Perspectivas del Desarrollo Perspectivas del Desarrollo
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Año 6/No 1/ Octubre, 2021
ISSN: 2414-8903 Línea
DEL SILENCIO DE LAS LENGUAS NATIVAS
A UN DESARROLLO RURAL TERRITORIAL
POLÍTICAMENTE RENOVADO E INCLUSIVO
NOEMÍ BORJAS
1
MARTA MAZIER
2
MARCIA VALLADARES
3
GERARDO LAGOS
4
Doctorandos en Ciencias del Desarrollo Humano,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
DOI: 10.5377/rpdd.v6i1.12433
Recibido: agosto, 2021 Aceptado: septiembre, 2021
AGRADECIMIENTO
Agradecemos la asesoría metodológica de la Doctora Margarita Oseguera y del
Doctor Mario Samper
INTRODUCCIÓN
E
ste artículo rescata los aportes del Foro Debate Contemporáneo del Desarrollo,
realizado en el mes de marzo de 2021 por el Doctorado en Ciencias del Desarrollo
Humano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Particularmente, se han
retomado los debates del Círculo de Desarrollo Rural en dicho foro, cuyo objetivo
fue facilitar una mejor comprensión de la naturaleza de los nuevos paradigmas y
procesos de desarrollo rural en la región latinoamericana y el Caribe.
1MSc. NOEMÍ BORJAS, Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras, noemi.rodriguez@unah.edu.
hn, Orcid: https://orcid.org/ 0000-0001-7606-7541.
2MSc. MARTA MAZIER, Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras, marta.mazier@gmail.com,
Orcid: https://orcid.org/ 0000-0002-2272-6756.
3MSc. MARCIA VALLADARES, Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras, marcia.valladares@
unah.edu.hn, Orcid: https://orcid.org/ 0000-0003-1291-4152.
4MSc. GERARDO LAGOS, Docente Universidad Nacional de Agricultura, gerardolagos85@yahoo.com, Orcid:
https://orcid.org/ 0000-0003-3282-8438.
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El artículo pone énfasis en la relevancia de las concepciones contemporáneas
del Desarrollo Rural Territorial (DRT), los retos que implica, y nalmente, los aspectos
que deben considerarse para su abordaje actual. Como eje transversal se coloca a la
gestión social como dinamizador del desarrollo rural destacando la legitimación de la
participación activa de los actores territoriales.
La discusión intenta abordar la pregunta: ¿Qué falta en la gestión social
territorial para lograr efectividad en el desarrollo rural en América Latina y el Caribe, y
de manera particular, en los territorios de los pueblos originarios y afrodescendientes?
Se analiza el DRT desde una perspectiva integradora y sistémica, para
nalizar con la propuesta de aspectos a considerar en la gestión social del desarrollo
rural territorial en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ante el
nuevo contexto mediado por la pandemia del SARV- COV-19, con sus impactos
económicos y sociales sobre el medio rural, sus implicaciones para la interacción
rural-urbana y su interconexión con tendencias históricas o emergentes en las
sociedades latinoamericanas.
1.El desarrollo rural territorial a partir de las concepciones contemporáneas de
la nueva ruralidad
El desarrollo rural con enfoque territorial toma relevancia al considerar
en esta perspectiva la importancia del vínculo entre las interacciones humanas,
institucionales, productivas y ambientales en la búsqueda de un desarrollo sostenible,
integral y multidimensional. De manera general, este enfoque se fundamenta en los
derechos humanos y en la construcción de condiciones, capacidades y oportunidades
para acceder a ellos y ejercerlos efectivamente. Y dada la relevancia de las identidades
colectivas y sentido de pertenencia en la construcción histórica de territorios y
territorialidades, el desarrollo rural territorial se arraiga en la cultura de los pueblos y
busca garantizar estados de buen vivir que legitimen la construcción de un desarrollo
rural participativo e inclusivo.
Sen (2000) señala que el bienestar es el estado en que los individuos tienen
la capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar, y
esta capacidad está determinada por una diversidad de libertades instrumentales. La
pregunta que surge es ¿qué tipo de vida se valora? aquella en la que la población
disfrute de la capacidad para mantenerse en una buena condición física, minimizar
la preocupación por la salud y garantizar el acceso a atención sanitaria; una vida
con los medios de sustento asegurados y adecuados, sucientes alimentos y agua
limpia en todo momento, alojamiento, vestido, acceso a energía para calefacción
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y acondicionamiento de aire y acceso a bienes naturales como los océanos, la
biodiversidad, los desiertos y montañas; el suelo y subsuelo; el material genético
encerrado en la naturaleza y las semillas, entre otros. Se valora más la vida cuando se
tiene acceso a recursos naturales y de otro tipo y se está libre de violencia, actividades
delictivas y guerras, así como seguridad frente a catástrofes naturales y las provocadas
por la actividad humana. Estos aspectos evidencian la intencionalidad de asirse al
concepto de libertades de Sen para profundizar sobre la teoría del desarrollo rural.
Abordar la noción del desarrollo rural territorial induce a pensar en las
convergencias, diferencias y puntos de inexión producto de la coexistencia de
antiguas y nuevas formas de producción, la presencia de construcciones sociales
mediadas por la cultura e identidad de las poblaciones campesinas e indígenas, su
vínculo con el ambiente y la cosmovisión del desarrollo.
El desarrollo rural territorial reere el conjunto de acciones, prácticas y
disposiciones que intentan mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales
en aspectos económicos, educativos, de salud, de infraestructura, ambientales y
culturales, incrementando las posibilidades de garantizar su reproducción social
y potenciar el talento humano. En esta red estratégica de relaciones, las familias
agricultoras campesinas se constituyen en actores relevantes como agentes autónomos
que dominan técnicas y toman decisiones sobre su modo de vivir, en un espacio que
respeta su identidad cultural. Además de las familias campesinas, otros habitantes
y actores rurales, como los migrantes, miembros de las comunidades originarias y
afrodescendientes que no necesariamente se autodenominen campesinos agricultores
también son esenciales.
Es desde ahí que se hace gestión y control de los procesos. La persona humana
no puede concebirse como insumo, sino como el sujeto capaz de controlar y trazar
sus propias alternativas de vida, no simplemente como la capacidad mecánica que
le impulsará a generar ingresos. London & Formichella (2006) sostienen que visto
así el sujeto- agente, tiene similitud con la palabra griega δύναμις, dunamin utilizada
por Aristóteles en el análisis de las características humanas y que se traduce como la
capacidad de existir o actuar.
Al considerar que el desarrollo es una extensión de las libertades reales que
disfrutan los seres humanos, Sen nos invita a reexionar sobre la eliminación de las
principales fuentes de privación de la libertad: la pobreza, la tiranía, la escasez de
oportunidades económicas, las privaciones sociales sistémicas, el abandono de los
servicios públicos y la intolerancia o exceso de intervención de los Estados represivos.
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Este planteamiento teórico sobre el desarrollo fundamenta los siguientes tipos
de libertad: libertad política, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las
garantías de transparencia y la seguridad protectora. Considera a dichas libertades
como derechos que permiten una mejora en las capacidades de las personas. Entre
los argumentos que fundamentan el análisis del desarrollo desde la perspectiva de
las libertades está su importancia intrínseca, su trascendental contribución a dar
incentivos políticos para proporcionar seguridad económica, y su papel constructivista
en la génesis de valores y prioridades. Sen considera que el desarrollo consiste en
la eliminación de algunos tipos de ausencias de libertad que dejan a los individuos
pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer el ejercicio de sus libertades.
En esencia, la tesis de Sen tiene que ver con la libertad individual como
compromiso social. La expansión de la libertad es el n primordial y, a la vez, el medio
principal del desarrollo. La primera premisa está relacionada con la importancia de
las libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana y adopta
el papel constitutivo y la segunda que toma el papel instrumental de la libertad, se
reere a la forma en que los diferentes tipos de derechos y oportunidades contribuyen
a expandir la libertad. En este sentido, aumentar las oportunidades reales que tienen
las personas para mejorar sus vidas está estrechamente ligado a la calidad del medio
ambiente y a la sostenibilidad de los servicios proporcionados por los ecosistemas.
Desde las nuevas perspectivas del desarrollo territorial según el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, es fundamental el involucramiento del nivel
local como fuerza para impulsar un desarrollo humano más efectivo. Los territorios
y las instituciones locales deberían ir más allá de la provisión de servicios y jugar un
rol de actor del desarrollo para lograr resultados sostenibles. A través del enfoque
territorial del desarrollo, diferentes instituciones locales y actores trabajan juntos
para denir estrategias de desarrollo que reejen una amplia variedad de intereses y
prioridades a nivel local (PNUD, 2021).
En esta nueva perspectiva de desarrollo territorial como un proceso, recobra
vida la multiplicidad de elementos que en él subyacen. Entre otros, el Estado con
sus políticas públicas para el desarrollo rural y para la planicación del desarrollo
nacional o regional; las sinergias actuales o potenciales entre los actores territoriales
en la construcción de proyectos de futuro para el desarrollo de sus territorios, y el
papel del mercado y del vínculo rural-urbano, implícito en este proceso. Por otra
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parte, en este enfoque se hace efectiva la apropiación social del espacio y sus partes
de una manera integrada, en un entramado en el que se reconoce y respeta el ejercicio
de los derechos de la población a la libertad de decisión, el cuidado y acceso a los
recursos naturales, y su identidad cultural.
Es imprescindible realizar el análisis del desarrollo rural a partir del respeto
de las características particulares del territorio. Para los pueblos originarios, su
territorio es el espacio reproductor de cultura y donde se ejerce su autonomía, una
cosmovisión con esencia espiritual, muy ligada a la naturaleza; por ejemplo, el mar
para los pueblos garífunas del Caribe centroamericano, y el bosque para los misquitos
en Nicaragua y Honduras.
Los pueblos originarios se sienten parte del universo, una unidad que Martucelli
(2006) llama territorialidad indivisible y cosmogónica de ahí que su planicación
territorial diere totalmente de la visión occidental. Según los fundamentos de este
autor, los pueblos originarios dimensionan el territorio a partir de la imaginación de
sus sentidos, hasta donde la capacidad física le permite la explotación del medio y
su sustento. Se trata del espacio que han compartido sus antepasados, el lugar que
forma parte de su identidad y espíritu colectivo. Pero es también el espacio que les
proporciona todo lo indispensable para sobrevivir como pueblos.
Y es desde esta perspectiva que la visión occidental se aleja de la cosmovisión
de los pueblos originarios considerando que, aunque el enfoque territorial del
desarrollo rural nace en Europa a principios de la última década del siglo pasado “la
aplicación del modelo europeo trae sus dicultades, al no entrar a interpretar el sentir
de las comunidades que habitan el territorio, especialmente las etnias indígenas,
quienes ocupan de manera afortunada gran parte del mismo, que son consideradas
reservas ecosistémicas” (Agredo, 2006). Este paradigma requiere de nuevas
interpretaciones y metodologías innovadoras respecto a los derechos territoriales de
los pueblos originarios y afrodescendientes, considerando la particular naturaleza de
Latinoamérica y el Caribe, región que presenta realidades muy diferentes del occidente
en dimensiones relevantes como la cultura, biodiversidad, la sociolingüística, política
y economía.
1.1 El territorio como noción ampliada
La problemática que enfrenta Latinoamérica y el Caribe ha surgido, en una
dimensión muy importante, por las desigualdades inter e intra territoriales y en la
distribución del ingreso dentro de los países de la región y su consecuente brecha
en el nivel de desarrollo entre los territorios. Las diferencias producidas por estas
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enormes desigualdades, que representan fundamentales rasgos estructurales, afectan
las condiciones de vida e ingresos necesarios para alcanzar el bienestar por parte
de la población rural. Esta estructura ha marcado patrones de asentamiento desde
lo urbano hasta lo rural profundo, que dan lugar a territorios con dinámicas en las
que sí es posible el desarrollo, pero también territorios que permanecen atrapados
en profundos niveles de pobreza. Entre principios de siglo y 2019, la pobreza en
general, y la pobreza rural en particular, se redujo de manera importante en algunos
países como Brasil, sin que la desigualdad disminuyera de manera muy signicativa
en algunos países se redujo ligeramente, en otros se mantuvo y en ciertos países como
Costa Rica, más bien aumentó. (CEPAL, 2016)
Al establecer comparaciones entre los territorios como distribuciones
administrativas mayores, según PIB per cápita al interior de cada país a nivel
mundial, la región latinoamericana presenta las diferencias más altas. Ello contrasta
con la diferencia en el PIB per cápita en países pertenecientes a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que en promedio es de 1,76 y en algunos
países de la región es superior a 8. Por ejemplo, la región más rica en Brasil es el
Distrito Federal con 9.2 puntos sobre el Estado de Puauí, la región más pobre de ese
país. Este análisis se ha realizado sobre la base de dos indicadores; por una parte se
ha considerado el coeciente de concentración territorial (que mide la distribución
territorial de la actividad económica) y el coeciente de Gini territorial (que mide
la distribución de la riqueza relacionando el PIB total de cada territorio con la
participación relativa de su supercie geográca). (CEPAL, 2016)
El territorio puede ser considerado uno de los ejes estructurantes de las
desigualdades sociales, porque tiene un peso determinante sobre la magnitud
y reproducción de éstas en distintos ámbitos del desarrollo social. Como se ha
planteado, “el lugar de nacimiento o residencia determina oportunidades y condiciones
socioeconómicas, incide en la realización de los derechos políticos, económicos y
sociales y puede ser una fuente de discriminación en sí, como pueden ser el género,
la raza o la religión” (ILPES, 2012, pág.12). Es precisamente en el territorio donde
se cristalizan, conectan y entrecruzan las desigualdades sociales analizadas en los
temas anteriores y donde ocurre la reproducción intergeneracional de la pobreza.
(CEPAL, 2016).Toda persona, independientemente del lugar donde nazca o resida,
debe contar con las condiciones de vida y de bienestar que satisfagan sus derechos
universales para garantizar su dignidad, su plena realización y el real y efectivo
ejercicio de su ciudadanía, lo cual solo será posible en la medida en que haya igualdad
de oportunidades.
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La desigualdad, como producto de la reducción de ingresos de los hogares y
el aumento de la participación del factor trabajo en el PIB han sido muy signicativos
en la región latinoamericana a partir del comienzo de la década de 2000. Sin embargo,
según cifras de la CEPAL, en los últimos años esta situación ha disminuido. En
los casos particulares de Chile, México y Uruguay, se ha presentado una mayor
concentración de la riqueza que de los ingresos de los hogares. (CEPAL, 2016)
América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo,
con niveles de pobreza aún signicativos y con amplios sectores que, si bien han
superado las líneas de pobreza y extrema pobreza son cada vez más vulnerables
en el campo, al incremento de la variabilidad climática, a la extracción de recursos
naturales y mineros, etc. En el caso muy particular de Honduras, según datos ociales
del INE en junio de 2018 la pobreza alcanzaba a un 39,2% de los hogares, porcentaje
que en el área rural era de 46,2%, en comparación con el área urbana donde era
33,8%.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sintetiza las ambiciones de
futuro para una humanidad con desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) incluyen poner n a la pobreza y el hambre en todo el mundo;
combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos; construir sociedades
pacícas, justas e inclusivas; proteger los derechos humanos y promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y garantizar una
protección duradera del planeta y sus recursos naturales… (ONU, 2015)
La pobreza, éticamente intolerable y políticamente inaceptable, reeja
la incapacidad de las propuestas de desarrollo para superar las inequidades y los
desequilibrios. Con dicultad se abonará credibilidad a los propósitos de fomentar
los valores y las instituciones democráticas en las Américas si prevalecen amplios
sectores de la población excluidos de los benecios del desarrollo. La sociedad, los
gobiernos y la comunidad internacional deberían, como han acordado, atender la
situación de pobreza, especialmente de la extrema pobreza, brindar oportunidades
reales de acceso a las herramientas y espacios de la producción y del comercio para
enfrentar, la superación de esta situación. Se trata de disminuir las disparidades
económicas y sociales, favorecer el desarrollo de las capacidades humanas, de tal
manera que las desigualdades alcancen rangos aceptables a la condición humana.
(IICA, 1999)
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En esta construcción de desarrollo sostenible, el territorio es protagonista.
Según Samper y González el concepto de territorio es polisémico “y ha generado
reexiones y debates en torno a las políticas públicas y los procesos territoriales”.
Se aclara con base en lo anterior, que en este documento el territorio se entenderá
como una comunidad humana con sentido de apropiación y de pertenencia hacia un
espacio natural y social especíco. Por otra parte, hacer territorio signica construir
este sentido de apropiación y de pertenencia, e implica armonizar las expectativas y
necesidades del individuo con las del colectivo humano y su espacio natural y social
de realización (Samper & González, 2021)
Se ha abordado la noción de igualdad como condicionante del desarrollo
territorial para enlazar el segundo criterio, la sostenibilidad, que del mismo
modo que la igualdad, equidad e inclusión están en el centro de la denición de
desarrollo en América Latina y el Caribe. La sostenibilidad subraya la importancia
de procesos duraderos en el tiempo. Retomando los criterios anteriores y frente al
modelo de desarrollo vigente, así como de las actuales relaciones entre estructuras e
instituciones, podríamos preguntarnos ¿hasta dónde puede la región latinoamericana
avanzar sustancialmente hacia una mayor igualdad, equidad e inclusión? La pregunta
por el futuro del desarrollo es, también, la pregunta por su sostenibilidad en distintas
dimensiones: política, económica, cultural, social y ambiental.
Un territorio no es solamente un espacio físico sino una construcción histórica
y es también social con una identidad cultural propia. Y es desde esta perspectiva que
la visión occidental se aleja de la cosmovisión de los pueblos originarios en el sentido
que “la aplicación del modelo europeo trae sus dicultades al interpretar el sentir de
las comunidades que habitan el territorio, especialmente las etnias indígenas, quienes
ocupan de manera afortunada gran parte del mismo, que son consideradas reservas
ecosistémicas”. (Agredo, 2006).
Estos constructos que se originan en las formas de vida compartida con sus
antepasados permitiendo la formación de su identidad -multidimensional-y espíritu
colectivo, son también los espacios que les proporcionan recursos indispensables
para sobrevivir como pueblos. Los pueblos originarios dimensionan el territorio a
partir de la imaginación de sus sentidos, hasta donde la capacidad física le permite la
explotación del medio y su sustento. (Martucelli, 2006)
En las nuevas narrativas sobre territorios, sobresalen las que nacen casi de
manera natural desde su interior y dan cuenta de que ya no se trata solamente de
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espacios de producción de riqueza, sino también de las expresiones socioculturales de
los pueblos, sus creencias, instituciones, bienestar espiritual y su relación particular
con la naturaleza que nutren al desarrollo rural. En el caso particular de los territorios
indígenas, estos son conocidos como áreas poseídas en forma regular y permanente
por los pueblos originarios, constituyen su hábitat o el ámbito tradicional en donde
realizan sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales, así
otros grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho territorio (Agredo, 2006). Es
decir que el arraigo con el territorio que tienen los pueblos originarios va más allá de
la concepción material; desde su visión, la ocupación del territorio se constituye en la
integralidad ser humano-cosmos.
La base de la supervivencia física y cultural de los pueblos originarios radica
en el reconocimiento legal y la demarcación de su territorio, lo cual se constituye
en un derecho humano contemplado en el Convenio No.169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), como garante del reconocimiento de sus derechos
sobre las tierras y los recursos naturales. Este derecho se ve afectado por situaciones
desequilibrantes de orden público, político administrativo, estrategias de gobierno,
intervención extranjera, apertura económica, globalización, entre otros. Los pueblos
originarios tienen derechos que se articulan alrededor de varias dimensiones entre las
que tienen mayor relevancia el derecho al uso y la propiedad, acceso, uso y control
de las tierras, territorios y recursos naturales, el derecho al desarrollo y al bienestar,
el derecho a la integridad cultural, entre otros. (CEPAL, 2016)
1.2 La nueva ruralidad: su contribución al desarrollo territorial
Los planteamientos latinoamericanos sobre la Nueva Ruralidad siguen
vigentes y han cobrado mayor pertinencia, hoy más que nunca. Pese a ello, los
debates actuales rebasan estos enfoques y se orientan hacia el abordaje sistémico no
solamente de la ruralidad sino también de la territorialidad y los territorios.
Los conceptos de territorio y territorialidad no son singulares sino plurales;
hay distintas maneras de comprenderlos y su denición no puede ser solamente una
normativa técnica o académica. Además de su carácter polisémico, estos conceptos
son también multiescalares. La multiescalaridad, desde la perspectiva del enfoque
territorial y con mayor razón si es sistémico, puede estar asociada a diversos tipos
de territorios y territorialidades, que no necesariamente han de ajustarse a la división
político-administrativa. La planicación regional suele obedecer a regionalizaciones
variables en el tiempo que si bien pueden agrupar Estados o departamentos o
provincias, son una instancia intermedia entre ellos y los gobiernos centrales, y
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no son propiamente divisiones político-administrativas. También hay territorios y
territorialidades que no son zonales, sino reticulares, es decir que no corresponden a
determinados espacios, sino a dinámicas de redes. Por otra parte, están las regiones
o territorios funcionales, ya sea que se denan en términos socioeconómicos o
abordando un conjunto más amplio de interacciones rural-urbanas y funcionalidades,
y que rara vez coinciden con entidades territoriales político-administrativas.
El territorio como concepto requiere un análisis interdisciplinario en el
que conuyan las ciencias sociales, las ciencias naturales y las humanidades como
la antropología, la sociología, el arte, la historia, la geografía, la agroecología, la
economía, y la agroeconomía, las ciencias políticas y la psicología social, la losofía,
la sociolinguística y el pensamiento sistémico, etc. áreas del conocimiento que están
asociadas con los procesos transformadores de las sociedades. Aunque en sus inicios,
más de sesenta años atrás, esta conceptualización se demarcaba dentro de los límites
jurisdiccionales, hoy día, al extenderse hacia la dimensión social, el territorio se ha
nutrido de múltiples signicados.
Particularmente, el signicado de autonomía desde la visión de los pueblos
indígenas en el territorio se fundamenta en el principio de autodeterminación, el
cual es comprendido desde la responsabilidad que implica en cuanto pertenencia.
Este concepto de autonomía respecto al espacio territorial de los pueblos originarios
se evidencia, por ejemplo, en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de
Nicaragua.
En la innovación del desarrollo rural de la región latinoamericana sobresalen
los territorios que tienen una justa distribución de la riqueza natural, contraria a
aquellas donde prevalecen acciones enfocadas en el extractivismo, despojando al
territorio de los recursos y a la población de lograr mejores niveles de desarrollo
basados en la sostenibilidad. Sassen (2007) pone en evidencia que el extractivismo no
supone solamente el despojo de recursos naturales, sino que se ejerce también sobre
una diversidad de seres humanos a través de los procesos intensivos de urbanización,
la masicación del capital tecnológico y la acumulación nanciera monopólica.
1.3 La forestería comunitaria: indispensable para el desarrollo rural
Latinoamérica, a pesar de aglomerar solamente 8,5% de la población mundial,
está dotada de una invaluable riqueza de recursos naturales. El cuidado y preservación
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de la tierra se constituye en un reto muy urgente considerando que se convierte en
una clara oportunidad para la erradicación del hambre (FAO, 2015). En el mundo
hay alrededor de 842 millones de personas que no tienen lo suciente para comer.
Frente a esta realidad, cuatro países latinoamericanos -Argentina, Bolivia, Brasil y
Colombia- concentran 2.076 millones de hectáreas cultivables, o 12% de las tierras
aptas para la agricultura. Un informe reciente del Programa de las Nacionales Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que la región dispone de las más grandes
reservas de tierra cultivable del mundo. En el caso particular de Honduras, se estima
que existen 3 millones de personas viviendo en suelos de vocación forestal, y que se
dedican a la realización de prácticas agrícolas de subsistencia.
Sumado a lo anterior, 23 % de los bosques del planeta se ubican en Latinoamérica
y el Caribe y de éstos, 46% son bosques tropicales. Los bosques latinoamericanos
son refugio de diversas especies, proveedores de aire puro a la vez que producen
y purican el agua, regulan el clima, la temperatura, captan la lluvia y son grandes
asimiladores de dióxido de carbono. Los bosques tropicales, selva húmeda o selva
alta perennifolia protegen los suelos contra la erosión, y “los suelos saludables son
la base de la agricultura, además de que son reservorios de la biodiversidad y forman
parte del ciclo de carbono, por lo que es necesario cuidarlos para mitigar y enfrentar
el cambio climático” (FAO, 2015). Además de poseer una importante cantidad de
bosques, el 17% de las pasturas del mundo y un 19% del potencial hidroeléctrico
mundial, Latinoamérica cuenta con el 31% del agua de escorrentía. (CEPAL, 2014 ).
Para las zonas rurales donde se presentan problemas de escasez de agua y altas
temperaturas producto del cambio climático y la baja humedad atmosférica, los
sistemas de captación de escorrentía podrían convertirse en una alternativa para
enfrentar las dicultades derivadas de la irregularidad de las lluvias, y de la falta
de agua en la estación seca. En el Corredor Seco que atraviesa casi todos los países
centroamericanos, por ejemplo, la disponibilidad de agua se reduce considerablemente
durante la estación seca, lo que expone la vida de la población. (CATIE, 2018)
Así, el planteamiento sobre la forestería comunitaria es un modelo de gestión
sostenible a partir de las condiciones actuales de América Latina en cuanto a las tierras
arables, los bosques, el agua de escorrentía y el potencial hidroeléctrico. Durante
40 años del manejo forestal comunitario se ha transitado de la experimentación y
desarrollo de conocimientos a la sistematización de experiencias, y se perla como
una de las alternativas para afrontar los retos de la crisis actual. Sin embargo, estas
naciones enfrentan dos problemas: la tecnicación y el uso inapropiado de los
terrenos. Los bosques se pierden a un ritmo del 0.7% anual; las zonas áridas cubren
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un 22% de la supercie de la región y se corre el riesgo de la desaparición de entre
100 000 a 450 000 especies, de continuar con las crecientes tasas de deforestación.
Al no ser un recurso renovable, la preservación de los suelos supone un reto
muy urgente ya que “un centímetro de suelo puede demorar mil años para formarse y
este mismo centímetro puede ser destruido en solamente algunos minutos por causa
de degradación debido a un mal manejo”. (FAO, 2014, pág. s/f) Desafortunadamente,
la degradación del suelo está amenazando la mayoría de este recurso. Este fenómeno
tiene un impacto negativo en muchas de sus funciones críticas para la producción de
alimentos y la provisión de servicios ecosistémicos. Sus principales causas incluyen
la erosión hídrica, la aplicación intensa de agroquímicos y la deforestación.
La degradación también está asociada con la pobreza: Un 40% de las tierras
más degradadas del mundo están en zonas con elevadas tasas de pobreza. Los
agricultores pobres tienen un menor acceso a la tierra y al agua, trabajando suelos de
mala calidad y con una alta vulnerabilidad a la degradación.
La región latinoamericana mostró una leve mejoría a nivel económico en los
años 70, debido en alguna medida, a las gestiones realizadas a través de la asistencia al
manejo forestal comunitario basado en experiencias y conocimientos de la población
local. Estas gestiones podrían constituirse en una de las posibles alternativas para la
gestión concentrada en la gobernanza de los recursos naturales, mejorando su ecacia
y enlazando los territorios.
1.4 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco orientador en el abordaje
de la problemática actual del desarrollo rural territorial
Tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la Agenda 2030 se
constituyen en una oportunidad para abrir diálogos entre los gobiernos, las empresas
y las organizaciones sociales y establecer puentes que se aproximen a la atención
oportuna de la multidimensionalidad de la compleja problemática actual de los
territorios, especialmente de los que se encuentran en menor escala de desarrollo.
En la medida en que los diferentes actores involucrados en el desarrollo
rural territorial como instancias públicas, academia, sector privado, cooperación
internacional y sociedad civil establezcan sinergias de actuación se facilitará el
cumplimiento de las metas comunes que corresponden a los ODS particularizados
para cada territorio y hacer frente a los retos económicos, ambientales y políticos que
esto conlleva.
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Se debe considerar, en el abordaje del desarrollo rural territorial, el nuevo
contexto mediado por los efectos e impactos de la pandemia SARS-CoV-2
(Covid-19) que afecta con mayor profundidad a territorios rurales en condiciones
de vulnerabilidad. En este nuevo contexto, la limitada capacidad de respuesta ha
evidenciado la fragilidad del sistema de protección social de los países de América
Latina y el Caribe. Esta situación se agrava aún más por cuanto la región se caracteriza
por tener “mercados laborales segmentados reproductores de desigualdades al
incentivar la producción de negocios muy pequeños y poco productivos” (PNUD,
2021).
Este escenario, que pone al descubierto la alta desigualdad y el bajo crecimiento
en la región, se convierte en una especie de trampa que obstruye la aproximación al
desarrollo humano. Por consiguiente, el establecimiento de asociaciones inclusivas
desde lo territorial puede contribuir al cumplimiento de programas de desarrollo cuya
visión se oriente en función de facilitar a todos el acceso a sistemas de protección
social y a más y mejores oportunidades laborales.
2.Retos actuales del desarrollo rural
En América Latina y el Caribe se ha promovido un enfoque de desarrollo rural
basado en la apuesta por la modernización del agro, priorizando al sector campesino de
pequeña y mediana explotación. Se ha visto más como una geografía con condiciones
edafoclimáticas y atendiendo a un modelo agroexportador que considera el mercado
como el principal fundamento donde la participación de los productores y por ende
la generación del ingreso económico es capaz de revitalizar estos espacios rurales
(Berdegué y Favareto 2019).
Con la creciente preocupación institucional por el ambiente, las políticas
públicas han dado un giro a partir de la cumbre de Naciones Unidas celebrada en
Estocolmo en 1972; el informe Los Límites del Crecimiento del Club de Roma
de ese año, hace un quiebre en la forma de abordar el desarrollo que se consolida
con la publicación de la Comisión Brundtland donde aparece ya el concepto de
desarrollo sostenible con enfoques como la forestería comunitaria y prácticas como
la agricultura agroecológica que apuestan por una agricultura más respetuosa de los
recursos naturales.
En el enfoque del DTR cobran importancia, además del Estado y el mercado,
los actores territoriales y el tejido social que en torno a sus relaciones se entrelazan en
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el territorio y de éste con otros; es decir, interterritorialidad. Se reconoce la diversidad
de la economía rural, valorando las sinergias entre las actividades agrícolas, el empleo
rural no agrícola (ERNA) y la función social que prestan los espacios naturales
protegidos y sitios de interés cultural para la promoción del turismo, incidiendo en
la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento de las capacidades y los activos
dentro de los territorios (CEPAL 2019).
Cada territorio debe construir una estrategia de desarrollo basada en una visión
conjunta, en la cosmovisión de los pueblos originarios y de otros actores sociales,
políticos e institucionales, construida desde lo endógeno, hacia la cual converjan
actores cooperantes, que a través de sus recursos podrán sumar esfuerzos respetando
y consultando su futuro imaginado. En tal sentido, las políticas públicas deben ser
inter sectoriales y sectoriales, las primeras por las relaciones entre territorios dado
que promueven las dinámicas interterritoriales y las últimas por aquellos sectores
que seguirán cumpliendo funciones en cuanto a tales, educativas, de salud pública,
agrícolas, etc., (Berdegué y Favareto 2019), aunque pueden y deben articularse con
otras como las políticas lingüísticas, culturales y con iniciativas territoriales.
El desarrollo rural territorial presenta ciertos desafíos como producto del
nuevo escenario en el que el cambio climático, la crisis económica y la pandemia
SARS-Cov2 (Covid-19) actúan obstaculizando el buen vivir de los pueblos.
Se vislumbran dos concepciones sobre los desafíos en el medio rural: aquellas
que tradicionalmente responden a infraestructuras o servicios que históricamente han
demandado la población en el medio rural y que en países desarrollados ya no es reto,
y las que han surgido a raíz de la pandemia de la SARS-Cov 2 (COVID-19) como una
necesidad ante el distanciamiento que exige la crisis sanitaria, incluye el teletrabajo,
la telemedicina, registro de datos digitalizados en agricultura, uso de drones, etc., que
exigen a la población rural la actualización en el uso de tecnologías de información
y comunicación, así como de equipos especializados para estos procesos frente a la
necesidad de subsistir. La no cultura digital de muchos pueblos latinoamericanos
como Honduras es un reto no solo para las zonas rurales, sino para toda la población
que debe alfabetizarse en esta nueva realidad para los procesos de desarrollo.
2.1 Desarrollo territorial rural desde la participación y consulta de actores
Con el enfoque de DRT la dimensión económica y de transformación
productiva ha sido potenciada en países como Honduras, El Salvador y Nicaragua, y
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constituye una alternativa para la puesta en ejecución de políticas públicas de lucha
contra la pobreza rural y exclusión social potenciando la diversicación agropecuaria.
Sin embargo, la participación de grupos vulnerables y pueblos originarios no ha sido
motivada desde el Estado, el cual desde 1980 paulatinamente ha tercerizado su apoyo
al agro ante la incorporación de medidas de ajuste estructural de la economía (CEPAL
2019). Muchas organizaciones de la sociedad civil se han constituido en defensores
de los pueblos originarios y afrodescendientes que incluyen unidades técnicas con
enfoque territorial como la MAMUGAH, la ONILH, OFRANEH y otras similares, a
través de las cuales el apoyo ha continuado con mayor intensidad en los últimos años.
El DRT es un proceso que requiere de la participación y la consulta de todos
los involucrados para coincidir en la visión imaginada del territorio, respetando la
diversidad étnica, cultural y espiritual. Debe tener presente que pueblos originarios
son fragmentados por las divisiones políticas y administrativas establecidas por las
comunas y mancomunidades; en tal sentido, conviene apostar por políticas públicas
supra nacionales que permitan el abordaje a dichos espacios territoriales. No obstante,
el empoderamiento de los actores locales que han participado a lo largo de los
proyectos y programas ejecutados en el medio rural no ha sido el deseado, bien por
falta de un acompañamiento institucional a largo plazo o porque no se ha motivado la
participación y los proyectos no obedecen a la priorización de sus necesidades.
2.1.1 Relevancia de los actores territoriales en procesos de desarrollo rural
De acuerdo con Bouckaert et al. (2010), hay tres formas principales de
coordinación entre actores: las clásicas, apoyadas en instrumentos de tipo comando
y control y en la jerarquía; las basadas en incentivos para que los actores cooperen;
y las que se apoyan en la adhesión voluntaria de los actores a partir de mecanismos
de formación de redes de complementariedad. Por lo general se espera lograr una
coordinación voluntaria, en red, pero esto requiere de una identicación entre actores
y la iniciativa propuesta.
Por otra parte, dentro de las posibilidades de empoderar a los actores
territoriales que históricamente han estado excluidos, como los pueblos originarios,
se debe potenciar a través del fortalecimiento de sus capacidades institucionales,
organizacionales, de grupos y también individuales de quienes participan y toman
decisiones en los territorios, siendo necesario la implementación de programas
formativos.
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La inserción o empoderamiento de actores territoriales requiere de formación
acorde con las necesidades identicadas para luego concertar y permitir el intercambio
de experiencias exitosas a través de la implementación de planes, programas y
proyectos.
2.1.2 Las capacidades técnicas y políticas en los actores rurales
Como señalan Pires y Gomide (2013), las capacidades técnicas son importantes
para introducir nuevos contenidos en la acción pública, y las capacidades políticas
son fundamentales para que esa innovación tenga un alcance masivo. Si se movilizan
exclusivamente capacidades técnicas, sin las capacidades políticas, las innovaciones
se quedan localizadas, aisladas, limitadas a contextos acotados. Son necesarias las
capacidades políticas para tener la fuerza de cambiar los marcos generales y alzar
dichas innovaciones a un nivel de cambio en las reglas del juego que organizan las
interacciones entre los actores de un territorio y de múltiples territorios en cada país.
La capacidad política es necesaria para el escalamiento vertical (a través de políticas,
programas, etc.) y también para facilitar el escalamiento horizontal de innovaciones,
en este caso de gestión social del Desarrollo Territorial.
El fortalecimiento y capacidad de diálogo entre actores territoriales es crucial,
y también es preciso mejorar la capacidad de negociación y mediación de conictos.
Los gobiernos locales, mancomunidades, pueblos originarios y vulnerables, redes
y sociedad civil, empresas privadas y cooperativas la requieren para gestionar los
diferentes intereses existentes y la discusión de diversas agendas, logrando consensos
y así evitar que haya captura por intereses especícos.
Es fundamental fortalecer el diálogo y lograr que todos los actores territoriales
puedan llegar a consensos donde grupos de campesinos, gobiernos locales, grupos
indígenas y mancomunidades, entre otras instancias u organizaciones, puedan
involucrarse para la gestión y ejecución de planes, programas y proyectos a corto,
mediano y largo plazo.
Se requiere de arreglos institucionales compatibles con la legislación que
gobierna los recursos públicos en los países, que permitan que los actores territoriales
no solo sean consultados y puedan aconsejar o proponer (o presionar), sino que puedan
decidir, en ese proceso de territorialización de las políticas públicas, ser responsables
de la asignación y uso de fondos públicos (Berdegué y Favareto, 2019). Por lo tanto,
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es necesario que la capacitación y formación sea constante para empoderar a los
actores territoriales y así puedan ser parte del proceso y tomar las mejores decisiones
logrando el desarrollo en sus territorios.
2.2 Coordinación sectorial e intersectorial y los objetivos de desarrollo sostenible
En algunos países latinoamericanos, por ejemplo en Honduras, el desarrollo
rural territorial se ha visto focalizado, asignándose al Ministerio de Agricultura, y
posteriormente a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo
Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), debe ser transversal, considerando
que otros ministerios pueden aportar desde sus esferas de competencia como
infraestructura, ambiente, nanzas, etc. Los planes de desarrollo rural deben ser
lógicos en cuanto a actividades y presupuestos, y su ejecución canalizada hacia las
alcaldías municipales agrupadas en mancomunidades para no perder la visión inter
territorial acompañados de sistemas de documentación para el seguimiento en el
tiempo.
Además, existe escasa coordinación entre niveles de gobierno con actores
privados, no gubernamentales y públicos, y entre estos y actividades agrícolas y
no agrícolas, urbanas y rurales por cuanto urge de instrumentos de concertación y
de coordinación que impulsen una agenda de visión compartida que consideren la
cosmovisión local, las ventajas comparativas y libre empresa, y el uso de los recursos
naturales desde el consenso local (Berdegué y Favareto 2019).
La agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
contribuyen a que el enfoque de desarrollo territorial en el mundo rural demande la
articulación intersectorial de las 169 metas de los ODS. De estas, 36 metas deben
realizarse en territorios rurales, y con el ODS 17 se persigue la creación de alianzas
para el desarrollo sostenible. Así, podría existir la vinculación del enfoque DRT con
la Agenda 2030 y los ODS que debe estar a tono con el crecimiento económico y
bienestar de cada país.
2.3 Incorporación de bienes y servicios del medio rural a plataformas tecnológicas
La pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19) está marcando un nuevo hito en la
historia de la humanidad y que más adelante se podrá determinar con mayor claridad;
uno de esos cambios es el empuje hacia la automatización de procesos con el propósito
de evitar la aglomeración de personas y en el caso de las relaciones comerciales se
aceleró el uso de plataformas para la realización de transacciones comerciales ante
el temor del uso de dinero en efectivo por el miedo al contagio, como ha sucedido
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en Latinoamérica. , y Ante la necesidad de dinamizar la economía en el medio rural
se aceleró la adopción de aplicaciones móviles que conectan usuarios con diferentes
servicios.
Aún hay camino por recorrer en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, el
medio rural deberá apuntar a estrategias y programas de desarrollo de sus territorios
donde el uso de la tecnología garantice, a través de la trazabilidad de cada cadena
de valor, el origen de bienes y servicios asociados con buenas prácticas agrícolas y
respetuosas del medio ambiente.
Los medios rural y urbano constituyen un tejido de relaciones que van más
allá de la esfera productiva o económica. La ciudad demanda productos primarios y
servicios ambientales provistos en su mayoría por el medio rural, en tanto lo rural
recibe servicios y productos con valor agregado que no poseen sus habitantes. La
ciudad maniesta su inuencia sobre el medio rural con una intensidad que decrece
con la distancia, como lo explica (Navarro-Rodríguez, 1998) de tal manera que los
asentamientos alejados constituyen el medio rural profundo donde es notoria la
intensidad de la relación hombre -naturaleza. En Latinoamérica este espacio rural
profundo se caracteriza por el bajo grado en el que la población goza de los servicios
especializados y productos transformados en comparación con sobre todo con el
medio rural-urbano y peri-urbano.
En este sentido, cobra relevancia la necesidad del ordenamiento del territorio,
de sus espacios naturales protegidos, y la denición de la vocación productiva de
cada región. Se requiere de atención diferenciada a las necesidades de lo rural, y de
los distintos tipos de ruralidad, según su grado de alejamiento o de cercanía de la
ciudad o sus vinculaciones con ella. También son necesarias políticas públicas que
viabilicen efectivamente el dinamismo en estas territorialidades.
2.4 Articulando lo rural -urbano y la relación con la naturaleza
Lo rural y lo urbano están entrelazados y su interdependencia deberá ser
considerada en la formulación de las políticas públicas. Por lo común, la formulación
de políticas de desarrollo rural o ha sido enfocada en exclusivamente en el campo,
especícamente en la dinamización del agro, sin considerar la interacción rural-
urbana. Esta última se reere a los ujos ecosistémicos y de energía; económico
y laborales, de bienes y servicios, como también culturales y de información entre
los centros urbanos y rurales. En tal sentido, Berdegué y Favareto (2019) proponen
expandir el concepto de lo rural incorporando las ciudades pequeñas y medianas, lo
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cual multiplica los actores, actividades económicas e instituciones en la dinámica del
territorio y el rompimiento de la concepción de lo rural como ámbito circunscrito
exclusivamente al campo y la naturaleza.
Los territorios rurales, distanciados actualmente de los urbanos en términos de
planicación y programación de acciones vinculantes, urgen de estrategias y medidas
traducidas en acciones tangibles acordes largo plazo con los ciclos políticos de los
gobiernos nacionales y locales. Estas deben plantearse como senderos con puntos
clave o metas a corto y mediano plazo donde habrá que medirse el nivel de avance
hacia la visión compartida de los actores, requiriendo la movilización de recursos
técnicos y nancieros de forma constante y sostenida.
Existen asimetrías entre los actores territoriales y lugares denotando el
deplorable posicionamiento del medio rural ante la ciudad, debido a la migración,
especialmente de la población en edad de trabajar por la incipiente dotación de
infraestructuras sociales y productivas que permiten la generación de ingreso. Ante
ello se hace necesario el un modelo de economía y desarrollo que esté basado en los
poten¬ciales endógenos de los propios territorios (Lee y Delgadillo 2019).
3.Aspectos a considerar en propuestas de gestión social del desarrollo rural
territorial
Los aspectos que aquí se plantean se han construido desde una perspectiva
crítica y constructiva, basándose en el análisis de las experiencias en América Latina
y el caribe y en particular, el caso de Honduras. Este país ha recibido importantes
inversiones en materia de desarrollo rural y sin embargo, la deuda social se agranda,
ya que lejos de observar mejoras signicativas, la sociedad experimenta conictos
que van desde acciones colectivas sociales para enfrentar el despojo de los recursos
naturales (suelo y bosque), hasta violencias territoriales, desde asesinatos y
desapariciones de líderes y lideresas por la defensa de los recursos naturales: a lo
que se agrega la falta de empleo digno, entre otros, que conducen a las personas a
migrar; ujos migratorios- ahora no solo de jóvenes-, de familias completas, que no
ven en sus lugares oportunidades para mejorar la calidad de vida.
Los aspectos priorizados en las propuestas de gestión social del desarrollo
rural territorial están relacionados con la identidad cultural, los derechos humanos
y la inclusión social, lo anterior, en vínculo estrecho con los actores territoriales,
internos y externos como tomadores de decisiones. Las oportunidades de desarrollo
rural territorial están mediadas por el tipo de gestión social y las características de las
relaciones que se establecen en el tejido organizativo e institucional.
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Para comprender los aspectos que se plantean para el desarrollo rural territorial
en este artículo, es necesario aclarar en qué tipo de gestión social se está pensando.
Ésta se aborda como gobernanza de los territorios rurales basada en la participación
con decisión política e inclusiva de los actores territoriales principalmente los de las
organizaciones sociales, que residen permanentemente en él, y que es en quienes
recaen las acciones de desarrollo que se impulsan por lo general desde actuaciones
institucionales externas. Así, “las representaciones que se asocian con él y las prácticas
que implica varían radicalmente según se adopte el punto de vista del “desarrollador”,
comprometido en hacer llegar la felicidad a los demás, o el del “desarrollado”,
obligado a modicar sus relaciones, sociales y con la naturaleza, para entrar en el
mundo nuevo que se le promete” (Burbano C, 2011).
La gestión social del desarrollo, así entendida, se plantea desde el territorio,
donde intervienen múltiples actores o agentes del desarrollo (multi actores), cada uno
con sus propias necesidades, motivaciones, prioridades, agendas y tiempos: de base
comunitaria, municipales, los de la institucionalidad pública central y los externos,
como la cooperación internacional al desarrollo. Estos diversos actores convergen
en realidades complejas, con intereses distintos y muchas veces contra opuestos que
generan conictos; en este sentido, es importante que la gestión social pueda hacer
que se pongan sobre la mesa los diversos intereses, que se negocien y se canalice
constructivamente la conictividad.
Por otra parte, cuando la gestión social del territorio rural se construye desde
la participación de los actores del territorio, las probabilidades de generar procesos
de desarrollo rural sustentables y sostenibles son mayores; en el primer caso, lograr
procesos de desarrollo rural que trasciendan la temporalidad establecida en planes,
programas y proyectos, hacia la gestión autónoma y comprometida de los actores
territoriales; en el segundo caso, la sostenibilidad pensada en el uso ético, responsable
y equitativo de los recursos naturales y de cualquier acción que comprometan la
sostenibilidad de ecosistemas, por ejemplo. De esto dan cuenta casos en América
Latina, como el distrito de Rafaela en Argentina con el programa Rafaela Sustentable
que promueve estrategias territoriales para el uso racional de los recursos “conservando
su capacidad de regeneración natural, la producción más limpia y el uso de energías
renovables, ecientes y descentralizadas”, asegurando así la sostenibilidad. En
este programa, la alianza entre el sector público, el privado, el sistema cientíco
tecnológico y la comunidad son parte de la estrategia de concertación y sostenibilidad
de la gestión social del territorio (Programa de Gestión de la Ciudad, 2011).
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La fortaleza de casos como el de Rafaela y otros en Latinoamérica, radica en tejidos
sociales e institucionales que establecen francas alianzas, en las que se trata de
ganar-ganar y “se percibe como un proceso en constante evolución que se nutre de
la voluntad de los actores de participar activamente en la gestión de los espacios
(territorios) y de las administraciones locales. El territorio aparece, entonces, como
una entidad activa que alcanza su potencial de desarrollo a través de sus recursos
locales, entendidos en sentido amplio, es decir, con sus actividades, sus actores, sus
redes, etc.” (FAO, 2016).
3.1 La identidad cultural en el desarrollo rural territorial
La noción de territorio como ya se ha venido exponiendo, no se limita
simplemente a una porción de tierra, sino que también es una construcción histórica,
social y política. En el territorio la identidad cultural marca y determina los procesos
de desarrollo, porque no hay territorio sin su propia identidad -en unos más arraigada
que en otros-. Aun así, estos procesos tienen que ver con la existencia de la vida humana
y con la coexistencia y relacionamientos con sistemas biológicos multidiversos.
La identidad cultural es determinante en cualquier gestión social del
desarrollo rural territorial y debe ser tomada en cuenta como parámetro para la toma
de decisiones políticas y legitimar los procesos de desarrollo, mejorar la cohesión en
los territorios y facilitar la acción colectiva territorial.
Fonte y Ranaboldo, haciendo referencia al ensayo de Olga Lucía Molano,
señalan que: “El concepto de identidad cultural implica un sentido de pertenencia a
un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores
y creencias. La identidad no es un concepto jo, sino que se recrea individual y
colectivamente y se alimenta de forma continua de la inuencia exterior. … Aunque
el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes),
el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio”
(Fonte & Ranobaldo, 2008).
En esencia, la identidad cultural está íntimamente ligada al sentido de
pertenencia de la población con su historia, su modo de vida y su relación con el
entorno social, natural y espiritual. Promover una gestión social basada en el respeto
a la identidad cultural de los territorios, permitirá:
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•establecer conanza y respeto mutuo entre los actores que intervienen en los procesos
de desarrollo rural;
•generar las bases de construcciones democráticas y participativas;
•la gobernanza sostenible e inclusiva de los procesos de desarrollo rural territorial, que
contribuyen a la continuidad de las acciones, una vez que los actores institucionales
nalizan sus tiempos de ejecución de programas, proyectos o cualquier otra iniciativa;
•construir una cultura de paz y reducir o canalizar constructivamente el conicto
territorial, de tal manera que estos antagonismos se vuelvan oportunidades de
desarrollo en las que los territorios eleven su capacidad competitiva y en general una
gestión social dialogada y consensuada.
La gestión social con identidad cultural, como dinamizador de las distintas
iniciativas del desarrollo rural territorial, no puede concebirse desde la perspectiva
unilateral de los tomadores de decisiones, sea en el ámbito público, privado, de la
sociedad civil o de la cooperación al desarrollo. Pensar el desarrollo desde el ideario
del diseñador de procesos de planicación -estrategias, programas o proyectos-, sin
considerar el contexto cultural e identitario del territorio, es desconocer la relevancia
de éste en la ecacia del desarrollo, de sus resultados, impactos y sostenibilidad.
Este aprendizaje del entorno cultural no solo debe ser relativo a las prácticas
ancestrales de los pueblos en algún tema especíco, sino también a la gestión
social efectuada en el desarrollo rural territorial. Cabe preguntarse ¿por qué ciertas
gestiones sociales territoriales no logran sus objetivos en un lugar y en otros sí? En
todo caso, cultura signica saber milenario y saber contemporáneo a través de las
prácticas acumuladas en el tiempo. De esas experiencias y aprendizajes que pueden
ser exitosos o no, es necesario cuestionarse qué parte de la cultura es determinante
para que la gestión social del desarrollo rural territorial logre el propósito.
“La gestión social surge, de un proceso de evolución de técnicas, metodologías
en el contexto latinoamericano con la implementación de políticas públicas, para
lograr el crecimiento, la equidad, la sostenibilidad y la competitividad sistémica”
(Barajas & Tobón, 2019).
Si no se considera en el diseño de las acciones del desarrollo rural territorial
a la cultura como referente de base, las posibilidades de lograr la eciencia de la
inversión y la sostenibilidad de los procesos serán menores que aquellas donde se
consideraron las costumbres, lengua nativa, idearios colectivos de los pueblos, formas
de gobernanza, entre otros aspectos.
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En esta propuesta será determinante la simbiosis académica en la aplicación de estudios
que integren diferentes disciplinas como la antropología, la sociología, la biología, la
historia, la sociolingüística, la agronomía, y cuyos resultados sirvan de base para la
caracterización territorial y aproximar una eciente gestión social del territorio rural.
Serán fundamentales buenas relaciones de gobernanza con participación tanto del
Estado como de la sociedad civil para efectuar el desarrollo rural, bajo el entendido
que los actores territoriales, con intereses contrapuestos o anes, trabajan por un
objetivo común: el desarrollo del territorio rural.
3.2El enfoque de derechos humanos e inclusión ante los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la agenda 2030
La relación entre la libertad individual y el desarrollo social va más allá
de la conexión constitutiva, por importante que ésta sea. Lo que pueden conseguir
positivamente los individuos depende de las oportunidades económicas, las libertades
políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que brindan la salud, la educación
básica y el fomento y el cultivo de las iniciativas. (Sen A. , 2000).
La gestión social que toma como referente el pensamiento losóco de
Amartya Sen, sin duda estará en la búsqueda de un mundo rural equilibrado y justo;
es decir un todo sistémico y armónico. Éste requiere de relaciones igualitarias en
la interacción de las personas, organizaciones e instituciones que conviven en un
territorio determinado y el mundo que habita. Esto signica que dichas personas o
entidades tienen capacidad de decidir lo que les conviene o no; tienen libertad de
pensar y actuar en su desarrollo presente y posterior.
En la gestión del territorio rural los derechos humanos deben constituirse en la
plataforma que guíe cualquier acción de desarrollo. Ya en la década de los ochenta, la
Organización de las Naciones Unidas establecía que el ser humano debe ser el centro
de todas las acciones y que debe participar en condiciones de respeto a sus derechos
y libre determinación, “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en
virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar
en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a
ese desarrollo y a disfrutar del él” (ACNUDH, 2021).
La gestión social en el desarrollo territorial que aquí se propone no es solo
una apuesta a la reconstrucción, inclusión y aprovechamiento inteligente de lo que
la ruralidad históricamente ha ofrecido; es también un espacio para reestablecer
los derechos humanos desde un enfoque de participación ciudadana, justicia y
sostenibilidad de los recursos y la soberanía alimentaria para un mundo mejor.
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En la ruralidad la gestión social bajo cualquier modelo de desarrollo debe respetar
la identidad cultural como derecho de los pueblos, la participación y libertad de
expresar sus razonamientos y propuestas sobre aquellas intervenciones que de una u
otra manera comprometan su bienestar.
La gestión social efectiva en los territorios será posible cuando haya decisión
política del tejido institucional público, privado y de la sociedad civil. Lo anterior,
para alinear y armonizar las estrategias y cualquier acción de desarrollo, estableciendo
parámetros que tienen que ver con las características especícas de cada territorio,
con sus intereses, recursos y cosmovisiones.
Cuando se establezca consenso entre los actores territoriales para las decisiones
sobre su desarrollo presente y futuro, podrá evitarse lo que Bartra ya ha reexionado
sobre las redes imaginarias de poder que por un lado legitiman a quienes se adhieren
a sus modelos y por otro lado excluyen a quienes no se apegan a éstos. (Bartra, 2013)
Este consenso pasa por el respeto a la libertad de expresión y la relevancia del uso y
revitalización de las lenguas nativas como vehículo de comunicación principal con
su carácter creador y de conservación del conocimiento ancestral y que marca formas
de entendimiento en quienes la usan para aprehender su realidad y tomar decisiones
que competen a su vida.
El derecho a decidir conlleva a tomar decisiones asertivas de inclusión social,
no como mero discurso, sino como una exigencia para el desarrollo desde un enfoque
sostenible, inclusivo y participativo. En este aspecto es importante el papel de las
mujeres, en sus luchas cotidianas y en la acción colectiva; las mujeres que histórica
y ancestralmente han estado dedicadas a la economía del cuidado y a la protección
y defensa de los recursos naturales y la identidad cultural. En el caso de Honduras,
por ejemplo, las mujeres en los territorios rurales han jugado un papel determinante
durante la pandemia, en la promoción de medidas de prevención y atención a partir de
medicina natural ancestral en sus comunidades rurales; de igual manera, sosteniendo
y reactivando los sistemas agroalimentarios familiares que en este contexto ha
permitido llevar alimento a los hogares y generar algún tipo de economía local.
El COVID-19 ha profundizado las desigualdades sociales, expresadas en un
insuciente acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, rezago educativo por
la falta de acceso a tecnologías de información y crisis en las economías rurales- e
infraestructura adecuada, disponibilidad de crédito y asistencia técnica. Sin embargo,
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“la actual crisis ha permitido un mayor control y gestión democrática del territorio,
convirtiendo a los territorios en espacios de vida basados en relaciones de solidaridad
y colectividad, alrededor de una ola de resignicación humana y ética que está
construyendo un tejido social comunitario con fuerte sentido democrático y creador
de alternativas”. (López, 2020, pág. 82)
La inclusividad y sostenibilidad sí son posibles y necesarias en el desarrollo
rural territorial para alcanzar relaciones mancomunadas, dialogadas y negociadas “no
sólo por la necesidad de ofrecer respuestas concretas y ecaces al conjunto de la
población local, sino por la insuciencia o limitaciones de las políticas centralistas
y sectoriales y de los viejos enfoques asistencialistas de la política de desarrollo
regional y de la política social” (Alburquerque, 2004).
Desde una mirada crítica de diferentes procesos de gestión, las oportunidades
de actuación de los actores y la relevancia de generar desarrollo humano sostenible,
cuyo centro es el cuidado de los recursos naturales y la sobrevivencia humana, se
constituyen en una cultura universal de buen vivir. En este entendido, trascender el
ámbito de lo nacional es fundamental; el caso de la integración centroamericana es
determinante para mejorar complementariedades de manera regional, aprovechando
la iniciativa de la ECADERT para construir consensos y superar las falencias que la
gestión social del desarrollo rural ha mostrado. “Es cada vez más necesario, pero no
ha resultado fácil, incorporar cabalmente el enfoque territorial sistémico, integral,
participativo y multiescalar en las políticas para el desarrollo de los territorios
rurales en América Latina, desde su formulación y diseño hasta su implementación,
seguimiento y auditoría social” (Samper, 2020).
Lograr estas relaciones en condiciones de inclusión rural territorial, con
enfoques de sostenibilidad y ética productiva no solo favorecerá a territorios
especícos sino a la humanidad y al planeta en general. En este sentido, el desarrollo
humano no estará mediado solo por lógicas económicas sino por indicadores cuyo
centro es el ser humano en perfecta armonía con la naturaleza.
¿Pueden imaginar un mundo en el que se entienda la naturaleza como un
conjunto de elementos relacionados entre sí y no de recursos, en el que los derechos
inalienables lleven aparejadas responsabilidades también inalienables y la propia
riqueza no se mida a través de la propiedad de los recursos y el control sobre éstos,
sino por el número de buenas relaciones que mantenemos en los complejos y diversos
sistemas vitales de este planeta verde y azul? Yo sí puedo. (PNUD, 2020).
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