterales 5.
Es
incuestionable que los plaguicidas dañan la salud humana, la biodiversidad y el
medio ambiente, según datos de la American Association of Poison Control Centers
de EUA del año 2018 se recibieron 2,099,751 casos de intoxicación por año, de
estos el 76.6% fueron por exposición no intencional a plaguicidas 6,7.
Sin
embargo, pese a que Latinoamérica (LA) tiene un alto consumo de plaguicidas y
la región centroamericana en particular tiene uno de los consumos más altos del
mundo 8, aún es escasa la investigación al respecto y poco se conoce
sobre cuáles son las políticas regulatorias y marco legal imperantes en LA y
como estas han incidido en disminuir el riesgo del uso de plaguicidas. El propósito
de esta revisión fue identificar las políticas estatales o marcos legales sobre
los plaguicidas en diferentes países Latinoamericanos, y su relación con la
mitigación de los daños a la salud humana y ambiental.
Materiales y Métodos:
Se
realizó una búsqueda de artículos, en pub med, Google académico, Lilacs; Utilizando las palabras clave: agricultura,
legislación y jurisprudencia, plaguicidas, exposición a plaguicidas, salud
ambiental, políticas públicas de salud, Latinoamérica. Se analizo un
total de 46 documentos, con propósitos históricos se incluyeron algunos
documentos publicados en 1978.
1.-Datos históricos de los
plaguicidas
El uso
de los plaguicidas es casi tan antiguo como el hombre mismo, ya que desde
tiempos remotos se han utilizado una serie de productos químicos con el fin de
repeler o matar las plagas que dañan los cultivos.
Durante
la “era de los productos naturales” (a mediados del siglo XIX), se evidencia el
azufre como un “purificador” para eliminar los hongos. Los Reyes Persas
utilizaron las flores de Piretro como insecticidas y en Asía se utilizaron los
arsenitos para controlar los roedores. En 1940, Muller descubrió que el DDT
(dicloro-difenil-tricloro-etano) poseía propiedades insecticidas.
Posteriormente se sintetizaron los organofosforados, que son más tóxicos en
relación con los organoclorados 9.
Duarte
F. y Castañeda C. registraron que, en Honduras, desde los años 1950 se
sustituyeron los insecticidas de compuestos inorgánicos, por plaguicidas organoclorados,
los cuales a su vez fueron sustituidos en los años 90, por organofosforados,
peritroides y carbamatos10. Bueso, J.A (1978) describió que la
utilización de pesticidas en regiones agrícolas de la zona sur del país trajo
como consecuencia un incremento sustancial de víctimas de envenenamiento por
compuestos organofosforados debido a la ignorancia sobre el manejo y las
medidas de precaución 11.
A
nivel de toda Centroamérica hubo un incremento en el uso de plaguicidas en los
últimos años, arrojando un consumo per cápita de plaguicidas de 1.8kg por año,
convirtiéndose en uno de los más altos del mundo. Se estima que en los últimos
años se han alcanzado cifras de consumo de 45 millones de kilos de ingredientes activos importados y preparados
en 42 plantas industriales localizadas en países centroamericanos 8.
2.-Efectos de los plaguicidas
en la salud humana.
Los plaguicidas son
productos intrínsecamente tóxicos que se desarrollan para blancos biológicos
específicos, tienen el potencial de relacionarse con el suelo, aire y agua,
afectando la salud pública y el ambiente. Pueden causar toxicidad por
exposición aguda o crónica. Las intoxicaciones agudas pueden ser no
intencionales o con intención suicida, en cuanto a la exposición crónica suele
ser no intencional y es considerada un factor de riesgo para el desarrollo de diversas
enfermedades, como las neurodegenerativas, el cáncer, renales, respiratorias,
metabólicas y del desarrollo12,-15.
En Latinoamérica
se han realizado pocos estudios para determinar los daños a la salud entre
poblaciones expuestas a plaguicidas, en su mayoría en México y Brasil. En los
países centroamericanos y del caribe a excepción de Costa Rica la investigación
sobre el tema es casi inexistente, sin embargo, es necesario estudiar este
problema de manera sistemática para generar evidencia sólida, ya que persisten
importantes vacíos de conocimiento 16.
Se
considera que la contaminación ambiental atribuible a los plaguicidas a la cual
el público en general está inevitablemente expuesto, contribuye al 22% de la
carga mundial de enfermedades y al 23% de las muertes17. Sobre los grupos
de riesgos destacan quienes manipulan, aplican, viven, trabajan o estudian
cerca de zonas agrícolas, así como las mujeres embarazadas y niños en
crecimiento.
Indiscutiblemente
los plaguicidas son necesarios para garantizar la producción agrícola, además
son un arma poderosa en el manejo integral de vectores de enfermedades. En consecuencia, para beneficiarse de los
méritos de los plaguicidas y evitar las implicaciones negativas de su uso, los
gobiernos de todo el mundo han propuesto una serie de medidas, tendientes a
minimizar los efectos dañinos de los plaguicidas, no solo en la salud, sino
también en el ambiente; lo que se conoce
como una gestión adecuada del ciclo de vida de los plaguicidas que va desde la
legislación, la regulación en la importación-exportación, la fabricación,
comercialización, aplicación, reducción
de riesgos, el control, hasta la eliminación de residuos de plaguicidas; entre
estas medidas destacamos:
El registro
de plaguicidas: que se refiere “al proceso mediante el cual
el gobierno nacional o la autoridad regional responsable aprueba la venta y el
uso de un plaguicida, luego de la evaluación de datos científicos completos que
demuestran que el producto es efectivo para el propósito previsto y no presenta
un riesgo inaceptable para la salud humana o animal o el medio ambiente bajo
las condiciones de uso en el país o región” 18.
La Toxicovigilancia que
incluye pruebas de toxicidad aguda, subcrónica y crónica, pruebas de efectos en
la reproductividad y desarrollo, pruebas de mutagenicidad y pruebas de
disrupción hormonal.
El monitoreo
de la distribución y de la post comercialización.
3.-Legislación
y políticas públicas sobre sobre Plaguicidas
En una encuesta realizada sobre la gestión de
plaguicidas, en 194 países a nivel mundial entre 2017 y 2018 se encontraron brechas importantes en varios
indicadores incluidos en la encuesta; en el caso específico del indicador
“Control regulatorios de Plaguicidas”, para Latinoamérica se encontró que a
pesar que el 100% de los participantes informó que tenían un marco regulatorio vigente, sin embargo, únicamente
el 25% tenían disposiciones legales sobre plaguicidas altamente peligrosos, solo
el 13% tenían asignados más de 10 empleados trabajando en el registro de
plaguicidas, únicamente el 38% tenían legislación para controlar la venta al
por menor y solo el 25% tenían regulación para la venta en línea de
plaguicidas; únicamente el 13% regulaban la publicidad sobre los mismos, el 29%
informaron poseer legislación vigente sobre eliminación de
plaguicidas obsoletos y únicamente el 14% tenían capacidad de laboratorio instalada
para analizar propiedades físico-químicas de los plaguicidas, entre otros
indicadores17.
A continuación, se resume información relevante de
algunos países de LA
México
En
México la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confiere las
autorizaciones para todo tipo de actividades relacionadas con los plaguicidas.
De igual forma, establece los criterios para la autorización de la importación
de productos. La Ley Federal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
establece que las actividades particulares relacionadas con el manejo y uso de
los plaguicidas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas 19.
En
México, recientemente se registraron varios accidentes al realizar la
aplicación de plaguicidas, involucrando grandes grupos de personas sobre todo
trabajadores agrícolas o comunidades aledañas a las plantaciones 20.
En el 2001 fallecieron 1,339 personas debido a intoxicaciones; de estas muertes
968 (72%) fueron accidentales y el (28%) 371 correspondieron a suicidios.
Fueron más frecuentes en hombres, con 696 casos (71%); en el grupo etario de 21
a 30 años, con 276 (23.6%) y en el hogar, con 309 (32.7%). Siendo los
trabajadores agrícolas y de la industria los más afectados 21.
Argentina
Argentina es signataria de Convenios internacionales
(Convenio de Basilea Ley 23.922(1991), Convenio de Estocolmo Ley 26.011(2004) y
posee además un estamento Jurídico Nacional, como la Ley de Residuos Peligrosos
(25.051(2004), la Ley General del Ambiente (24.675(2002), así como varias
resoluciones internas y planes nacionales que regulan el uso de plaguicidas en
el país22. A partir de los años 90’s, se produce en Argentina un
importante cambio agrario con la introducción de la soja transgénica
(Glycinemax L.) resistente al glifosato (soja GR), aumentando drásticamente el
uso de plaguicidas23, por lo que cada vez hay más reportes de daños
a la salud entre los/las trabajadores/as agrícolas, sus familias, al ambiente,
de las comunidades más próximas por las exposiciones generadas en dicha
actividad 24,25.
Brasil
Al igual que en otros países Latinoamericanos Brasil
cuenta con un estamento legal dirigido al uso seguro de los plaguicidas; desde
el 2011 la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) implementó, el
Programa de Análisis de Residuos de Plaguicidas en Alimentos (PARA), el cual
realiza análisis residuales de plaguicidas
para verificar si están autorizados para ese cultivo y si se encuentran
dentro de los límites máximos de residuos (LMR) permitidos 26. La
ley de plaguicidas de Brasil ( Ley 7.802, de 11 de julio de 1989) y su
reglamento (Decreto N° 98.816, de 11 de enero de 1990), estipula la deposición
adecuada de los envases, sin embargo, en la práctica se encontró que
frecuentemente los envases vacíos de los productos estaban enterrados en la
tierra (37%), almacenados para su posterior quema (18,5%) o no tenían un
destino previamente establecido (44,5%); la mayor parte de los embalajes (54,4%)
quedaron en el campo o tuvieron otro destino inadecuado, como el basurero común,
el 52% de los encuestados mencionó la reutilización de envases para uso
doméstico, lo que corrobora datos investigados a nivel brasileño, demostrando
la gravedad y peligrosidad en relación a la salud que envuelve el tema de la
concientización en el campo 27.
Colombia
El
marco normativo colombiano data de 1979, y regularizó el control y la
vigilancia epidemiológica en el uso y manejo de plaguicidas, para evitar que
afecten la salud de la comunidad, y el deterioro del ambiente, así también
contempla que el uso y manejo de los plaguicidas estarán sujetos al Reglamento
Sanitario Internacional, el Código Internacional de Conducta para la
Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO, como las demás normas complementarias
previstas que dicten los Ministerios de Salud y de Agricultura o sus Institutos
adscritos. En cuanto a los efectos del control y vigilancia se aplicará el
Reglamente Sanitario Internacional, también es signataria de varios convenios
internacionales y dispone de legislación interna para regular los plaguicidas 28.
En
Colombia se desconocen las cifras exactas sobre la mortalidad debida a
intoxicaciones con plaguicidas, sin embargo, se registraron 4.835 muertes para
una tasa ajustada por edad de 2.38 muertes por cada 100.000 habitantes. Cabe
destacar que las tasas más altas fueron para las intoxicaciones autoinfligidas,
en zonas rurales, en hombres entre los 15 y los 39 años de edad. Respecto a la
tasa cruda de mortalidad anual promedio para todas las intoxicaciones por
plaguicidas fue de 0,81 muertes por 100.000 (0,98 para hombres y 0,64 para
mujeres) 29.
Chile
La
legislación chilena establece que los compradores o usuarios de plaguicidas
deben emplearlos con las normas técnicas señaladas en la etiqueta adoptando las
medidas de seguridad que ellas indiquen tanto en el uso como en la eliminación
de los residuos y la destrucción de los envases vacíos, respetando los plazos
que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha30. Asimismo,
el artículo 34 del Decreto Ley N° 3557 establece que el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura, es la autoridad
competente para la autorización, importación, fabricación, distribución,
comercialización y uso de los plaguicidas y el control de su comercialización. El
Ministerio de Salud es la autoridad competente, a través del Instituto Nacional
de Salud Pública (ISP) responsable de verificar el cumplimiento de los Límites Máximos
Residuales (LMR) para las frutas y hortalizas que se comercializan en el
mercado interno. En el último informe publicado en 2020 el Ministerio de
Agricultura de Chile encontró que de 1306 muestras de vegetales frescos (407) y
frutas (899) tomadas en 2018, casi el 19 % superaban los LMR, mientras que casi
el 9 % contenían plaguicidas no autorizados. Entre las muestras evaluadas de
vegetales frescos, la tasa más alta de superación de LMR se identificó para
metamidofos, linurón, clorotalonil, acetamiprid y ditiocarbamato 30.
En Chile
2.339 hombres y 1.934 mujeres fueron víctimas de intoxicación por plaguicidas
entre
2006 y 2012 tendencia que se observa desde 199731.
Uruguay
En
Uruguay existen distintos organismos estatales involucrados en la regulación de
los plaguicidas, controlando, entre otros aspectos, las composiciones y
etiquetas de los productos, las tecnologías y distancias de aplicación respecto
de centros poblados, instituciones educativas y cursos de agua, entre otros,
sin embargo a partir de lo que se ha
denominado como la “Sojizacion del cono sur”, que se refiere al proceso por el
cual, se ha desarrollado una expansión de cultivo de soja transgénica en el
Conosur32; los Uruyuayos han reportado problemas con plaguicidas
agrícolas referidos a:
a) Afectaciones
de tipo productivo (especialmente en producción hortícola, frutícola y apícola)
b)
afectaciones de la salud por fumigaciones cercanas a centros educativos y pequeños
centros poblados
c)
afectaciones “ambientales” como mortandad de peces, presencia de residuos de
plaguicidas y/o envases cerca de cursos de agua, contaminación de aguas
superficiales, entre otros 33.
Guatemala.
En Guatemala en un informe del 2010 sobre residuos
de plaguicidas en hortalizas frescas para el consumo, encontró en las mismas la
presencia de plaguicidas catalogados como altamente peligrosos como metamidofos34.
En el 2017 la incidencia acumulada de mortalidad por plaguicidas fue del 5.5
por 100,000 habitantes, en cuanto a la manera de intoxicación 47% de los casos
fueron por intento de suicidio 35.
Nicaragua
Dentro de la Ley básica para la regulación y control
de plaguicidas, se establecen las normas básicas para la regulación y el
control de plaguicidas, así como para las sustancias tóxicas peligrosas y otras
similares, así como determinar a tal efecto la competencia institucional para
poder asegurar las actividades agropecuarias, la salud, la seguridad laboral y
ambiente en general.
Existen dos entidades que regulan el uso de
plaguicidas y sustancias tóxicas en su marco normativo, el Ministerio de
Ambiente y recursos naturales (MARENA) tiene como función ejercer la vigilancia
y el control de la contaminación por plaguicidas, mientras que el Ministerio de
Salud (MINSA) está encargado de realizar el control y regulación integral
sanitaria de todas las acciones relacionadas con el uso de sustancias tóxicas
como plaguicidas, así como la salud de las poblaciones expuestas.
El estado nicaragüense está adherido a convenios
internacionales como el de Estocolmo y el convenio de Roterdam, en el de
Estocolmo se centra sobre la eliminación o la reducción de la emisión de 12
contaminantes orgánicos persistentes, conocidos también como la docena sucia.
En tanto el convenio de Roterdam es un tratado global diseñado para otorgar a
los países el derecho a rechazar la importación de sustancias tóxicas altamente
peligrosas 36.
En un estudio realizado en el año 2000 se encontró
que entre 3169 encuestados, 72 personas reportaron un episodio de intoxicación
aguda por pesticidas. De estos, 65 casos (90%) estaban relacionados con la
exposición ocupacional, cinco (7%) con la exposición doméstica y dos (3%) a la
exposición intencional. La tasa de incidencia acumulada/100, 000 intoxicaciones
por plaguicidas en Nicaragua fue de 2,3 (IC del 95%: 1,7 a 2,8). Esto
correspondía a 66,113 casos. La tasa más alta se encontró entre los hombres de
las zonas rurales, en particular entre los agricultores y trabajadores
agrícolas 37. Sin embargo, se estima que hay un subregistro de intoxicaciones
agudas por plaguicidas (APP) en el sistema de vigilancia de plaguicidas en
Nicaragua, y que para el año estudiado(2000) no se informaron alrededor de
30,000 casos de envenenamiento por pesticidas que recibieron tratamiento médico,
lo que “conduce a una incapacidad constante para interpretar e informar los
efectos agudos de los plaguicidas en la salud de una manera útil para los
formuladores de políticas” 38.
El
Salvador
Está suscrita a tratados internacionales sobre
plaguicidas. En 1990 se adhirió al tratado de Basilea, el cual estipula las
regulaciones fronterizas de los plaguicidas, desecho y su eliminación. Al igual
que Nicaragua está adherido al convenio de Roterdam. Aun y cuando, cuenta con
normativas nacionales e internacionales sobre el uso y control de plaguicidas
siguen comercializándose plaguicidas que están prohibidos hace mucho tiempo en
otras latitudes como en la Unión Europea.
En un estudio realizado sobre enfermedad renal
crónica (ERC), se encontró que el 94,5% de los hombres reportaron contacto con
agroquímicos y el 59,3% de las mujeres, y el 96,4% de los hombres y el 54,9% de
las mujeres eran trabajadores agrícolas. En las entrevistas el equipo de
investigación supo que nueve productos eran responsables de la exposición a
agroquímicos en la agricultura de los trabajadores salvadoreños, entre los que
destacan: el paraquat, un herbicida ácido fenoxiacético (2,4-D) el glifosato y
el organofosforado metil paratión 39.
Estadísticamente la mayoría de los suicidios en El
Salvador son producidos por plaguicidas, que en su mayoría ocurren en menores
de 19 años de edad. Existen cifras que llegan a reportar una tasa de incidencia
de intoxicaciones por plaguicidas de 28.6 por 100,000 habitantes donde el 47%
fueron intencionales, el 27% ocupacionales, siendo el sexo masculino el más
afectado 40.
Costa
Rica
A
pesar de existir un marco legal de los Ministerios de Salud, de Agricultura y Ganadería
de Costa Rica, que establece que: “Toda persona natural o jurídica responsable
de trabajadores que deban formular, reempacar, reenvasar, almacenar,
transportar, mezclar y aplicar plaguicidas, está obligada a instruir a sus
trabajadores en el manejo correcto de los plaguicidas y mantenerlos informados
sobre los riesgos y precauciones que el uso de los plaguicidas conlleva” 41,
en un estudio realizado en el 2011, se encontró que Costa Rica es el país de
Centroamericano que más importaba plaguicidas, algunos de los cuales son altamente
peligrosos 42.
Los
plaguicidas siguen siendo utilizados como instrumento de muerte en los
suicidios, durante los años 2007 al 2011, el Departamento de Medicina Legal,
reportó 497 defunciones por intoxicaciones, identificando 319 muertes
atribuibles a plaguicidas, siendo éstos los que causaron el mayor número de
defunciones43.
Actualmente
Costa Rica es el único país de Centroamérica que está realizando un abordaje más
sistematizado del efecto de los plaguicidas no solo en la salud humana, sino
también en el ambiente.
Honduras
La
existencia de la legislación de plaguicidas en Honduras en teoría, ayuda a
reglamentar la importación, la fabricación, almacenamiento, transporte, manejo,
comercio y la disposición de diversas sustancias peligrosas de plaguicidas y
otras sustancias tóxicas, como también hace responsable a todas las personas
que realicen estas actividades y por los daños que puedan causar44. También hace referencia
a que el Gobierno es el responsable general de la distribución y utilización de
los plaguicidas y demanda a la industria de los plaguicidas a cumplir las
disposiciones en la fabricación, distribución y la publicidad de los
plaguicidas. En la práctica esto no se cumple.
Contempla
la prohibición de ciertas sustancias entre ellas destacan: aldrina,
clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno (HCB), mirex y toxafeno,
así como los bifenilos policlorados (BPC) industriales, sin embargo, algunas de
estas aún circulan en el mercado. El
país aún no dispone de un laboratorio oficial para realizar toxicovigilancia.
En el
ámbito laboral, la ley de regulación de plaguicidas de Honduras contempla que
cada empresa proveerá a los trabajadores del equipo, la protección personal
necesaria para desarrollar adecuadamente sus actividades; este suministro se
realizará inicialmente al ingresar al trabajo y periódicamente según se
deteriore por el uso normal al que esté sometido; en la práctica no se cumple.
A
pesar de la regulación de la exposición a plaguicidas a nivel nacional, existen
factores que condicionan la falta de cumplimiento de la ley como escasos
servicios públicos, falta de controles médicos periódicos y oportunos para la población
expuesta, ya sea de forma indirecta, por cercanía o través del agua, aire y
alimentos contaminados, o de forma directa, por la manipulación sin la
protección adecuada. Un estudio
realizado en el 2019 en un municipio de Copan, departamento al occidente del
país eminentemente agrícola, encontró que únicamente el 3,7% de los
agricultores entrevistados refirieron capacitación, el 39.5% almacenaban
plaguicidas en el hogar, el 30.9%, los manipulaban sin guantes, el 19.8%
eliminaban los residuos en el ambiente, el 27.2% lavaban el equipo en hogar;
únicamente el 1.2%, refirió conocer el
significado de los colores en las etiquetas45.
Discusión:
La mayoría
de los países Latinoamericanos cuentan con un marco regulatorio de plaguicidas
vigente; sin embargo, aún persisten brechas importantes que impiden un ciclo de
vida de plaguicidas, adecuado y de menor riesgo; no solo para la salud humana sino
para los ecosistemas. Desafortunadamente la región Centroamericana lidera uno
de los consumos de plaguicidas per cápita más altos del mundo y es precisamente
en esta región donde se encuentran las limitantes importantes que permitan
caracterizar más adecuadamente la situación para disminuir el riesgo que
conlleva el uso de plaguicidas.
A
diferencia de lo que sucede en Europa y Norte América; Latinoamérica y Centroamérica
en particular enfrentan una serie de desafíos que no están presentes o son casi
ausentes en esas latitudes, como:
1.-Diferencias
importantes en los contextos sociales y económicos, así como en la ecología y
biodiversidad de los países que la conforman 46.
2.-Respecto
a la vulnerabilidad de los trabajadores expuestos no siempre se cumplen con las
medidas estipuladas en las distintas leyes, dadas condiciones como el analfabetismo
funcional, el cual interfiere con el cumplimiento de las medidas de seguridad
estipuladas por los fabricantes y las leyes. En cuanto a la percepción del
riesgo por parte de los manipuladores, se ha descrito que las variables
socioeconómicas influyen en la percepción, especialmente en los pequeños
agricultores, los cuales perciben que el riesgo es bajo porque hay poca
evidencia visible o muy poco difundida, del daño a la salud que causan los
plaguicidas 45,47.
3.-En
múltiples regiones de Latinoamérica persisten poblaciones expuestas sin
protección, de forma indirecta, por cercanía o a través del agua, aire y
alimentos contaminados, la investigación al respecto aún es escasa. Pese a
que existen leyes que velan por la salud laboral, en la práctica no se cumplen;
en varios países, especialmente los de Centroamérica la realidad
socioeconómica, cultural, de salud y ambiental impiden que las mismas se
cumplan.
4.-Es
necesaria una regulación activa y estricta por parte de las autoridades sanitarias
en la venta y manipulación de plaguicidas, existen ejemplos exitosos de países
que implementaron políticas públicas que disminuyeron el uso de plaguicidas
como instrumento de muerte 48.
5.- En
la región centroamericana, aunque se han realizado esfuerzos conjuntos, como el
control aduanero, para regular la seguridad y el manejo de los plaguicidas a
través de la unificación de los criterios de etiquetado que se basa en las
normativas técnicas; estos no son suficientes 49,50.
En
general en Latinoamérica se requiere generar más investigación de calidad que
permita orientar con evidencia, más para su implementación y cumplimiento, que
para la formulación o reformulación de políticas públicas, respecto al uso y
manejo adecuado de los plaguicidas y sus efectos adversos.
El
riesgo de los plaguicidas para la salud y los ecosistemas es un problema
mundial, por lo que se requiere un trabajo conjunto entre organismos nacionales
e internacionales, el gobierno, la industria de plaguicidas, para fortalecer la
educación de los usuarios y otras medidas que mitiguen el impacto negativo,
estos esfuerzos deben estar adaptados a las realidades tan particulares como
las centroamericanas.
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