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Año 6/No 1/ Octubre, 2021
ISSN: 2414-8903 Línea
Juan Carlos Benítez, Orlando Galeano, Jenny S. Suazo, Leonardo Euceda
DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS DEL ESTADO,
LA DEMOCRACIA Y LA CIUDADANÍA
JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
1
ORLANDO JAVIER GALEANO VIDES
2
JENNY SOBEYDA SUAZO SEVILLA
3
LEONARDO EUCEDA AMAYA
4
Doctorandos en Ciencias del Desarrollo Humano,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
DOI: 10.5377/rpdd.v6i1.12420
Recibido: agosto, 2021 Aceptado: septiembre, 2021
AGRADECIMIENTO
L
os integrantes del Círculo Temático Estado, Ciudadanía, Gobernabilidad,
Descentralización y Derechos Humanos del Programa de Doctorado en Ciencias
del Desarrollo Humano de la UNAH, deseamos agradecer profundamente al Doctor
Juan José García Escribano, de la Universidad de Murcia, España, por todo el
asesoramiento dado en el proceso de elaboración del presente artículo que hemos
titulado: “Desafíos contemporáneos del Estado, la Democracia y la Ciudadanía”. El
apoyo dado y los aprendizajes recibidos han sido múltiples. Gracias Doctor García
Escribano por mostrarnos siempre el camino y por aportarnos importantes sugerencias,
bibliografías, comentarios, revisiones, todo lo cual nos facilitó la culminación de
este importante ejercicio para nuestra formación. Nuestro agradecimiento al Doctor
Pedro Morazán quién desde Berlín, Alemania, nos realizó una revisión exhaustiva,
excelentes comentarios e importantes sugerencias, que sin duda ayudó a profundizar
las reexiones y a replantear algunos aspectos, ayudando con ello a una mejor
presentación del artículo en su versión nal. Muchas gracias.
RESUMEN
El Estado, la democracia y la ciudadanía son fundamentales para concretizar
el desarrollo humano, ya que el buen o mal desempeño determinará la realización o
no de la población. Por ello, en el presente artículo planteamos los distintos
1MSc. JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ, Asesor en políticas públicas, benitezlopezjuancarlos@gmail.com,
Orcid: https://orcid.org/ 0000-0003-0974-8659.
2MSc.ORLANDO JAVIER GALEANO VIDES, Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras
CUROC, orlando.galeano@unah.edu.hn, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4957-4457.
3MSc. JENNY SOBEYDA SUAZO SEVILLA, Especialista en gestión académica superior UNAH, jenny.
suazo@unah.edu.hn, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6434-0758.
4MSc. LEONARDO EUCEDA AMAYA, Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
leoeucedaamaya1@yahoo.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5979-1300.
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debates contemporáneos que están en curso, resaltando los desafíos que habrán que
afrontarse a n de alcanzar un desarrollo humano sostenible, lo cual implica no solo
una reconceptualización del Estado y una profundización de la democracia, sino
que también implica la ampliación de los mecanismos en los cuales la ciudadanía
se involucre en los asuntos públicos, lo cual proporcionará legitimidad al Estado,
viabilidad a la democracia y nuevos marcos políticos de participación y desarrollo
incluyente.
PALABRAS CLAVE
Estado, democracia, gobernabilidad y ciudadanía
ABSTRACT
The State, democracy and citizenship are fundamental to achieve human
development, since good or bad performance will determine the achievement or not of
the population. Therefore, in this article we present the different contemporary debates
that are underway, highlighting the challenges that will have to be faced in order to
achieve sustainable human development. This implies not only a reconceptualization
of the State and a deepening of democracy, but also the expansion of the mechanisms
in which citizens are involved in public affairs, which will provide legitimacy to
the State, viability of democracy and new political frameworks for participation and
inclusive development.
KEYWORDS
State, democracy, governance and citizenship
INTRODUCCIÓN
El presente artículo corresponde al trabajo realizado por el Círculo Temático
Estado, Ciudadanía, Gobernabilidad, Descentralización y Derechos Humanos del
Programa del Doctorado de la UNAH. Como parte del proceso de formación en el
programa del Doctorado, hemos sido partícipes del Foro “Debate Contemporáneo
del Desarrollo Humano” realizado en el mes de mayo del año 2021, el cual contó
con exponentes experimentados en cada uno de los círculos temáticos organizados,
quienes proporcionaron aportes importantes en la temática correspondiente a nuestro
circulo.
El objetivo del presente artículo es poner en perspectiva los distintos
planteamientos teóricos que están en el debate con relación al Estado, la democracia
y la ciudadanía, para con ello explicar la situación actual en la sociedad hondureña y
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plantear los desafíos que habrá que afrontar a n de alcanzar el desarrollo humano en
sus dimensiones: social, económica, política, cultural y ecológica.
Desde los marcos teóricos actualmente planteados, partimos en analizar qué
es el Estado y el por qué se está debatiendo un nuevo papel en la conducción de
las sociedades. No hay duda de que el Estado es fundamental, pero al ampliar el
debate hacia una mayor democracia y mayor involucramiento de la ciudadanía en los
asuntos públicos, nos encontramos con planteamientos de que el Estado debería ser
reformado a n de que responda a los nuevos desafíos que la sociedad contemporánea
demanda.
Hacia un nuevo papel del Estado
Con la consolidación del Estado moderno ha prevalecido el pensamiento sobre
la necesidad de responder sobre su quehacer y su función dentro de las sociedades.
La existencia de una diversidad de escuelas de pensamiento implica igualmente que
la concepción sobre el Estado ha sido diversa. El Estado tiene que ver con la política,
con la sociedad, con el gobierno y con el poder. El Estado ha sido la forma dominante
de organización del poder político. Al analizar las sociedades contemporáneas en
relación con el Estado, la democracia y la ciudadanía, podemos concluir que vivimos
un tiempo de incertidumbre, de desconanza, de miedo, lo que el sociólogo Zygmunt
Bauman (2008) llama “política y sociedad líquida” precisamente porque ya no es
posible establecer relaciones duraderas. Es decir: «En esta nueva etapa, fase posterior
a la anterior en la que todo era sólido, los conceptos se convierten en licuados; y los
acuerdos son precarios, temporales, pasajeros; válidos solo hasta un nuevo aviso»
En un sentido parecido, Beck (2017), en su obra, La sociedad del riesgo
global, plantea “la sociedad del riesgo” y llama la atención sobre la mundialización
del riesgo, ya que los Estados pierden capacidad de garantizar los derechos de sus
ciudadanos, generando una crisis política en la cual la democracia es menos valorada,
las instituciones no funcionan, la falta de oportunidades genera conictos y la
desigualdad social se convierte en un tema político.
Beck señala que “los riesgos globales tienen efectos similares: intensican
en todo el mundo relaciones sociales que incluso en la antigua ‘periferia’ inuyen
en los acontecimientos que se producen en las ‘antiguas metrópolis’ y viceversa.
Los riesgos globales, por tanto, ya no son procesos de imperialismo unidireccional,
antes bien, son desordenados y caóticos. La extensión del riesgo, por muy irregular y
esporádica que sea, ha dado lugar a la extensión de las incertidumbres prefabricadas
o, dicho de otro modo, a la generación de las incertidumbres prefabricadas” (Beck,
2017, pp. 176-177).
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A partir de la década de los setenta se lleva gestando la conguración de una
nueva realidad, la cual se ha visto acelerada por la crisis económico-nanciera del año
2008 y la pandemia del COVID-19. Los cambios eminentes han sido relacionados
con la emergencia de una nueva ciudadanía digital, la ruptura del contrato social,
el n de los grandes relatos, una reconceptualización de la sociedad actual que,
dependiendo del autor o del planteamiento teórico, es calicada como sociedad de red,
sociedad digital, sociedad fragmentada, sociedad líquida, sociedad global, sociedad
postindustrial, sociedad de paradojas, entre muchas otras formas de denominarla.
Según Richard Sennet (2011), se ha pasado de un modelo social de convivencia
a un modelo de sociedad fragmentada en la que se están perdiendo aceleradamente
los signicados y cada vez existe menos comunicación entre la diversidad social.
Sennet (2011) plantea que “la sociedad que habitamos actualmente se encuentra
agobiada por las consecuencias de esa historia, la destrucción de la res pública por la
creencia de que los signicados sociales son generados por los sentimientos de los
seres humanos individuales. Este cambio ha oscurecido para nosotros dos áreas de la
vida social. Una es el dominio del poder, la otra es el dominio del entorno en el que
vivimos” (p. 415).
Conforme a lo anterior, Sennet (2011) plantea que el Estado contemporáneo
está fragmentado debido a una sociedad que también es producto de fragmentaciones
de muy diversa tipología: 1. Fragmentación Productiva (División del trabajo) 2.
Fragmentación Social (Desigualdad) 3. Fragmentación Estructural (Complejidad) 4.
Fragmentación Cultural (Individualismo).
Nuestras sociedades se encuentran frente a una serie de desafíos como la
superación de la pobreza, el hambre, el cambio climático, las migraciones forzadas,
entre otras, como consecuencia de las diversas crisis sociales, políticas, económicas,
ambientales y nancieras que se han sucedido en los últimos tiempos, tanto por
la deciencia en los tratamientos de los asuntos públicos por los propios actores
gubernamentales, como por la aparición de nuevos actores y roles en el espacio
público, como por ejemplo los movimientos de las mujeres, los pueblos originarios,
los movimientos de la diversidad sexual, ambientalistas entre otros, con la pretensión
de canalizar demandas ciudadanas no satisfechas y por la exigencia de abrir el
gobierno para establecer un horizonte institucional y político menos complejo.
El Estado, siempre que sea de derecho y democrático, reconoce y garantiza
esa participación ciudadana que fortalece y enriquece al Estado mismo. Nuestras
sociedades siempre han requerido de una ciudadanía activa que participe en su
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construcción. Una ciudadanía activa nos acerca a una democracia ética y comprometida
con la igualdad.
Para Boaventura de Sousa Santos (2005), el nuevo Estado debe ser un
Estado experimental y en la experimentación continua con una activa participación
de los ciudadanos estará la sostenibilidad del bienestar: “el Estado experimental
debe por tanto asegurar no sólo la igualdad de oportunidades entre los distintos
proyectos de institucionalidad democrática, sino – y este es el segundo principio de
la experimentación política - unas pautas mínimas de inclusión que hagan posible una
ciudadanía activa capaz de controlar, acompañar y evaluar la valía de los distintos
proyectos. Estas pautas son necesarias para hacer de la inestabilidad institucional un
ámbito de deliberación democrática” (p. 370).
Estado y gobernabilidad
La gobernabilidad es un concepto distinto al concepto de gobernanza. De
acuerdo con Joan Prats (1996), al hablar de gobernabilidad democrática la concebimos
“como la capacidad de un sistema social democrático para autogobernarse enfrentando
positivamente los retos y oportunidades que tenga planteados” (p. 449).
Bobbio, Matteucci y Pasquino (2002) denen el término de gobernabilidad
como “la relación de gobierno, es decir, la relación de gobernantes y gobernados”
(p. 703), por lo que la relación compleja entre estos dos sujetos es lo que posibilita
el poder hablar de gobernabilidad. Un sistema social sería gobernable cuando esté
estructurado sociopolíticamente de tal modo que todos los actores estratégicos se
interrelacionen para tomar decisiones colectivas y resolver sus conictos, conforme
a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales.
Según Prats (1996), “la gobernabilidad democrática no se reere, pues, tanto a
los atributos de un régimen democrático cuanto a las capacidades de una determinada
sociedad democrática para enfrentar los retos y oportunidades especícos que tiene
planteados” (p. 449). La gobernabilidad vendría a ser un atributo, una cualidad de
algunas sociedades en las cuales los actores estratégicos, (los actores claves de esa
sociedad) pueden interrelacionarse precisamente para producir decisiones, pero
sobre la base de un sistema de reglas y de procedimientos relativamente estables y
predecibles.
El mismo Prats (1996), siguiendo a Kooiman (1993), señala que “una
estrategia de gobernabilidad democrática es, pues, una estrategia de construcción
de capacidades. Tales capacidades dependen de la interrelación entre el sistema
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institucional existente (governance), de las capacidades de los actores políticos,
económicos y sociales presentes (governing actors), y, nalmente, de la cantidad y
calidad del liderazgo transformacional disponible” (p. 449).
De acuerdo con Prats (1996), “la gobernabilidad democrática presupone
la existencia de democracia, pero ésta no es condición suciente para que exista
gobernabilidad democrática. La gobernabilidad democrática se dará sólo cuando
la toma de decisiones de autoridad y la resolución de conictos entre los actores
estratégicos se produzca conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos
calicar como democracia.
No podemos avanzar, pues, en el concepto de gobernabilidad democrática,
sin precisar el concepto de democracia” (p. 133). Por lo anterior, para lograr la
legitimidad de la gobernabilidad no solo es responsabilidad del gobierno a través de
sus diferentes instancias, sino de la interacción de actores como la empresa privada y
la misma sociedad civil, y todas ellas deberán propiciar e impulsar políticas públicas
que permitan la satisfacción de las necesidades más básicas de la población y el
despegue del desarrollo a nivel de un territorio.
Independientemente del concepto o enfoque que se adopte, más allá que
algunos autores presten más atención a un elemento que a otro, para Antonio Camou
(2013) en su obra Gobernabilidad y Democracia, plantea que la gobernabilidad tiene
tres componentes básicos:
i.la legitimidad que tiene que ver con el origen del gobierno y con la ecacia con la
que actúa,
ii.la estabilidad relacionada con la capacidad para durar en el tiempo y la previsibilidad
de lo que pueda pasar en el futuro, y
iii.la ecacia y la eciencia que tiene que ver con alcanzar los objetivos prejados
con el menor costo posible.
La institucionalidad del Estado ha ido generando paulatinamente desconanza
en la sociedad precisamente por su incapacidad de propiciar una gestión de mayor
calidad, eciencia y transparencia en el uso de los recursos públicos, lo cual ha
provocado en muchos casos crisis de gobernabilidad.
La pérdida de credibilidad respecto al Estado contemporáneo y al gobierno
está estrechamente relacionada con la pérdida de conanza de la ciudadanía hacia la
democracia, el sistema político, el sistema legal y las instituciones. El ejercicio del
poder ha sido más afín a grupos e individuos vinculados a sectores económicos y
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políticos, que a los intereses nacionales y a la población. Por ello, es de importancia
entender la dinámica de la gobernabilidad y el ejercicio del poder y su mediación en
el Estado Democrático de Derecho.
¿Democracia para qué?
Durante las últimas tres décadas del pasado siglo XX, en el mundo en general,
América Latina en particular, se ha vivido un proceso de profundas transformaciones
una de las cuales ha sido el avance de la democracia como opción de gobierno. En
el informe sobre la democracia en América Latina (UNDP, 2004), se plantea que
la democracia es una inmensa experiencia humana y que esta ligada a la búsqueda
histórica de libertad, justicia y progreso material y espiritual, por ello, la democracia
ha sido y continuará siendo, una experiencia inconclusa. (p.33).
En este mismo informe, a partir de los fundamentos teóricos, se argumenta
que la democracia i) supone una idea del ser humano y de la ciudadanía; ii) es una
forma de organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento
del Estado; iii) implica una ciudadanía integral, esto es, el pleno reconocimiento
de la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social; y, iv) tiene en
el régimen electoral un elemento fundamental, pero no se reduce a las elecciones
(UNDP, 2004, p.24).
La democracia reconoce, como condición necesaria, la existencia de un
régimen político que se desenvuelve en un Estado y una nación que delimitan una
población, un territorio y el poder que se ejerce en su interior. Para Bobbio (1986), la
democracia está caracterizada “por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales)
que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué
procedimientos” (p. 14). En ese sentido, la democracia está referido a un conjunto
de instituciones y procedimientos que denen las reglas y los canales de acceso a
las principales posiciones del Estado, el ejercicio del poder y el proceso de toma de
decisiones.
Cuando se habla de “ciudadanía” inmediatamente se asocia con “democracia”.
Indudablemente podría defenderse algún tipo de ejercicio de ciudadanía fuera de un
régimen democrático, pero si se considera la ciudadanía en sus tres componentes
básicos (derechos, participación y pertenencia), únicamente en un sistema democrático
los ciudadanos pueden desarrollar completamente el conjunto de habilidades,
conocimientos y valores que se asocian a esta dimensión política de la persona.
La ciudadanía es la condición mediante la cual un individuo se integra a una
sociedad jurídicamente organizada, adquiriendo derechos y obligaciones, es decir, un
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conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o el individuo está sujeto en
su relación con la sociedad en que vive. Aunque Bobbio (1986) plantea que el exceso
de participación puede tener como efecto de saturación de la política y el aumento de
la apatía electoral. Según Bobbio, nada es más peligroso para la democracia que el
exceso de democracia (p. 20).
Sin embargo, no todos los sistemas sociales gobernables actúan sobre la base
de la democracia. La gobernabilidad democrática se dará sólo cuando la toma de
decisiones y la resolución de conictos entre los actores estratégicos se realice según
un sistema de reglas y fórmulas que podamos considerar democráticas.
Los fundamentos de la democracia representativa son una serie de
proposiciones relativamente sencillas: i) la idea de nación, como entidad territorial
bastante homogénea y diferenciada; ii) la idea de soberanía, como algo ubicado en el
Estado, pero que emana del pueblo y, iii) la idea de representación. Estas tres ideas
han entrado en crisis progresivamente, debido al desgaste que se viene produciendo
entre los ciudadanos en el prestigio de la política, los partidos y las instituciones
propias de la democracia representativa. En conexión con este deterioro se observa la
falta de ecacia para la selección de líderes, la formulación de programas viables y la
administración del poder político.
La crisis de representación y la falta de credibilidad en el sistema político,
conlleva en numerosas ocasiones, al surgimiento de liderazgos personalistas que
concentran el poder (populismo y nuevas formas de autoritarismo) e impiden el
consenso (polarización afectiva) y ciudadanos que confían en ese tipo de líderes
y no en las instituciones, o que directamente, se alejan de la vida política activa
(desafección democrática y triunfo de movimientos radicales y antisistema).
La inexistencia de liderazgos positivos que proporcionen cohesión tanto en el discurso,
como en la política pública que reeje los claros intereses colectivos, no posibilita
una conanza ni en la política, ni en el Estado. La desesperanza de la población sobre
un Estado y una democracia que no brinda sentido a sus vidas desde la solidaridad, la
justicia y la responsabilidad común social es inminente como desafío en la superación
del individualismo.
Bobbio (1986) lo plantea con claridad cuando señala que “jamás están
ausentes las oligarquías del poder” (p. 21) y resalta a Joseph Schumpeter, a quien
considera que captó perfectamente el sentido cuando sostuvo que “la característica
de un gobierno democrático no es la ausencia de élites sino la presencia de muchas
élites que compiten entre ellas por la conquista del voto popular” (Ibid). En las
sociedades actuales es posible y necesario profundizar en la democracia a través de la
participación ciudadana y la revitalización del principio del diálogo y la transparencia.
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Lo anterior nos llama a reexionar sobre la posibilidad de implantar un modelo
de gobernanza participativa, un concepto que nos traslada la idea de superación
del modelo de gobierno burocrático-jerárquico por un modelo cooperativo más
descentralizado que apueste por la complementariedad entre el sector público, el
sector privado y las organizaciones, grupos e individuos que conforman la sociedad
civil.
Estamos frente a la necesidad de una democracia renovada, una democracia
ligada a procesos reales de transformación social, no solo mejorando las reglas como
menciona Subirats (2011), sino que consiga garantizar la inclusión de todos en los
diversos derechos asociados a la ciudadanía:
i.los derechos civiles, de reconocimiento de la ciudadanía,
ii.los derechos políticos de sufragio y representación democrática y,
iii.los derechos sociales de salud, educación, vivienda y protección social.
Si hablamos de la búsqueda de la calidad de la democracia, diremos que
está vinculada a las nuevas formas de participación lo que hace necesario revisar el
concepto de ciudadanía en donde las personas se sientan incluidas en los tres grandes
ámbitos como ser el Estado en el reconocimiento de derechos, en la economía al
servicio de las personas y en el ámbito social.
Rosanvallon (2009) alude a ello cuando propone renovar el debate sobre
la ciudadanía, superando la concepción individualista del mercado, que confunde
personalización y singularidad con capacidad de consumo. Debemos, por lo tanto,
poner más el énfasis en el ser que en el tener, ir hacia una democracia de mayor
calidad que supere las condiciones legales o marcos jurídico, las institucionalidades
débiles y una ciudadanía formada, consistente y con una cultura de participación
activa en benecio de la vida plena de todos los ciudadanos.
La prevalencia de intereses individuales y de grupos de elite por sobre los
intereses nacionales o de la sociedad en general, es un desafío permanente no solo
de la democracia misma, sino de cómo se gestiona el Estado y su institucionalidad.
La existencia de los poderes facticos y la competencia entre las élites políticas y
económicas han conllevado a crisis y conictos, que son cada vez más frecuentes.
No es que la democracia sea ingenua en el sentido de no estimar que en múltiples
ocasiones prevalecen intereses individuales por sobre los intereses comunes de la
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sociedad, pero en la medida que exista expansión de la ciudadanía, gestión ecaz del
gobierno y control sobre los recursos públicos se reduce el riesgo de que los temas
individuales o de grupos de interés adquieran relevancia, aumentando la posibilidad
de ampliar las políticas públicas y los recursos públicos hacia el interés común de la
sociedad.
La expansión de la ciudadanía para el desarrollo humano
La democracia ya no solo depende de que los ciudadanos ejerzan libremente
sus derechos políticos, sino que también participen activamente en los diferentes
ámbitos y etapas del quehacer público (Vallespín, 2000). Esto nos obliga a repensar
no solo en los nuevos roles que habrán de adoptarse en las instituciones básicas para
la organización política–administrativa del Estado, sino también a consolidar un
conjunto de condiciones sociales que permitan impulsar la construcción de nuevas
formas asociativas y de solidaridad social, acentuando la relevancia de la participación
ciudadana en la consolidación de las democracias más allá de las representativas.
El concepto de “ciudadanía” proviene etimológicamente del término latino
civitas, que signica ciudad, originariamente la unidad política más importante. Con el
acontecer del tiempo, la unidad política pasó a ser el Estado y comenzaron a utilizarse
las expresiones ciudadano y ciudadanía en el contexto de un Estado, nación o país.
La ciudadanía era la condición necesaria para que un individuo fuera reconocido
como miembro de una comunidad organizada, por lo que el término confería
reconocimiento, aceptación para poder expresar apreciaciones y consideraciones
sobre los diferentes aspectos de la vida pública, participar en los debates y decisiones
de la comunidad, poder votar en el proceso de elección de los representantes y ser
elegido para cargos de representación.
En denitiva, la ciudadanía proporcionaba el acceso a la participación en la
política de una comunidad. De ahí que los conceptos de ciudadanía y participación
se encuentren estrechamente unidos (García Escribano, 2018, p. 16). Por tanto,
el concepto de ciudadanía implica, identidad, pertenencia, participación; lo que
explica los modelos de ciudadanía: Liberal-Individualista, Cívica-Republicana y
Comunitarista.
La participación ciudadana ha estado debilitada por su ausencia en la toma
de decisiones públicas que orienten un desarrollo inclusivo y que favorezcan su
gobernanza. La participación ciudadana es un tipo de relación Sociedad/Estado que
implica una intención de incidencia de los actores sociales en los asuntos públicos,
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ya sea intercambiando información sobre preferencias, necesidades, propuestas
o soluciones sobre los problemas públicos, ya sea ejerciendo un recurso de poder
de decisión de manera directa o en conjunto con los actores estatales, o incluso,
interviniendo de manera colaborativa en la implementación de las decisiones públicas.
A pesar de que el término ciudadanía se conoce y se aplica desde la Grecia
clásica, no es hasta bien entrado el siglo XX cuando se trata de conceptualizar de forma
sistemática. El responsable fue T. H. Marshall (1950), que hizo una contribución
trascendental a las teorías de la ciudadanía al incluir los derechos sociales en la
denición de la ciudadanía moderna. Marshall (1997) escribió que la ciudadanía es
“un estatus que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad.
Todos los que poseen ese estatus son iguales en lo que se reere a los derechos y
deberes que implica” (p. 312).
Desde esta perspectiva, todas las personas de una comunidad política
determinada son iguales, son ciudadanos, porque disfrutan en la misma medida de un
conjunto de derechos civiles, políticos y sociales. Marshall propuso una secuencia de
la ampliación de los derechos de la ciudadanía: los derechos civiles (concedidos en el
siglo XVIII), los derechos políticos (siglo XIX) y los derechos sociales y económicos
(siglo XX), que los individuos han obtenido al ser reconocidos por el Estado, ente que
ha regulado legalmente estos derechos.
Como señala Horrach (2009), el “modelo liberal de ciudadanía, hegemónico
durante décadas, se caracteriza por defender la libertad, entendiéndose como la no
interferencia del Estado con respecto a la voluntad soberana del individuo. Desde
su perspectiva, la nalidad del Estado es puramente instrumental. Por otro lado, el
modelo de ciudadanía republicana ha ido adquiriendo más relevancia en la segunda
mitad del siglo XX. De todas formas, aunque se plantee como una alternativa al
citado liberalismo, no pocos autores consideran que es inevitable un acuerdo entre
una y otra opción, un modelo mixto. Enlaza con el republicanismo clásico, aunque
ha sabido adaptar en muchas ocasiones sus tesis a la modernidad. Sus autores más
representativos son Habermas, Hannah Arendt, J.G.A. Pocock, Quentin Skinner o
Philip Pettit” (p. 15).
Actualmente existe la falta de apropiación de los espacios locales destinados
al debate y la participación por parte de los ciudadanos, los alcaldes municipales
que fueron electos no logran tener una relación de representación y conanza con
el ciudadano, y más bien se basa en una relación particularista y clientelar que hace
que la gura del alcalde deje de ser un representante de los habitantes de la localidad,
y pase a ser un facilitador de las necesidades de la población local. Entonces se
pudiera pensar cómo llegar a tener un espacio más orientado a la construcción de
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una ciudadanía activa y participativa en los asuntos públicos y menos un espacio en
donde se canalizan demandas que pueden ser atendidas o no.
Hablar de ciudadanía y participación ciudadana está relacionado con el
ciudadano, con capacidad para hacerle frente a procesos de transformación tanto
nacional, como regional y local. Estamos hablando de actores que posicionan
propuestas alternativas para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de
paz, libertad y justicia social.
Ante el bajo nivel de participación ciudadana en el logro de los objetivos
del desarrollo humano en la gestión pública en niveles nacionales, regionales y
locales, así como la necesidad de más transparencia y vigilancia ciudadana de la
inversión pública y que en la mayoría de los casos en los municipios la participación
se queda meramente en la parte electoral y en la ejecución, administración y control
de proyectos, la participación ciudadana sólo se hace a nivel de consultas en la fase
de elaboración de los planes de desarrollo municipal, pero no en la ejecución de
los proyectos y menos en la toma de decisiones públicas que orienten un desarrollo
inclusivo en los municipios y fortalezcan la gobernanza.
En el proceso de la pérdida de credibilidad y de conanza en los sistemas
políticos y en las instituciones públicas, la ciudadanía aparece como una preocupación
en medio de dicho proceso que deslegitima todo lo público y pérdida de derechos
que hace que la población demande más justicia pero que la individualización de las
acciones en una sociedad que va perdiendo el sentido de pertenencia repercute en sus
derechos sociales y políticos.
La participación ciudadana es un tipo de relación Sociedad/Estado que implica
una intención de incidencia de los actores sociales en los asuntos públicos, ya sea
intercambiando información sobre preferencias, necesidades, propuestas o soluciones
sobre los problemas públicos, ya sea ejerciendo un recurso de poder de decisión de
manera directa o en conjunto con los actores estatales, o incluso, interviniendo de
manera colaborativa en la implementación de las decisiones públicas.
De acuerdo con Espinosa (2009, pp.97-98), en su artículo “La participación
ciudadana como una relación socio-estatal acotada por la concepción de democracia
y ciudadanía”, resalta que la ciudadanía es una construcción social, ya que nos remite
a un proceso que se encuentra fuertemente vinculado con el ejercicio y/o desarrollo
de procesos ubicados en tres dimensiones:
i)la civil, dimensión en que el objeto de la acción es la defensa de los derechos
de igualdad ante la ley, libertad de la persona, libertad de expresión, libertad
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de información, libertad de conciencia, de propiedad y de la libertad de suscribir
contratados;
ii)la política, dimensión en que el objeto de la acción está relacionado con el derecho
de asociación y con el derecho a participar en el poder político, tanto en forma
directa, por medio de la gestión gubernamental, como de manera indirecta, a través
del sufragio;
iii)la social, dimensión en que el objeto de la acción nos remite al conjunto de derechos
de bienestar (mínimos) y obligaciones sociales que permiten a todos los miembros
participar en forma equitativa de los niveles básicos de la vida de su comunidad.
Conforme a lo anterior, Espinosa (2009) concluye que hay tres elementos de
la participación ciudadana que resultan clave:
i) la ciudadanía, organizada o a título individual, debe asumir un rol activo y relevante;
ii) la participación debe producirse sobre cuestiones de carácter público, entendiendo
lo público como lo colectivo, más allá del marco institucional;
iii) a través de su participación, las personas han de incidir en la resolución de
problemas de naturaleza colectiva y, por tanto, también en los resultados, ya sea
aportando elementos de diagnóstico, planteando propuestas, tomando decisiones o
implementando soluciones.
Como se puede observar, este conjunto de derechos, mediante los que se
describe la ciudadanía, corresponden a un modelo ideal de relaciones sociopolíticas
que acotan los espacios de participación ciudadana.
Es importante resaltar que Espinosa (2009) considera importante distinguir
entre la participación ciudadana de la participación política porque “el conjunto
de actos y relaciones supuestas en el desarrollo de la primera no están enfocados
(exclusiva, ni fundamentalmente) a inuir en las decisiones y la estructura de poder del
sistema político. Es decir, aun cuando con el despliegue de estas prácticas ciudadanas
se busca incidir en la toma de decisiones que constituyen el orden de la política y de
las políticas, se diferencian sustancialmente de las actividades políticas porque el
conjunto de acciones, desplegadas desde este ámbito ciudadano, no pretende ser ni
constituirse en poder político, ni busca rivalizar con éste” (pp. 75-76).
Ahora bien, las prácticas relacionadas con estos procesos participativos
no sólo están ceñidas a dichos contornos, sino que también apuntan dinámicas y
maneras especícas de entender su sentido u orientación especíca. Por ejemplo, las
prácticas o estrategias ciudadanas pueden tener una dinámica autónoma (emerger
“exclusivamente” de los movimientos sociales y ser acciones reivindicativas de los
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derechos sociales, políticos y civiles) o caracterizarse por una dinámica dependiente,
esto es, corresponder más con un despliegue de estrategias paternalistas y clientelares
de la acción gubernamental, que tienen por objeto la procuración de una cierta
legitimidad política, así como el control del orden y el poder político, antes que el
fortalecimiento y construcción de una ciudadanía integral (Bayón, Bryan y Saraví,
1998, p. 84).
Los desafíos contemporáneos del Estado, la democracia y la ciudadanía
La transformación del Estado debería ser entendida como un proceso inminente
y permanente entendiendo que las sociedades y sus relaciones son dinámicas y que
las realidades sociales, económicas, culturales y ambientales son cambiantes. Esto se
debe, entre otros factores, a que, bajo el panorama actual de la gobernanza, en el nuevo
orden global, el Estado no debe y no puede poseer el monopolio del conocimiento,
la experiencia y los recursos necesarios para resolver por sí sólo los problemas y
obtener oportunidades ecientemente.
El Estado continúa siendo protagonista de la escena, teniendo, entre otros, los
siguientes desafíos que afrontar:
i) posibilitar un desarrollo económico sostenible e incluyente;
ii) superar la pobreza y la desigualdad;
iii) garantizar el acceso a la salud y educación pública con calidad;
iv) posibilitar una sociedad más justa y que permeabilice las demandas de los
ciudadanos;
v) facilitar la superación de la desafección y la apatía política;
vi) potenciar los efectos positivos y neutralizar los efectos negativos de la globalización;
vii) proteger los derechos humanos, viabilizando la construcción de una sociedad
multicultural y de integración.
Con relación a la democracia, Bitar (2019) plantea que América Latina debe
encarar cuatro mayores desafíos, los cuales están relacionados con desafíos políticos
institucionales, desafíos económicos, desafíos de cohesión social y desafíos culturales.
Entre ellos, Bitar señala una serie de aspectos como la crisis de representatividad
ya que desafía la gobernabilidad democrática. Asimismo, apunta a la realización
de reformas a n de encauzar institucionalmente las demandas sociales por mayor
igualdad y participación, adoptando políticas públicas relacionadas con nuevas
formas de participación y consulta, establecimiento de una institucionalidad amplia
e incluyente que promueva el dialogo social y reformas del Estado que permita
gobernar sociedades complejas.
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Conforme a lo anterior, Prats asevera que “la reforma del Estado tiende
hoy justamente en América Latina a plantearse en términos de gobernabilidad”. Lo
importante a destacar en Prats es que considera que sin gobernabilidad no puede
haber desarrollo y que la gobernabilidad depende fundamentalmente de la estructura
institucional formal e informal existente y de las capacidades o competencias de los
actores de la gobernación (p. 474).
El desarrollo global debe fundamentarse en un desarrollo sostenible, centrado
en las personas, equitativo y con protección social. Reconocemos que el crecimiento
económico y la creación de riqueza debería ser inclusiva, con acciones de políticas de
desarrollo centrado en la reducción de la pobreza, la protección ambiental, generación
de empleos dignos y calidad de vida para todos. De acuerdo con Salama (2014),
el desarrollo sostenible “impone un cambio en las relaciones del ser humano con
la naturaleza y en las relaciones entre los individuos en pos de una sociedad más
democrática e inclusiva “(p. 90).
Para Oriol Prats (2003), al existir gobernabilidad asociada con mayores
niveles de democracia y bienestar, serán las fórmulas democráticas las que mejor
canalicen las necesidades y las demandas ciudadanas y será en términos de bienestar
entendido como desarrollo humano que se juzgue la bondad de las políticas públicas.
(p. 250).
En relación con el gobierno abierto, es “aquel que entabla una constante
conversación con los ciudadanos con el n de escuchar lo que ellos dicen y solicitan,
que toma decisiones basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias,
que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los
servicios que presta, y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta
y transparente” (Calderón y Lorenzo, 2010, p. 11). El gobierno abierto es una
oportunidad de poder incidir a través de este hacia una participación ciudadana más
activa que pueda generar los cambios que la población demanda.
Cada vez más se observa a los ciudadanos menos identicados con el ideal
democrático, por lo que la renovación de la democracia debe ir acompañada de una
participación formada y consiente para evitar que en vez de fortalecer una verdadera
democracia deriven a gobiernos autocráticos en donde la concentración del poder
conlleva a una institucionalidad democrática débil que erosiona las libertades civiles.
Siguiendo a Pastor (2008), “la participación ciudadana no se plantea como alternativa
a las instituciones representativas, pero sí como complemento que facilita los procesos
decisivos, haciéndolos más transparentes, dándoles más legitimación, incluyendo
más puntos de vista e información y restituyendo la conanza de los ciudadanos en
sus instituciones” (p. 140).
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Por ello, la UNESCO (2018), plantea una educación para una ciudadanía
mundial, lo cual implica cuatro aspectos a considerar: i) una educación para los
derechos humanos, ii) una educación para la paz, iii) una educación para el desarrollo
sostenible y, iv) una educación para el entendimiento internacional. Formar y educar
para una interdependencia política, social y cultural entre las personas, requiere
articular lo local, lo nacional y lo global para la construcción de conocimientos y
sentidos comunes que nos permitan convivir en paz y bajo una justicia social (p. 8).
No hay duda de que se requiere un Estado que ampare los derechos humanos.
“Colocar los derechos humanos en la agenda pública y política puede abrir el camino
a la construcción de una verdadera democracia” (ONU, 2016, p. 355). Hay que
considerar que los derechos humanos en la región latinoamericana han sido muy
importantes en procesos democratizadores, en los cuales han servido para mostrar las
diferencias que existen entre regímenes y los derechos humanos como articulador de
la agenda política y cohesionador de las diversas tendencias de la sociedad civil hacia
la búsqueda de la democracia.
CONCLUSIÓN
Para concluir, consideramos que la inclusión equitativa puede conducir a
una democracia plena. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre lo económico,
social y medioambiental a n de superar los procesos de desarrollo geográco
desigual, la pobreza extrema, la precarización del empleo, las migraciones forzadas,
el desarraigo, el racismo, la xenofobia, la desigualdad y la violencia de género, entre
otros, desarrollando nuestra capacidad para enfrentar los cambios y construyendo una
sociedad de ciudadanía, con reconocimiento de igualdad de derechos, teniendo como
premisa fundamental, la vida misma.
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