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Año 6/No 1/ Octubre, 2021
ISSN: 2414-8903 Línea
LA TRASCENDENCIA DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS:
UNA MEDIACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO.
LORENA OSIRIS SUAZO ALVARENGA
1
MARLENNE YAMILETH ORDÓÑEZ
2
ROSA ELIA SABILLÓN
3
ORLANDO MARTÍNEZ ARRAZOLA
4
YURI FORTÍN
5
Doctorandos en Ciencias del Desarrollo Humano,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
DOI: 10.5377/rpdd.v6i1.12444
Recibido: agosto, 2021 Aceptado: septiembre, 2021
RESUMEN
L
a educación como mediación para el desarrollo, que se incluye en estas
iniciativas, es un componente clave en la política social del Estado. A partir del
reconocimiento de la educación como un derecho fundamental de todo ciudadano
es que se originan sus obligaciones en el diseño e implementación de acciones
gubernamentales que buscan dar respuestas a las demandas de la sociedad. Estos
esfuerzos se evidencian en las políticas públicas que los países generan para abordar
los diversos problemas que enfrentan. Entender el rediseño de las políticas educativas
y la generación de impacto en la reconguración del sistema educativo no es posible
sin tener en cuenta a los actores o agentes educativos. El presente artículo tiene como
propósito generar una reexión en torno a la trascendencia de las políticas educativas
como una dimensión del desarrollo humano. Se resalta la participación ciudadana
como elemento esencial que contribuirá holísticamente a la resignicación del sistema
educativo, el cual está supeditado en buena parte por la buena gobernanza, rediseño
de las políticas educativas y por un cuerpo de actores estratégicos y democráticos.
1MSc. LORENA OSIRIS SUAZO ALVARENGA, Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
lorena.suazo@unah.edu.hn, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4712-6420.
2MSC. MARLENNE YAMILETH ORDÓÑEZ, Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras, marlene.
ordonez@unah.edu.hn, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7395-6968.
3MSc. ROSA ELIA SABILLÓN, Docente Universidad Nacional Autónoma de Honduras, rosa.sabillon@unah.
edu.hn, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9977-6671.
4MSc. ORLANDO MARTÍNEZ ARRAZOLA, Docente Universidad Metropolitana de Honduras, ojmartinez@
unah.edu.hn, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9848-9259.
5MSc. YURI FORTÍN, Docente Universidad Metropolitana de Honduras, yufortindoc2018@gmail.com, Orcid:
https://orcid.org/0000-0001-8175-2383.
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Las políticas públicas para la sostenibilidad de los Sistemas Nacionales
de Educación requieren llevar como propósitos fundamentales el uso eciente y
transparente de los recursos materiales e inmateriales asignados, la construcción de
una educación inclusiva de la diversidad, el acceso de la mayoría o a los sectores que
requieran de una educación formal o educación no formal, técnica no universitaria,
educación técnica universitaria, también universitaria en licenciaturas, especialidades,
maestrías, doctorados y posdoctorados.
PALABRAS CLAVE
Política pública educativa, participación ciudadana, sistema educativo,
desarrollo humano, ética.
INTRODUCCIÓN
Contextualización de la educación en el marco de las políticas públicas
El mundo enfrenta una era planetaria que se desarrolla en medio de una
serie de desafíos y tensiones y donde la ciencia, la técnica, la industria y el interés
económico se enfrentan a las ideas humanistas y libertadoras que la sociedad está
exigiendo. Ante esta realidad es necesario plantear el surgimiento de una sociedad
mundial que promueva la gobernabilidad para un mundo mejor, para lo cual recurre a
la educación como fundamento del proceso de cambio hacia una mayor humanización
del ser humano.
Gran parte de los esfuerzos globales para contribuir al desarrollo de las
economías de ingresos bajo y medio están orientados a proveer los recursos y la
información que necesitan en su camino por la vida, para que las personas puedan
dirigir mejor su propio destino. Las iniciativas promovidas por los organismos
internacionales (ONU, PNUD, FMI, BID) como la Estrategia de Reducción de la
Pobreza (ERP), los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM-2015) y ahora los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-2030) son parte de estos modelos que han
tenido como n primordial promover un mejoramiento de la calidad de vida de las
personas (UNESCO, 2020).
La educación como elemento mediador que se incluye en estas iniciativas es
un componente clave en la política social del Estado. Es un hecho muy complejo, por
el conjunto y variedad de factores, actores y funciones que la integran; y delicado
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por los vigorosos impulsos que lo transitan y por la diversidad de repercusiones y
consecuencias que sus acciones y efectos crean en la sociedad.
A partir del reconocimiento de la educación como un derecho fundamental de
todo ciudadano se originan las obligaciones del Estado en el diseño e implementación
de políticas y acciones que buscan dar respuestas a las demandas de la sociedad.
Estos esfuerzos se evidencian en las políticas públicas que los países generan para
abordar los diversos problemas que enfrentan. Las políticas públicas educativas,
particularmente, tienen como propósito garantizar la educación como derecho
humano que tienen todas las personas por el simple hecho de nacer.
Esta aspiración de la educación como un instrumento de mejora en la calidad
de vida de las personas se evidencia en los enfoques de desarrollo (crecimiento
económico, crecimiento con redistribución, satisfacción de las necesidades, ajuste
estructural, neoliberalismo, expansión de capacidades, desarrollo de lo humano y
desarrollo sustentable) donde se concibe que este concepto posibilita un autodesarrollo
de todas las comunidades nacionales, lo que implica una interdependencia entre
naciones. Ahora bien, si se analizan los esfuerzos gubernamentales en relación con
políticas educativas en el marco de los enfoques de desarrollo, se aprecia que la
educación básica resulta ser la mayor necesidad que comparten mayoritariamente los
países emergentes y a los que estos enfoques se han propuesto como meta mejorar
(Lorente Rodríguez, 2019).
Consecuentemente, con la elección de priorizar la educación básica como
estrategia de primer orden y herramienta para erradicar o, al menos, minimizar
las cifras de analfabetismo, así como los elevados índices de repetición, rezago y
abandono educativos son las estrategias de calidad y equidad las que ocupan lugares
prioritarios en las agendas educativas latinoamericanas.
Desde el inicio de la década de los 90, en el siglo XX, varios países de
Latinoamérica emprendieron sus modelos, políticas educativas y estrategias de
acción hacia una mejora de la calidad educativa bajo las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) establecidas en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el
Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (UNESCO,
2020, pp. 12-13).
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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) la región pasa por afrontar los desafíos que anticipa el nuevo siglo
relacionados, principalmente, con la consecución de una sociedad del conocimiento
y el progreso tecnológico sin descuidar los desafíos todavía pendientes del siglo
XX, tales como cobertura, acceso, progresión y conclusión de los distintos niveles
educativos (Lorente Rodríguez, 2019). Lo anterior puede verse reejado en buena parte
en los documentos legislativos de las diferentes reformas educativas acometidas, así
como en los discursos de gobiernos, cumbres de ministros de educación y organismos
internacionales.
Si se valoran las propuestas de estos organismos internacionales en torno a
acciones de mejora en la dimensión de la educación se identica su presencia con
intereses más económicos (Bancos de Desarrollo, OCDE, Banco Mundial y Fondo
Monetario Internacional) lo que se contrasta con aquellos cuyas políticas se focalizan
en torno a los aspectos más sociales (CEPAL, PNUD, OIT), conformando dos ancos
con aspiraciones divergentes. Por su parte, las ONGs se erigen como instrumentos
privilegiados para abordar los proyectos de índole más político y cultural de educación,
a la vez que promueven ideas renovadoras y alertan a la comunidad internacional
sobre los nuevos desafíos educativos que afronta América Latina, en tanto que la
UNESCO aborda por su parte, los programas de enseñanza que evidencien sinergias
con la variable más humana, cultural y sostenible (UNESCO, 2020). Las variables
sociales, por tanto, están presentes, demostrando con ello la necesaria implementación
del elemento educativo y social.
El escenario desaante que en la actualidad se vive en términos educativos
en la región latinoamericana se evidencia en las cifras que la UNESCO ofrece. De
acuerdo con este organismo alrededor del 63% de las personas jóvenes nalizan la
escuela secundaria, pero en 20 países latinoamericanos las probabilidades de que lo
hagan los alumnos del 20% más rico, son cinco veces más altas que las del 20% más
pobre. Las tasas de asistencia a la escuela son más bajas para las personas jóvenes con
discapacidad, los hablantes de lenguas indígenas y las personas afrodescendientes.
La mitad de los alumnos de 15 años en América Latina no alcanza el nivel mínimo de
competencia en lectura, del 55% de los países de América Latina y el Caribe tienen
planes o estrategias sectoriales de educación que se reeren a la educación inclusiva
como una prioridad (UNESCO, 2020).
Por su parte, el esfuerzo que un gobierno realiza por mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes se puede apreciar en los fondos estatales destinados a la
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educación. Según la UNESCO (2020) hasta el año 2019 se logró apreciar que tres
países de la región latinoamericana (Belice, Costa Rica y Monserrat) guran entre
los 10 países más destacados del mundo dedicando como mínimo el 7% de su PIB a
la educación. Sin embargo, el gasto en educación medido como porcentaje del PIB
en América Latina y el Caribe, aumentó del 3.9% en 2000 a 5.6% en 2017, todavía
persiste una disparidad en los presupuestos de los países en vías de desarrollo donde
la mayoría del gasto público se destina al pago de salarios de los burócratas.
Se aprecia que el énfasis en la educación básica y los bajos niveles de
nanciamiento de la educación son componentes que se suman a los débiles
sistemas educativos que existen y que todavía permanecen ausentes en las iniciativas
gubernamentales, provocando un incremento en la brecha que separa a las naciones
desarrolladas y a las que están en vías de desarrollo en el marco del proceso de
adaptación a las transformaciones que la globalización exige en la actualidad. Es
en este sentido que Lorente Rodríguez (2019) sostiene que esta realidad es en gran
parte fruto de la desigualdad perenne que caracteriza a la región, cuyas brechas
sociales, económicas y propiamente educativas cada vez son más amplias y
tienden a retroalimentarse mutuamente. Los retos educativos que enfrenta la región
latinoamericana son cada vez mayores, los sistemas educativos evidencian una serie
de deciencias, congurando distintas agrupaciones de naciones que caminan a
distintos ritmos hacia el propósito de universalizar el conocimiento.
Honduras forma parte de este conjunto de países donde las reformas en el sector
educativo han carecido de un apoyo decidido del Estado a través de los gobiernos
y, sobre todo, no se ha logrado que todos los actores validen, legitimen y acepten
las reformas educativas. Los cambios de gobierno provocan la creación de nuevas
agendas nacionales, esto posiblemente no le permite al país articular un proyecto con
otro (Cáceres Valladares, 2018). El escenario actual del sistema educativo hondureño
evidencia los rezagos sobre el compromiso del Estado de Honduras en brindar el
acceso a una educación de buena calidad que permita a las nuevas generaciones
desarrollar sus potencialidades e incorporarse en el sistema productivo con las
competencias que demanda el mercado mundial (Rojas, 2020, p. 12).
Las políticas públicas requieren considerar el vector social (atención más
especíca para las poblaciones indígenas y rurales, programas que combatan
problemas consustanciales como el rezago, repetición y ausentismo estudiantil,
políticas educativas focalizadas sobre la situación de la mujer y su papel en la sociedad
latinoamericana) y también político (educación popular y educación liberadora-
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emancipadora) a la vez que no renuncie a su cultura y tradiciones y que incluyan
una política educativa verde para el desarrollo económico que proporcionará mejor
calidad de vida, y esta calidad estará en armonía con el entorno.
Resignicación del sistema educativo y el rol de los actores
En general, una propuesta reformista de política educativa en la región
se confrontará con un contexto educativo a nivel local y regional con grandes
desigualdades sociales. El informe La crisis de la desigualdad, América Latina y el
Caribe en la encrucijada (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) revela entre
sus principales hallazgos que las desigualdades educativas están profundamente
determinadas por el ingreso económico de los padres de los estudiantes. Según el
mismo estudio en el país promedio de América Latina y el Caribe, el 10% más rico de
la población gana 22 veces más que el 10% más pobre, mientras que el coeciente de
Gini promedio se revela de 0,46. Lo que muestra cierta heterogeneidad en la región:
Brasil, Honduras y Panamá se encuentran entre los más desiguales, mientras que el
Salvador, Uruguay y Argentina están entre los más igualitarios.
Ante la desigualdad social y educativa según el estudio antes citado, se
presentan los siguientes desafíos de acuerdo a lo planteado por Vargas (2019) las
opciones de política que se diseñen para la educación en la actual coyuntura están
llamadas a reconocer deudas históricas con los grupos más postergados para
garantizar su derecho a la educación, tanto en lo referido a la disponibilidad y el
acceso a oportunidades de aprendizaje, como a la provisión de una educación de
calidad, relevante y adaptada a sus condiciones, necesidades y aspiraciones.
En armonía con el autor anterior, el sociólogo Bauman (2011) advierte que:
…el compuesto explosivo que forman la desigualdad social en aumento y el creciente
sufrimiento humano relegado al estatus de colateralidad (puesto que la marginalidad,
la externalidad y la cualidad descartable no se han introducido como parte legítima
de la agenda política) tiene todas las calicaciones para ser el más desastroso entre
los incontables problemas potenciales que la humanidad puede verse obligada a
enfrentar, contener y resolver durante el siglo en curso. (p.18)
Entender el rediseño de las políticas educativas y la generación de su impacto
en la reconguración del sistema educativo no es posible sin tener en cuenta a los
actores o agentes educativos partiendo de la premisa conforme a F. Reimers (2000)
quien expresa que:
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…la integración de nuevos actores sociales en la denición de políticas educativas
para el nuevo milenio asegura la construcción solidaria de comunidades, libres y
pacícas, bajo el precepto de que la igualdad de oportunidades educativas dará
legitimidad a la democracia en la región. (p.11)
El Estado como principal entidad política se sigue considerando un actor
clave que brinda legitimidad en los niveles de concreción de la política educativa y
en la reconguración del sistema educativo. En ese sentido, el autor Jellnek, citado
por Bechara Llanos y Abraham Zamir (2015), propone:
…una conguración desde una asimilación objetiva del sentido estatal, esta no puede
estar alejada de la realidad del mundo por fuera de las subjetividades individuales o del
mismo hombre en sentido particular, inere, que, si bien es importante la estructura
objetiva del Estado, esta no puede ser exclusiva a la lectura de la ciencia estatal,
ya que la plenitud del mundo subjetivo del hombre frente a la visión del Estado se
traslada hacia un conocimiento en sentido objetivo-subjetivo. (p.72)
Las consideraciones, conforme a lo que corresponde al rol del Estado, se
deben entender bajo el marco de una innovación de la gestión democrática en esta
materia (repensando la participación ciudadana), ya que es vital el tránsito desde
una gobernanza convencional hasta la procura de eliminar privilegios, aumentando
con mayor énfasis la legitimidad de las acciones políticas, logrando liderazgos
corresponsables, empoderando tecnológicamente a los actores claves y fortaleciendo
a todos los gestores educativos que impulsan, implementan y evalúan la política
pública.
Cabe resaltar, que los modelos de participación más viables para este tipo
de gobernanza no convencional son los modelos mixtos: participativo con criterios
deliberativos. Según Dacombe y Pharvin (2021) este tipo de modelo podría representar
el futuro “…por su capacidad para permitir un mayor grado de control popular sobre
las acciones de los funcionarios y representantes públicos de lo que sería factible
bajo una comprensión más limitada de la democracia” (p. 4). Además, proporciona
una capa adicional de escrutinio sobre las acciones de los funcionarios públicos al
aumentar el potencial para la participación y para que se puedan escuchar las voces
disidentes y que las guras públicas den cuenta de sus acciones. Del mismo modo,
cualquier comportamiento errado podría quedar expuesto de la misma manera.
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Este enfoque tiene solidez dadas las diferentes formas de participación permitidas,
porque es parte de la diversidad y la perspectiva para la acción política, conforme al
autor J. Subirats (2011) quien hace referencia a que:
Si se quiere una democracia viva, si se aspira a una política compartida, se
necesitan espacios y oportunidades que permitan debates abiertos, donde se construyan
ideales y visiones también compartidas. Espacios en los que todos y cada uno puedan
intervenir. Esas son las bases para poder hablar de ciudadanía, de inclusión social,
de una nueva relación con la naturaleza. En denitiva, una sociedad en la que vale la
pena vivir. (p. 6)
En concordancia con los agentes o actores educativos y la redenición de su
papel para vislumbrar un renovado sistema educativo, los organismos internacionales
juegan un rol fundamental, debido a la inuencia en las políticas educativas, dado
que han venido promoviendo políticas estandarizadas para la educación no sólo
en la región sino en el mundo. Según los autores Bonal y Verger (2011) el Banco
Mundial lanzó el informe denominado La estrategia educativa 2020 para promover
“El aprendizaje para todos”, sin embargo, a criterio de estos autores: “…predomina
un enfoque economicista tanto en el análisis como en las prescripciones relativas a
la reforma educativa; el énfasis puesto en las políticas de mercado educativo y en el
papel del sector privado; y la manera como el Banco trata la compleja relación entre
pobreza y educación” (p. 917).
Esto signica que se pierde el enfoque integral de la política educativa, dado
el sesgo economicista del Banco Mundial. Lo anterior invita a pensar en que el
Estado requiere asumir su ecacia en virtud de las condiciones educativas que los
organismos internacionales pudieran contribuir a propiciar, sin desconocer que son
socios estratégicos, pero que el Estado deberá asumir la responsabilidad interna de
los factores de atribución causal con respecto a la desigualdad educativa y social y
a la vez defendiendo sus posiciones económicas a través del sistema político que
abandera.
Otro de los actores que son considerados muy relevantes en la reconguración
de un sistema educativo son los miembros de los gremios magisteriales. En el caso
nacional, y conforme al criterio del sociólogo hondureño Posas (2019):
Las propuestas de lucha más globalizadoras han procedido de las centrales
sindicales. Esto puede explicarse, en parte, porque aglutinan a trabajadores asalariados,
a campesinos, a maestros y a otros sectores organizados, cuyos intereses tratan de
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reejar en sus planteamientos. Sin embargo, sus preocupaciones han ido más allá
de reejar las demandas de los sectores que representan. Se han preocupado por
democratizar el sistema político del país ofreciendo en este sentido una contribución
que merece ser destacada. (p. 259)
Si bien, el movimiento magisterial es una fuerza válida, digna de ser reconocida
ya que ha apostado a las reivindicaciones gremiales en toda la región, las cuales han
sido importantes para resignicar la profesión docente, se percibe como limitada la
capacidad de propuesta de sus proyectos educativos, que son capaces de romper con
las desigualdades educativas y lograr el mejoramiento de los resultados.
Como núcleo organizado, se espera del gremio magisterial un planteamiento
que advierta de un modelo educativo endógeno integrando una visión prospectiva,
propositiva y de innovación curricular que genere una transformación en la sociedad.
En el marco de los cambios que están recongurando los procesos educativos a nivel
local y mundial, y siendo los movimientos magisteriales líderes de conocimiento
en los temas educativos, se tiene la expectativa de que puedan armonizar criterios
signicativos con los otros actores, perlando políticas integradoras y con una
perspectiva de viabilidad a corto plazo.
Se inere que una vez que el aparato estatal y la reforma de política educativa
posicionen a los tomadores de decisión (autoridades educativas), considerados
también actores educativos de incidencia, se impulse un proceso espiral hacia la
reconguración del sistema educativo, es decir, con una postura hacia el acceso
igualitario para todos/as y, en segunda instancia, que reproduzcan un efecto
catalizador, en donde los tomadores de esas decisiones estimen incluir proyectos que
consideren las distintas voces y agendas, superando enfoques unidisciplinarios y de
corte colonizador, esto según el autor mexicano Enrique Dussel quien postula que
“…la reforma educativa signique ser una visión de una historia distinta. Es decir,
una descolonización mental” (2018, p. 46).
La resignicación de la educación tiene como reto asumir en sus contenidos
programáticos el eje articulador de una formación ciudadana integral, conforme
a lo que plantea Veramendí García (2012) autora que cita a D. Hillygus, autor de
numerosos trabajos que vienen demostrando que es la educación ciudadana integral
un factor que incrementa la participación política, la participación electoral, el
comportamiento cívico, opiniones democráticas y el conocimiento político amparado
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en la ética reexiva. Y supone que, si no se favorecen los proyectos formativos de
estas, u otras habilidades pertinentes, mediados por un discurso activo de ciudadanía
en la juventud, cabe la posibilidad de continuar propiciando condiciones de exclusión
histórica en los ámbitos públicos.
Si no se hace énfasis en los valores democráticos en los sistemas educativos,
entonces en el mejor de los casos los modelos educativos se encaminarán a educar
a personas para que sigan asumiendo su rutina existencial. Según Apple W y Beane
A. (2000) “Estas escuelas o bien son fútiles o bien subversivas. No tienen una razón
legítima para existir” (p. 28). Y para superarlo se requiere un vuelco cualitativo del
modelo educativo asumiendo la formación ciudadana como piedra angular y desde
un enfoque sistémico.
Considerando los estudios sobre la formación ciudadana, los mismos
podrían contribuir holísticamente a la resignicación del sistema educativo el cual
está supeditado en buena parte por la buena gobernanza, rediseño de las políticas
educativas y por un cuerpo de actores estratégicos y democráticos que asuman el
reto de su transformación conforme a las necesidades educativas que apremian una
atención de forma ineludible hacia los menos favorecidos.
Horizonte de la educación para el desarrollo humano sostenible
Actualmente existe una fuerte inuencia de los mercados mundiales en el
desarrollo de la sociedad, una tecnología de la comunicación y una producción
invasiva; pero sobre todo en una gran crisis social de desconanza. A esta crisis
hay que sumarle los cambios acelerados de las nuevas generaciones. Generaciones
de la inmediatez, como lo expone Baumann (2004) en su libro La ciudad sitiada,
generaciones de riesgo global, marcada por los avances tecnológicos digitales se
rigen por comunicaciones y convivencias mediadas por las nuevas tecnologías.
El mundo está cambiando, y si el entorno lo hace los actores también, ese
cambio social involucra transformaciones internas y externas en la sociedad. El
Estado garante de la justicia y promotor del bien común en un territorio determinado
da paso a un mundo globalizado, a ´ciudadanos del mundo´.
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Las generaciones nacidas en los años 80´s y 90´s (millenials y centenialls) forman
parte de un grupo poblacional educado en tecnología y en muchos casos mediante
la tecnología, acostumbrado a satisfactores permanentes y efímeros que generan
adicción, un claro ejemplo: las redes sociales. Estas generaciones crecen en un mundo
de recompensas inmediatas, donde no hay que esperar, donde no hay necesidad de
crear relaciones profundas y duraderas y mucho menos signicativas.
Es en este contexto donde la educación, como mediadora de desarrollo
humano, encuentra sus retos y sus desafíos. Es llegar a una generación que no crea
arraigos con la familia, mucho menos con la sociedad y peor aún con el Estado;
sin embargo, se quiere que puedan insertarse en un mundo donde nada les resulte
extraño, un mundo digital donde tengan voz, donde opinen, donde cohabiten y donde
ellos crean encajar. Se entiende que el rol fundamental de la educación es transformar
a estas generaciones en esos ciudadanos del mundo, donde sea la precursora de las
oportunidades sociales que menciona Amartya Sen y la que facilite la participación
económica integrándose a un mercado laboral del siglo XXI y, al mismo tiempo, le
garantice que sus derechos y libertades serán respetados (Sen, 1998).
Las crisis que azotan a la humanidad obligan al Estado a promover de manera
prioritaria a la educación en todos los niveles como un bien común (con especial
énfasis la educación terciaria) donde los valores de inclusión, solidaridad, desarrollo
individual y colectivo inspiren al desarrollo sostenible de la nación, como apunta
Gacel Ávila (2018), y que ya señalara la Declaración de la Conferencia Regional
de la Educación Superior en ALC (CRES) de 2008 “La educación superior es un
bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado (…). Los
Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes
denan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los
ciudadanos, velando por que ella sea pertinente y de calidad” (IESALC UNESCO,
2008).
Si bien este compromiso no es exclusivo del Estado es importante que lo
lidere ante los diferentes actores que promueven el desarrollo. Es el Estado el que
debe de manera permanente buscar una visión estratégica y holística del bien-estar
humano; que genere sinergias entre los actores importantes con el n de fomentar
valores universales. No es que el Estado solamente priorice a la educación sobre
otros sectores o que la vea como un derecho humano esencial y a base de desarrollo
sostenible, es verla como una oportunidad de generación de conocimientos para la
resolución de los problemas a los que se confrontan los ciudadanos. Es redireccionar
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la generación de esos conocimientos que, en los últimos 20 años, se ha enfocado,
especialmente en América Latina, en áreas como la medicina, agricultura y ciencias
biológicas, como apunta Ramírez (2018), y reenfocarlos en áreas de servicio que
incidan en el crecimiento económico y a su vez que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos.
Reconocer a la educación como derecho universal del hombre no es
simplemente aumentar el acceso a la misma. Es reconocerla como el eje donde
convergen las dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas de la
humanidad. Si bien hay claridad en que esta concepción que está en el centro del
Programa de Desarrollo Sostenible 2030 (UNESCO, 2015) y que es fundamental
para el logro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS 2030), no es claro
poderla operacionalizar en los Planes de Nación de los países de la región. No sólo
es el crecimiento de oportunidades de acceso a la educación de calidad lo que debe
promoverse, sino la búsqueda de la democratización de la educación sobre la base
de la colaboración entre sistemas y países. Es el fomento de una ´cultura educativa´
donde se comparte y se colabora en la creación de nuevos conocimientos; donde
los ciudadanos tengan acceso a marcos teóricos y conceptuales que les permitan de
manera independiente y responsable el desarrollo de teorías para la solución a los
problemas que se afrontan como sociedad. Como señala Guajardo (2018) es ver a los
sistemas y a las instituciones como instancia social, asociados al desarrollo humano
y al crecimiento de las sociedades; es promover un rol estratégico trasformador e
integrador de la educación, en particular de la educación superior, como mediador del
desarrollo humano sostenible de las naciones, especialmente en la región de América
Latina y del Caribe.
La ventaja que presenta la generación de riesgo global es su resiliencia;
su capacidad de adaptación que los hace superiores, apunta Ulrick Beck (2017).
Esta resiliencia, que debe ser bastión de los sistemas educativos, debe aprovechar
esta culturización digital obligada por crisis mundiales (COVID-19, por ejemplo)
para adentrase en una transformación digital profunda y un aprovechamiento de la
Inteligencia Articial en pro de una democratización de la educación, como plantea
Ramírez (2018), la información que se genera a través de las nuevas tecnologías de
la información que se interconectan a través de internet es la nueva ´mina de oro´
en la era digital. El crecimiento del internet puede ser una oportunidad de avance
en la deseada democratización que se ha mencionado; y es que al democratizar el
acceso al conocimiento y al saber se generan oportunidades para la construcción
de la educación liberadora y contribuyen a la conquista de la ciudadanía, así como
lo señala Guajardo (2018). La concepción de nuevos modelos que aprovechen las
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exibilidades de la educación a distancia basadas en internet y la presencialidad,
donde el espacio físico es para compartir y debatir ideas como decían Aristóteles,
Platón y Sócrates es deseada y debe ser prioritaria en los años por venir para lograr
una mejor cobertura.
La magnitud de oportunidades que brinda la digitalización es proporcional a
sus retos. En el Plan de Acción de la CRES 2018 se habla de “Internet para TODOS”, el
reto no solo es de dotar de conectividad a los 4,100 millones de personas en el mundo
que no poseen; sino también tratar otros problemas derivados de este ecosistema
como son la ciberseguridad, la transparencia, la nube, la Inteligencia Articial, la
garantía de derechos fundamentales y la generación de valores especialmente los de
ciudadanía y democracia.
La educación y la ética: una propuesta para la participación ciudadana
La participación ciudadana, un término que debe concebirse con
responsabilidad, es la mediación para fortalecer las relaciones solidarias y empáticas
en las sociedades del siglo XXI, sociedades mundializadas cuyo involucramiento
es el potencial para lograr el desarrollo y bien-estar. Victoria Camps (2010) en su
obra El declive de la ciudadanía. La construcción de una ética pública, en el capítulo
2-Democracias sin demos plantea la importancia de la ética en estas sociedades,
armando que debe manifestarse desde aspectos como la solidaridad hasta la
instauración de una forma de estado-gobierno, esto incluso al elegir, por ejemplo,
a un representante gubernamental y en el uso de los caudales públicos (ya se ha
instaurado la rendición de cuentas como requisito).
Vale la pena mencionar que según los principios de la ética se requiere que cada
individuo viva la moralidad siendo consciente en quién se quiere ser, una moralidad
de la vida manifestada en precisamente quién se es, una moralidad que englobe a
la humanidad para considerar a quiénes y por quiénes somos, una moralidad de la
igualdad que se medirá en la justicia y la equidad y, por último, en la moralidad de la
comunidad cuando se tiene en cuenta el cómo debe proyectarse cada ser pensando en
ese bien-estar de todos.
¿Por qué una propuesta de ética desde la educación para el desarrollo
democrático en este siglo XXI?, aunque Zigmunt Bauman en Hernández Moreno
(2003) habla de una modernidad líquida, donde hay vínculos frágiles y donde
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predomina una relación humana rápida, momentánea y supercial, se tiene que
proponer la ética desde la educación para así lograr una participación constante y se
acabe esa “…concepción individualista del sujeto democrático” (Camps, 2010, p.
18) porque sin participación no existe democracia. Es aquí donde hay que preguntar
¿por dónde comenzar?, pues a partir de una concepción donde la educación es lo
esencial, para que sea desde ella que se enseñe la ética para la vida de forma constante
y permanente, y así fortalecer a un ciudadano participativo y con ello consolidar la
democracia. Por lo que Camps (2010) hace el llamado a una participación para que
exista seguridad a lo que se pertenece, un compromiso al lugar de donde se procede y
a quiénes se debe, ese sentido de identidad ciudadana imprescindible para enriquecer
a la democracia. Un ciudadano capaz de intervenir en la toma de decisiones, de
entender que su participación aportará a construir sociedades más justas.
Los valores, aunque arquetipos (como la libertad, el respeto y la tolerancia)
aportarán a alcanzar objetivos comunes tanto políticos, como sociales y económicos
que contribuirán a un desarrollo humano global, tan necesario en estos momentos de
crisis. Por esto es por lo que se habla de la ética desde la educación, la que permitirá
que haya conanza en las agendas gubernamentales, por ejemplo, así como servirá
para hacer una elección de los líderes basados en todo un conjunto de valores
reejados por sus acciones destinados al bien común. Arma Camps que debería
instaurarse una “…educación para la ciudadanía” (p. 59), porque es desde allí que se
le debe promover y desde edades tempranas. Para formar en la ética y así vincularse
en la sociedad en una convivencia en armonía y en constante participación, como
bien lo decía Aristóteles (citado por Camps, 2010), quien “…concibió la tarea moral
como la de formar un carácter que hiciera de la persona alguien capaz de contribuir al
mejoramiento de la polis” (p. 5) esta concepción es, sin lugar a dudas, una necesidad
para crear democracia y con esto contribuir al desarrollo humano de las sociedades
del mundo.
¿Cómo implementarlo? Por medio de una cultura política para la
democratización mediada por la educación para así lograr “…el equilibrio entre
libertad y responsabilidad en la vida ciudadana…” (Romero, 2014, p.15), este
autor también menciona que se puede comenzar en “…liberar al Estado del control
partidario… Controlar la corrupción… Integrar un equipo altamente profesional
para gobernar, que incluya a los más capaces y honestos, más allá de su militancia
partidaria” (p.16), es decir, desde una gobernanza desde la perspectiva de la ética.
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Se puede lograr participar desde la educación y Camps (2010) plantea que para que
haya democracia “1) el ciudadano no es solo sujeto de derechos, sino también sujeto
de deberes; 2) la ciudadanía consiste en ejercer la libertad responsablemente; 3)
la responsabilidad es el momento afectivo de la formación de la voluntad moral”
(p. 20). Esta misma autora propone que otra forma para atenuar la indiferencia a
la participación es ser conscientes de la responsabilidad e implicación en la toma
de decisiones para crear a un ser activo con ética ciudadana, porque “…la salud de
una democracia no depende solo de la existencia de unas instituciones sino de la
cooperación de una ciudadanía activa” (p. 18), armación que sirve para razonar la
participación para la democracia, porque creará un entorno propicio para que la toma
de decisiones esté en el control de los ciudadanos y que sean ellos (todos) los que
hagan que los derechos regulen esas relaciones humanas, sin olvidar cumplir con los
deberes.
Articulación de las políticas públicas para la construcción de un sistema de
gobernanza en educación
De acuerdo con lo descrito en las secciones anteriores, los aspectos importantes
para signicar la denición de políticas públicas en general y, en particular, las
políticas públicas para el sector educación en cuanto a que ningún Sistema Educativo,
en cualquier país del mundo, podrá tener éxito o altos o medianos indicadores de
logro si en principio el Estado no ha establecido en su quehacer gubernamental un
modelo de gestión o, simplemente, una cultura institucional en cuanto a que el trabajo
de las diferentes instituciones o sectores que atiende la problemática de la sociedad
debe tener un alto grado de planicación, comunicación, objetivos comunes y con
una visión prospectiva. Además, con un estilo de gestión donde la articulación de
los programas y proyectos, así como la denición de las políticas públicas sean
instrumentos y normativas creadas con la visión participativa y que se constituya en
una red articulada de propósitos y acciones cuyo n último, o resultados, logrados
sea el de contribuir, subsanar, reducir la problemática social de los diferentes sectores
que atiende el Estado para alcanzar propuestas y eventos de mejora continua para el
logro del desarrollo humano en los diferentes espacios o comunidades que conforman
la nación.
En esta parte se hace un alto para revisar de forma rápida el término de políticas
públicas ligado al término bastante usado en la gestión pública y gobernanza, Vegas
M.H. (2017) considera que “…la gestión pública es una estructura procedimental
de acción gubernamental que lleva tareas de servicio a la sociedad a través de
mecanismos legales y de ejecución política denominadas en muchas ocasiones como
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políticas públicas” (p. 2). Siendo el propósito de prestar servicio a los ciudadanos a
n de lograr una vida buena o con calidad.
Una buena gestión pública está muy relacionada con las acciones de la
gobernanza. Parte de la construcción participativa, concertada, legitimada y socializada
de las políticas públicas, las que serán articuladas en los diferentes estamentos o
niveles de la planicación en los planes estratégicos, los planes operativos, a mediano
y corto plazo. Destacamos aquí el concepto de la gobernanza. Según Vegas (2015)
citado por Vegas Meléndez (2017) la gobernanza es “…una estrategia de acercamiento
que permite incorporar diversos actores sociales e instituciones gubernamentales, o
no, en la construcción de modelos autóctonos que permiten visualizar lo local desde
la base social, partiendo del consenso/acuerdo; aspectos que validan una gestión
vinculada a políticas públicas sustentables y de servicios públicos pensados en la
ciudadanía” (p.164). Vegas M.H. (2017) citando a Vegas (2009), postula que una
política pública “…representa un conjunto de acciones/actividades enmarcadas
en normas y procedimientos regulatorios cuya orientación está dada a satisfacer
necesidades colectivas promovidas por el Estado y por la presión social” (p. 6).
Pérez M.L.E. (2007) en su ensayo asegura que “…tradicionalmente las
políticas públicas se diseñan y ejecutan sin tomar como referente las obligaciones
constitucionales e internacionales del Estado en materia de derechos humanos” (p.143),
por lo tanto “…los planes de desarrollo denen estrategias y programas sin valorar
de manera suciente su impacto sobre la realización de los derechos económicos,
sociales y culturales” (p. 143), también plantea que “…las políticas educativas no
siguen un enfoque de derechos humanos” (p. 143) limitando la “…efectividad del
derecho a la educación” por lo que no se cumple con “…las obligaciones de respeto,
protección y realización progresiva del mismo” (p. 143). En relación con cómo
incluyen las políticas educativas en la planicación del Estado, Pérez M. L. E. (2007)
menciona que en los planes de desarrollo se resalta el aspecto de la “…productividad
y los rendimientos económicos” minimizando o ignorando “…la realización del
derecho a la educación” (p. 148).
De acuerdo con Pérez M.L.E. (2007) “…un plan de desarrollo educativo que
tenga como eje el derecho a la educación y la garantía de todos los derechos humanos
en la educación debe empezar por reconocer en la planeación de la educación una
política para realizar un derecho social” (p. 149). La complejidad de esta acción
prevalecerá frente a “…la planeación de nueva infraestructura o de una política
comercial” (p. 149).
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¿Entonces qué debe prevalecer en un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué
aspectos o principios serán fundamentales respecto a las políticas de educación? Las
características que favorecen un buen Sistema Educativo Nacional se fundamentan
en la denición de políticas educativas que respeten y signiquen los principios del
bien común, la educación como un derecho humano, la gratuidad de la educación
como responsabilidad absoluta del Estado (M. L. Pérez, 2007, p. 150).
Tomaševski, K. (2001) citada por M. L. Pérez (2007), en su condición de
Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación asevera
que:
…la efectividad de este derecho supone la realización simultánea de cuatro derechos
y el cumplimiento de cuatro conjuntos de obligaciones por parte del Estado: el
derecho a la disponibilidad de enseñanza y la obligación de asequibilidad, el derecho
de acceso a la enseñanza y la obligación de accesibilidad, el derecho de permanencia
en el sistema educativo y la obligación de adaptabilidad, y el derecho a una educación
aceptable y la obligación de aceptabilidad. (p. 150)
Las políticas educativas nacionales tendrán como referente principal los
conceptos y principios planteados por la UNESCO mediante las conferencias
mundiales y regionales. Igualmente deberán estar articuladas al compromiso
adquirido por el Estado a cumplir con el desarrollo y ejecución de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General
de las Naciones, donde se detallan los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en
especial el Objetivo No. 4 donde se conrma que se debe “Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para toda la consecución de una educación de calidad es la base para
mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible” (Informe ODS 2030,
2020, p. 5).
Estos 17 ODS serán articulados, entre sí, en el Plan Nacional de Desarrollo de
País, así como en el Plan Sectorial de Educación Integral que sea representativo de
los diferentes niveles de la educación prebásica (para la primera infancia) educación
básica, media, educación técnica no universitaria, educación superior y, también,
la educación no formal. “Los ODS también son una herramienta de planicación
para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo,
constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido,
inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e
instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación” (Informe ODS 2030, 2020, p.
5).
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Las políticas públicas para la sostenibilidad de los Sistemas Nacionales
de Educación deberán llevar como propósitos fundamentales el uso eciente y
transparente de los recursos materiales e inmateriales asignados, la construcción de
una educación inclusiva de la diversidad, el acceso de la mayoría o a los sectores que
requieran de una educación formal o educación no formal, técnica no universitaria,
educación técnica universitaria, también universitaria en licenciaturas, especialidades,
maestrías, doctorados y posdoctorados.
Igualmente, una política pública coherente, pertinente y articulada con las
otras dimensiones o sectores productivos, cuyas acciones educativas incidan en
las dimensiones de la diversidad ambiental, ecológica, económica, salud y social
(cultura, arte, deportes). Estas políticas públicas articuladas podrán ejercerse con
lógica e interés ciudadano, y de autoridades gubernamentales que son conscientes
y poseen un compromiso social y de nación para lograr resultados propuestos en
los Planes Estratégicos del Estado-Gobierno, Planes Operativos Institucionales, Plan
Estratégico del Sector Educativo (PESE), Plan Estratégico de la Educación Superior,
de Comunidades y de Sectores (DES, Informe I, 2018).
La educación: planicación en prospectiva desde las universidades
El Sistema Educativo en sus diferentes niveles y en especial el Sistema de
Nivel Superior siguen siendo el referente y el espacio público para el diálogo, la
formulación de política pública, el establecimiento de estrategias de gobernanza
(Dirección de Educación Superior-DES 1988, Ley de Educación Superior-LES y sus
reglamentos 1989).
El nivel de Educación Superior representado a través de las instituciones
de educación superior de las universidades hondureñas es el espacio público y la
dimensión que convierte a la educación con calidad, inclusión, equidad, pertinencia,
es la alternativa que hará que los hondureños logren un desarrollo humano sostenible,
para lograr solventar la superación de la inmediatez (Normas Académicas del Nivel
de Educación Superior de Honduras-1994, A. Serrano y H. Stein, 2021).
Las instituciones de educación superior dentro de sus visiones y misiones
están orientados a desarrollar un compromiso social, una educación de calidad, ofertar
la formación con pertinencia y gozar de una autonomía institucional académica y
o nanciera (Normas Académicas del Nivel de Educación Superior de Honduras,
1992).
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Las instituciones de educación superior tienen el propósito de la formación
profesional por medio de sus tres funciones esenciales la docencia, la investigación y
la vinculación desarrollando la ciencia y la tecnología, además, tiene la obligación de
construir y generar cultura, desarrollar las artes, las humanidades, la ética, la identidad
y la ciudadanía (Ley de Educación Superior de Honduras-LES y sus reglamentos
1989; V. G. Alfaro, 2021).
La planicación en prospectiva es una condición fundamental para afrontar
las realidades y los retos existentes dentro del Sistema Educativo Nacional y en el
espacio sociedad, ciudad y comunidad local (Calderón S. R., 2021). En relación con
esto la UNESCO ha iniciado un proyecto denominado Los Futuros de la Educación
Superior hasta el 2050. El 25 de mayo de 2021 ha presentado el Informe Pensar más
allá de los límites, perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050,
estos constituyen los primeros avances en la etapa inicial de consultas a expertos. A
continuación, el resumen de algunos aspectos importantes de acuerdo con el informe:
Los mensajes claves se han fusionado en cuatro amplias declaraciones sobre el futuro
de la educación superior. En esta visión compuesta, la educación superior asume una
responsabilidad activa por nuestra humanidad común:
• Abre y desarrolla el potencial de todos los seres humanos.
• Afronta los riesgos y tiende puentes entre el tiempo, las personas y los lugares.
• Deende el conocimiento y las formas de saber, en tanto que es un bien público
mundial. Promueve el bienestar y la sustentabilidad.
• Se orienta hacia la justicia, la solidaridad y los derechos humanos.
• Respalda un proyecto de vida que fortalece a las personas, sus familias, las
comunidades y la humanidad.
• Actúa y se organiza de manera ética, sostenible y responsable. Se nutre de la
diversidad intercultural y epistémica.
• Preserva las identidades y las culturas, ya sean colectivas, institucionales o
personales.
• Crea espacios para la reexión y el diálogo.
• Realiza comparaciones de buena fe, sin imponer ni presuponer homogeneidad.
Deende y crea interconexiones a múltiples niveles.
• Fragua colaboraciones entre personas, grupos y comunidades locales y globales.
• Mantiene los vínculos entre las IES, los niveles de educación y el aprendizaje formal
e informal. 20
• Relaciona a los seres humanos con los seres no humanos, la tierra y el universo
(UNESCO-IESALC, 2021, pp. 49-50).
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De acuerdo con este resumen aportado por los expertos, consultados con la
UNESCO, se confronta con una realidad presente en donde prevalecen las inequidades
de la humanidad contra la humanidad, aquellas que se deben comenzar a eliminar;
la educación es el punto focal, es la acción que por excelencia ha cambiado la vida
de muchos ciudadanos del mundo, pero esto no debe ser acosta de la carencia o la
falta de asequibilidad, accesibilidad, de adaptabilidad y de aceptabilidad de las
mayoría de la población mundial a los procesos educativos; así también el resumen
desafía a los Sistemas de Educación Nacional y en especial al Nivel de Educación
Superior a proporcionar ideas, conceptos y propuestas innovadoras de acción, en los
diferentes campos del conocimiento, al Estado, gobierno, empresas, comunidades
a la sociedad en general; son las universidades públicas o privadas las llamadas a
actuar en colaboración aportando para la gestión pública y la ejecución de la política
pública, generando ciencia, investigaciones, debate y soluciones, todo ello para el
bien común, para que la educación se constituya en uno de los factores más fuertes
para el logro del desarrollo humano sostenible.
Debe existir un replanteamiento del enfoque educativo que lleve a alcanzar
la transformación de la educación con una perspectiva crítica y epistemológicamente
emancipadora frente a la hegemonía de modelos educativos que, aún en el siglo XXI,
se perciben bizantinos y perpetuadores de la segregación.
La transformación digital educativa pasa por un consenso y alianza entre
los diferentes actores: Estado, empresas e Instituciones de Educación. Alianza que
es fundamental en estos tiempos difíciles donde el futuro ya llegó, y que exige un
compromiso inmediato para el desarrollo sostenible. Es una visión sistémica y, a
largo plazo, que se debe priorizar en estos momentos de incertidumbre. El desarrollo
de una ´cultura educativa´ no es solamente una acción, es una estrategia que debe
priorizarse. Se deben ampliar los modelos, adaptarlos a los nuevos actores y a las
nuevas generaciones que son más escolarizadas, pero con peores perspectivas que las
anteriores, lo que provoca una interacción o cohabitación conictiva y desaante.
Por consiguiente, la reconguración del sistema educativo estaría sujeta a un
nuevo planteamiento de las políticas educativas, lo cual equivaldría a una auténtica
apuesta, encaminada a una ruptura estructural en la continuidad programática de las
políticas educativas previamente establecidas, que a la vez apunten a determinadas
acciones estratégicas, tanto para generar indicadores educativos satisfactorios como
al desarrollo humano en los países.
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Lorena Suazo, Marlenne Ordóñez, Rosa Elia Sabillón, Orlando Martínez, Yuri Fortín
Perspectivas del Desarrollo Perspectivas del Desarrollo
235
Año 6/No 1/ Octubre, 2021
ISSN: 2414-8903 Línea
CÍRCULO TEMÁTICO: EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Lorena Suazo Marlenne Ordóñez Rosa Elia Sabillón Orlando Martínez
Yuri Fortín
LA TRASCENDENCIA DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS: UNA MEDIACIÓN PARA EL
DESARROLLO HUMANO.
