El propósito de este artículo es socializar los hallazgos más relevantes de nuestra investigación académica, relacionada con el análisis de los posicionamientos de organizaciones de la sociedad civil de Honduras y su visión de desarrollo, ante los procesos de negociación y aprobación de los acuerdos comerciales, particularmente, del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana (TLC) y del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica (AdA). Se utilizaron en la investigación los planteamientos teóricos de la Economía Política, para analizar la orientación y características de un nuevo desarrollo, diferente al “desarrollo” promovido por la globalización neoliberal basado en el crecimiento económico. Las organizaciones de la sociedad civil defendieron dos posiciones frente a las negociaciones. Una, era la oposición rotunda a la aprobación del TLC y del AdA, proponiendo un modelo de desarrollo alternativo. La otra era tratar de incidir en algunos actores clave para que los planteamientos de las organizaciones se reflejaran en los textos de los acuerdos. Sin embargo, no se logró influir, ya que ambos acuerdos fueron aprobados por el Congreso Nacional de Honduras, sin tomar en cuenta las demandas de las organizaciones. Las visiones de desarrollo de las organizaciones constituyen un importante aporte a las opciones de desarrollo nacional, ya que enfocaron sus prioridades en el ser humano, el respeto a los recursos naturales y en el rol del Estado como garante del cumplimiento de los derechos humanos y la justicia para todos.
Participación, sociedad civil, acuerdos comerciales, incidencia, desarrollo.
The purpose of this article is to share the key findings of an academic research that analyses the views and development vision of Honduran civil society organizations regarding the processes of negotiation and approval of trade agreements, particularly the Central America Free Trade Agreement (CAFTA DR) and the European Union-Central America Association Agreement (AA EU-CA).The theories of Political Economy were used to assess the thrust and characteristics of a different conception of development in contrast to the “development” based on economic growth as proposed by neoliberal globalization. During the negotiations of the above mentioned agreements, civil society organizations defended two positions. On the one hand, outright opposition to the approval of CAFTA DR and AA EU-CA, and the proposal of an alternative development model. On the other hand, a concerted effort by some organizations to influence key actors of the process so that the views of these organizations be included in the final agreements. However the efforts of the organizations were fruitless as the demands of civil society were disregarded in both agreements that were approved by the National Congress. In conclusion, the development vision of the civil society organizations is an important input to the strategies for national development as their views focus on the welfare of human beings, the respect for natural resources and on the role of the state to guarantee human rights and justice for all.
Participation, civil society, trade agreements, lobby and advocacy, development.
En un estudio del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), se plantea que con una población estimada en 8.5 millones, el número de pobres en Honduras en 2013, ascendía a 5.5 millones de personas (es decir, un 65% del total de la población), de los cuales 3.6 millones vivían en extrema pobreza y 1.9 millones en pobreza relativa; lo que da una idea de la magnitud del reto que es necesario superar, para proporcionar mejores condiciones de vida a esta población excluida. Como puede deducirse de las cifras de pobreza presentadas, la mayor parte de la población hondureña no ha sido beneficiada por el supuesto derrame de la riqueza producida por toda la sociedad.
En este contexto de inequidad y exclusión social provocadas por un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, con el libre mercado como eje clave para su funcionamiento, se inscribe el protagonismo de los tratados comerciales, como instrumentos claves para refuncionalizar este modelo. Desde las organizaciones de sociedad civil, estos tratados son percibidos como factores de mayores amenazas y riesgos para el bienestar y desarrollo humano de la mayoría de la población, ya que afectan las posibilidades de construir opciones alternativas al modelo de desarrollo neoliberal, que prioricen la satisfacción de las necesidades del ser humano y la defensa de la naturaleza.
El propósito de este artículo es analizar la participación de organizaciones y redes de la sociedad civil de Honduras, en la negociación y aprobación de acuerdos comerciales, particularmente, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC), en el período 2002-2005 y del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica (AdA), en el período 2006- 2009.
Al no existir investigaciones sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil de Honduras en los procesos de negociación y aprobación de acuerdos comerciales, la novedad de la tesis radica en profundizar, con base en evidencias documentales y empíricas, en los factores que posibilitaron la construcción de los planteamientos y de la visión de desarrollo de las organizaciones de sociedad civil de Honduras, ante el TLC y el AdA, con el fin de tener también el criterio de diferentes sectores económicos y sociales del país, sobre los eventuales resultados e impactos de estos acuerdos.
Así, la finalidad del artículo es socializar, de manera resumida, los hallazgos que sustentan nuestra tesis doctoral, referida al análisis de los posicionamientos de redes y organizaciones de la sociedad civil de Honduras y su visión de desarrollo, en relación a los acuerdos comerciales señalados, desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible.
Para abordar el tema del posicionamiento de las organizaciones de sociedad civil ante los acuerdos comerciales, se consideró pertinente utilizar en la investigación, los postulados y planteamientos teóricos de la Economía Política para analizar la orientación y características de un nuevo desarrollo, frente al convencional promovido desde la globalización neoliberal. De manera concreta, este enfoque toma en cuenta las estructuras socio económicas y políticas de Honduras, como elementos claves para valorar el alcance de dichos tratados, ya que sus dinámicas y consecuencias no se pueden comprender de forma integral solamente por la medición de variables económicas, sino también por el análisis de las estructuras, instituciones y relaciones sociales que determinaron los objetivos y resultados de las negociaciones.
Bajo esa fundamentación teórica general, se asume la noción de Desarrollo Humano Sostenible (DHS), como la categoría central de la investigación. En consecuencia, se ha analizado el significado conceptual de otras nociones de desarrollo, tales como desarrollo a escala humana planteada por Manfred Max-Neef; desarrollo para la Vida (Economía para la Vida) de Franz Hinkelammert; una economía a favor de la comunidad, el ambiente y un futuro sostenible de Herman Daly y John Cobb Jr., desarrollo humano y otras nociones contemporáneas que rescatan, entre otros, el énfasis del desarrollo hacia la satisfacción de las necesidades humanas, el desarrollo de capacidades de los individuos, el respeto a la naturaleza y la pertinencia étnico- cultural.
Desde el paradigma constructivista se utilizó una metodología cualitativa, para comprender las dinámicas del contexto hondureño y centroamericano en los períodos de tiempo analizados.
Para concretar el proceso investigativo, se operó con tres grandes unidades de análisis: a) Información documental, b) Organizaciones y redes de la sociedad civil a título individual y, las que estuvieron agrupadas en el espacio de la Coalición Hondureña de Acción Ciudadana (CHAAC) y c) las ONG internacionales, integrantes del Espacio de agencias de cooperación internacional (ACI).
El universo de sujetos de estudio con que se trabajó fueron los representantes de organizaciones y redes de sociedad civil, tanto las que fueron miembros de la CHAAC, como otras no integradas en este Espacio; personal técnico que laboró para la CHAAC y representantes de agencias de cooperación que apoyaron acciones de cabildeo e incidencia de las organizaciones y redes ante los tratados comerciales.
Fueron entrevistados directivos y técnicos de organizaciones sociales y ONG con trabajo en los departamentos de Intibucá, Copán, La Paz, Comayagua y Francisco Morazán, que participaron en acciones de incidencia ante el TLC y el AdA. Igualmente, representantes y ex funcionarios de agencias de cooperación, lo mismo que otros actores de sociedad civil y del gobierno de Honduras vinculados a los procesos de incidencia y negociación de acuerdos comerciales.
Se recopilaron y revisaron documentos generados tanto por las organizaciones de la sociedad civil como por las agencias de cooperación, relacionados con los procesos de incidencia desarrollados ante el TLC y el AdA. Las variables utilizadas en el caso de la sociedad civil fueron sus planteamientos políticos, económicos, ambientales y sociales; realizándose también un análisis comparativo de lo realizado y alcanzado por las organizaciones ante el TLC y ante el AdA. En el caso de las ONG internacionales, las variables incluyeron la cooperación técnica, financiera y política, brindada a la sociedad civil en el tema de comercio y acuerdos comerciales.
Las negociaciones
Los países de Centroamérica acordaron que los equipos de negociación estarían integrados, exclusivamente, por funcionarios de gobiernos y que las propuestas de negociación serían para la consideración de los gobiernos. La participación del sector privado se daría únicamente bajo la modalidad del “cuarto adjunto”, como mecanismo de contacto, información y consulta. De igual manera, se convino que cada país atendería lo relativo a la coordinación con el sector privado u otras organizaciones que participaran en las rondas de negociación2.
Desde un inicio las negociaciones tuvieron un carácter excluyente, ya que no se contempló la participación directa de la sociedad civil en las mismas, sino solamente en determinados espacios y para propósitos informativos. Lo anterior dice mucho en contra de la transparencia e inclusión que, tanto pregonan los gobiernos, ya que excluyeron a representantes de buena parte de la sociedad centroamericana de la toma de decisiones que afectarían, prácticamente, a toda la población de la región.
En relación al AdA UE-CA, los responsables de negociar diálogo político y cooperación, eran los vice cancilleres de cada país centroamericano, mientras que el aspecto comercial lo asumieron los vice ministros de economía, industria y comercio. Por la Unión Europea, la Comisión Europea coordinaba todos los temas, por mandato de los diferentes gobiernos.
González, Anabel, 2006, “El proceso de negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos: la experiencia del tratado de libre comercio entre Centroamérica, EEUU y República Dominicana”, BID/Instituto para la integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos (ITD), Documento de Divulgación 42, pp.5-6.
La sociedad civil, tanto nacional como centroamericana, no estaba participando activamente en el proceso de incidencia en las negociaciones; en algunos casos, porque los gobiernos no ofrecían la apertura necesaria pero, también, porque muchas organizaciones se negaban a participar.
Las redes regionales se agrupaban de acuerdo a su posicionamiento ante los tratados de libre comercio. Por un lado, la Alianza Social Continental (ASC)3, Centroamérica por el Diálogo (CAD) y Vía Campesina, que manifestaban su oposición a los acuerdos comerciales. En Honduras, el Bloque Popular (BP) pertenecía a la ASC; la Vía Campesina y el COCOCH como su referente nacional, también formaban parte del BP. Por su parte, COPINH, OFRANEH y la Red Comal estaban integradas en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP).
Por otra parte, la Iniciativa CID4 y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo A.C. (ALOP)5 consideraban más oportuno incidir a partir de la investigación y elaboración de propuestas. En Honduras, el FOSDEH es miembro de la Iniciativa CID; mientras que la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) y el Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER), figuraban como miembros de ALOP.
Los espacios de sociedad civil reconocidos, desde 2003, por el Acuerdo de Diálogo y Cooperación, eran: por Europa, el Consejo Consultivo Social Europeo (CCSE) y, por Centroamérica, el Consejo Consultivo del SICA (CC-SICA). En Honduras, el Comité Consultivo Nacional para el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (CC AdA CA-UE HON) inicia actividades el 7 de mayo de 2008, facilitado por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y el Consejo Económico y Social (CES).
Según una técnica del FONAC, esta institución actuaba como facilitadora de los procesos de encuentro y análisis de las organizaciones de sociedad civil, antes y durante las negociaciones del AdA. Los negociadores, incluyendo al negociador jefe, Melvin Redondo, se presentaban al CC, para informar como iban las negociaciones. Precisaba, también, que los documentos de negociación no se compartían, es decir, no se entregaba ningún documento a los representantes de las organizaciones, quienes solo podían tomar notas6.
3. Para mayor detalle, ver información institucional en: asc-hsa.org, consultado el 4 de octubre de 2014.
4. Ver información institucional en: iniciativa.cid, visitado el 4 de octubre de 2014.
5. Para mayor información, ver: www.alop.org.mx, visitado el 4 de octubre de 2014.
6. Entrevista con Yeni Canales, Facilitadora del FONAC, Tegucigalpa, 19 de agosto de Como puede apreciarse, a pesar que se creó una instancia nacional donde participaban diferentes sectores empresariales y representantes de la sociedad civil hondureña, este espacio era de carácter informativo, de intercambio de posicionamientos, de encuentro de los diferentes sectores sociales, pero en el cual no se presentaban propuestas.
Entenderemos por condicionamientos externos, aquellos factores que influyeron en el contenido de los planteamientos de la sociedad civil, y cuya dinámica estaba fuera del alcance de las organizaciones y redes. En cambio, los internos, se refieren a aquellos factores determinados por la propia dinámica organizativa y política de las organizaciones y redes.
Tanto en el caso del TLC como en el del AdA, el carácter excluyente y antidemocrático de las negociaciones creó dificultades y limitaciones a representantes de la sociedad civil (organizaciones campesinas, de mujeres, pequeños productores, indígenas…), para plantear sus demandas y que estas fueran tomadas en cuenta en la mesa de negociaciones.
Uno de los factores que más influyó en las acciones de movilización y protesta del movimiento social hondureño contra el TLC, en el período 2002-2005, fue conocer y analizar las consecuencias que para los pequeños productores agrícolas mexicanos estaba teniendo el TLCAN firmado con Canadá y los Estados Unidos en 1992 y vigente desde el 1 de enero de 1994.
La experiencia mexicana en el TLCAN, compartida por profesionales de ese país, fue utilizada por los dirigentes del movimiento social, no solo para informar y educar a los representantes y grupos de base de las organizaciones, sino también en actividades de cabildeo e incidencia con funcionarios del gobierno y diputados del Congreso Nacional, para argumentar por que el TLC no debía ser aprobado.
Durante los procesos de negociación y aprobación del TLC, varias organizaciones regionales de América Latina y el Caribe, como la Iniciativa CID, y la ASC en alianza con organizaciones hondureñas, realizaron diferentes actividades como foros, encuentros, análisis técnicos, posicionamientos políticos, en los cuales se valoraban los riesgos de suscribir el TLC, al igual que sus potenciales efectos, pero también se propusieron medidas para hacer del comercio un instrumento para el desarrollo.
En el caso del AdA, las redes centroamericanas y latinoamericanas de sociedad civil, defendieron dos posiciones en relación a los tratados de libre comercio que eran compartidas por sus referentes nacionales, En una de ellas, redes como ALOP y la Iniciativa CID eran partidarias de tratar de influenciar en las negociaciones mediante la investigación y acciones de cabildeo e incidencia. En cambio, la otra posición, defendida por redes y organizaciones como la ASC y la Vía Campesina, se oponía a los tratados comerciales, considerándolos como un esquema más de dominación sobre las riquezas de los pueblos centroamericanos.
Nivel de desarrollo organizativo y político de las organizaciones y redes7
Las acciones de movilización y protesta contra el TLC, lo mismo que los foros, encuentros y acciones de cabildeo e incidencia de las organizaciones sociales, mostraron una fortaleza organizativa que les permitió coordinar actividades en diferentes partes del país, realizar encuentros y foros de discusión, capacitar a sus dirigentes y grupos de base, sostener reuniones con autoridades del gobierno central y del Congreso Nacional, y realizar protestas como medidas de presión social, en función de sus planteamientos contrarios a la suscripción del tratado.
7. Por desarrollo organizativo, se entenderá el proceso de funcionamiento de las estructuras de una organización (asambleas, juntas directivas, cargos administrativos, grupos de base y membrecía), la coordinación entre las mismas, una adecuada comunicación interna y una participación activa de sus miembros, en función del cumplimiento de sus objetivos Se entenderá como desarrollo político las capacidades de una organización para interpretar la realidad en que se desenvuelve y, a partir de ello, analizar las causas de los problemas a los que se enfrenta, desarrollando las acciones y alianzas necesarias para enfrentarlos).
Las organizaciones sociales al cuestionar las estructuras del poder económico y político ejercido por ciertos grupos nacionales vinculados al capital extranjero, visualizaron los tratados de libre comercio, como otro instrumento de dominación del sistema imperante, con potenciales efectos negativos para la mayoría de la población pobre del país y, a partir de esta valoración, establecieron de manera estratégica alianzas con otras organizaciones en su lucha contra el TLC, en una experiencia que constituyó una importante demostración de la capacidad del movimiento social hondureño para establecer amplias coaliciones en torno a un tema puntual.
Resumiendo, en el caso del TLC, se combinaron las fortalezas organizativas y políticas de las organizaciones y redes, lideradas por el Bloque Popular y la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, de forma tal que lograron movilizar a miles de personas, atraer a otras organizaciones de sociedad civil y elaborar análisis y planteamientos serios alrededor del tema del libre comercio y los tratados comerciales.
A nivel organizativo, quizá el principal factor que contribuyó en la construcción de los planteamientos de organizaciones y redes de sociedad civil ante el AdA, fue la decisión de integrarse en un espacio de coordinación, que dio como resultado la creación de la CHAAC.
En el caso del AdA, como expresión del desarrollo organizativo y político de la CHAAC y sus aliados, se formaron y capacitaron a líderes comunitarios y de base y a representantes de las organizaciones de la CHAAC, sobre las posibles implicaciones del Acuerdo, especialmente, para los pequeños productores agrícolas; se elaboró de manera participativa una propuesta alternativa al AdA, la cual se analizó y discutió con las organizaciones miembros de la Coalición, utilizándose en los espacios de cabildeo con representantes del gobierno y de la UE, incluyendo encuentros directos con el Presidente Zelaya.
Las alianzas establecidas con redes regionales, al igual que la visión estratégica de las organizaciones nacionales para comprender las posibles implicaciones políticas, económicas, sociales y ambientales del TLC, les permitió gestionar y contar con la participación de profesionales de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, El Salvador y de otros países, vinculados con los movimientos sociales, quienes apoyaron la capacitación de los miembros de las organizaciones y redes en temas de comercio y tratados comerciales, lo mismo que la elaboración de documentos que se utilizaron en las acciones de cabildeo e incidencia ante el gobierno central y el poder legislativo.
El apoyo técnico y financiero de las agencias de cooperación del Grupo de Comercio del espacio ACI, fue clave para contar con un equipo técnico que contribuyó en la elaboración de los planteamientos de las organizaciones y redes ante las negociaciones del AdA.
Las agencias de cooperación jugaron un rol poco relevante durante las negociaciones del TLC (2003), pero su apoyo a organizaciones nacionales fue más activo durante la etapa previa a su ratificación por el Congreso Nacional (o sea, entre septiembre 2004 y marzo 2005) y en el monitoreo a su implementación (2007-2010).
El papel de varias agencias de cooperación del espacio ACI, en el funcionamiento y en la realización de acciones de cabildeo e incidencia de la CHAAC, para la construcción de sus planteamientos ante el Acuerdo de Asociación, fue determinante. De acuerdo con los diferentes reportes analizados, entre las principales agencias que apoyaron estos esfuerzos se encontraban: Christian Aid y Oxfam (Reino Unido), Oxfam Internacional, Trocaire (Irlanda), Diakonia y Forum Syd (Suecia), Dan Church Aid y MS-Action Aid (Dinamarca), Pan para el Mundo (Alemania), VECO Mesoamérica (Bélgica), las que aportaron un monto que ascendió a un poco más de medio millón de dólares, en el período 2004-2009. Los recursos se orientaron, principalmente, para cubrir los costos de funcionamiento de la Coalición y la contratación de personal técnico y de apoyo.
La posición del Bloque Popular, cuando se anuncian las negociaciones del TLC en 2002 fue de rechazo a la aprobación de un acuerdo de los Estados Unidos con Centroamérica, que condicionara el otorgamiento de beneficios comerciales al cumplimiento de normas mínimas en materia de protección a los derechos civiles y políticos, que no potenciara el desarrollo económico de los países, que no redujera las enormes brechas de desigualdad existentes y que no garantizara la sustentabilidad y el respeto del medio ambiente.
Por su parte, la Iniciativa CID en un documento de enero 2004, al analizar los posibles impactos del TLC, sus oportunidades y amenazas, lo mismo que los ganadores y perdedores y, sin disponer del texto completo y oficial del TLC, planteaba que para que este Tratado pudiera contribuir a la equidad social y el desarrollo de los pueblos centroamericanos, era necesario considerar, en primer lugar, modificar buena parte de los enfoques y concepciones en que se han venido sosteniendo los tratados comerciales (la distinción entre estrategias de desarrollo y estrategias de inserción externa, el rol y concepción del comercio y la introducción del enfoque de Economía Política). En segundo lugar, era necesario impulsar transformaciones socioeconómicas, institucionales y legales para enfrentar, de forma adecuada, las oportunidades y amenazas que surgen de los tratados comerciales8.
El posicionamiento del Bloque Popular (BP)/Coordinadora Nacional de Resistencia Popular frente al TLC presentado ante el Congreso Nacional el 28 de septiembre de 2004, y contenido en una publicación de noviembre del mismo año, expresaba importantes argumentos debido a los cuales estas redes del movimiento social, consideraban que el Congreso no debía aprobar dicho Tratado, planteando al mismo tiempo alternativas para luchar en el corto y mediano plazo9.
A nuestro juicio, es el principal documento que fija con claridad estratégica, la posición del movimiento social hondureño ante el TLC, ya que profundiza en temas constitucionales indicando los artículos de la Constitución que se violarían con su aprobación; denuncia el carácter discriminatorio del “libre comercio” por parte de los países industrializados-Estados Unidos en este caso-, que exigen la apertura para sus exportaciones, pero establecen barreras de diverso tipo para las importaciones de países como Honduras; plantea de forma clara el riesgo para la seguridad alimentaria de la población pobre de Honduras, debido a la mayor productividad y desarrollo tecnológico de la agricultura estadounidense; devela los peligros de la cláusula “Inversionista-Estado” ante cualquier decisión soberana del Estado de Honduras que, así, ve limitadas sus competencias para orientar el desarrollo económico del país en función de toda la población y no de unos pocos; de igual manera, el movimiento social critica el monopolio y las consiguientes ventajas para las transnacionales que producen y venden semillas, al imponer sus condiciones leoninas a los campesinos nacionales.
Los posicionamientos contrarios del BP-CNRPal TLC, estaban fundamentados en un análisis histórico de cómo los países industrializados se habían desarrollado sin liberalizar su comercio (al contrario, lo habían protegido con aranceles y otras medidas); en los efectos de estos tratados en otros países (como México, por ejemplo) y, por último, en los perjuicios que las políticas de apertura total de la economía y las privatizaciones, sobre todo, a partir de 1990, habían ocasionado principalmente a los sectores empobrecidos del pueblo hondureño.
8. Iniciativa CID (enero 2004), Propuesta Ciudadana de transformaciones post-CAFTA en Centroamérica, pp. 79- 80, mimeo.
9. Bloque Popular/Coordinadora Nacional de Resistencia Popular/Coalición Hondureña de Acción Ciudadana, noviembre 2004, “¿Por qué el Congreso no debe aprobar el TLC?”, Ediciones Guardabarranco, Tegucigalpa.
Ante el AdA, la dirección política de la CHAAC cambió de estrategia, apostándole a la incidencia en las negociaciones, con el fin de que se incorporaran en los textos del Acuerdo las demandas de las organizaciones sociales y, para que dicho acuerdo fuera un instrumento de desarrollo, y no solo una vía para facilitar y proteger las inversiones y negocios de las corporaciones europeas.
La CHAAC desarrolló actividades orientadas a la formación de líderes comunitarios claves, sobre las eventuales implicaciones del Acuerdo; igualmente se desarrollaron foros y talleres nacionales de socialización de estrategias frente al AdA. La Coalición participó en reuniones y eventos de redes centroamericanas para consensuar estrategias comunes frente al Acuerdo de Asociación. Una vez iniciadas las negociaciones en octubre de 2007, se realizaron reuniones de cabildeo para la incorporación de la propuesta alternativa de CHAAC y sus aliados estratégicos, en las mesas de negociación10.
La propuesta de la sociedad civil centroamericana de abril 2009, es uno de los últimos documentos de análisis antes de la firma del AdA en mayo de 2010; se titulaba “Propuesta política de los movimientos, redes y organizaciones sociales de Centroamérica, a los Presidentes centroamericanos sobre el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”, y fue presentada por el Presidente Zelaya en la reunión del SICA, en Managua, en mayo de 2009. En esta propuesta se justificaba el cuestionamiento al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, reiterando que este acuerdo no era más que un tratado de libre comercio con dos aspectos adicionales de diálogo político y cooperación.
Tanto en el TLC como ante el AdA, las críticas y posicionamientos del movimiento popular, organizaciones y redes de sociedad civil, buscaban que dichos acuerdos fueran instrumentos que contribuyeran a fortalecer la justicia y el respeto de los derechos de toda la población, y no solamente los de las corporaciones transnacionales y sectores nacionales económicamente poderosos; y, también, que al Estado no se le limitaran sus facultades de orientar el desarrollo económico y social de Honduras, en beneficio de toda la sociedad.
10. CHAAC (agosto 2007), El Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centro América (AdA UE-CA), pp. 12-19. Disponible en: www.observatorioca-ue.com/?page=posiciones, recuperado el 20 de julio de 2013.
Ante las negociaciones del TLC y del AdA, las organizaciones y redes de la sociedad civil, apuntaron a priorizar la satisfacción de las necesidades de las personas, fortalecer sus capacidades organizativas y de propuesta y demandar un rol activo de un Estado democrático e incluyente, para favorecer a todos los sectores de la sociedad; planteando, al mismo tiempo, una explotación racional de los recursos naturales y priorizando la atención a la vulnerabilidad ambiental, principalmente, de la población que vive en condiciones de pobreza.
Conforme a lo antes señalado, valoramos que esta visión de desarrollo expuesta por las organizaciones de la sociedad civil ante el TLC y el AdA, se relacionaba, principalmente, con los planteamientos teóricos de Hinkelammert y Mora quienes defendían que el punto de referencia básico para la evaluación de cualquier racionalidad económica debe ser el ser humano en comunidad, como sujeto viviente […], sus necesidades y derechos11 y de Manfred Max-Neef quien en su propuesta de un desarrollo a escala humana plantea la necesidad de contraponer a la lógica de acumulación una ética del bienestar12.
Resumiendo, ante ambos acuerdos, las organizaciones defendieron el derecho a la vida de la población excluida, priorizando la satisfacción de sus necesidades fundamentales (alimentación, salud, vivienda, educación…) y el fortalecimiento de sus capacidades para defender sus derechos, en un contexto de respeto a la naturaleza y a la biodiversidad en general.
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones sociales y de promesas del entonces Presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo, para integrar comisiones de análisis con participación de representantes de la sociedad civil, el TLC fue aprobado por el Congreso el 3 de marzo de 2005; por lo que puede afirmarse que el resultado de las actividades de incidencia política de las organizaciones sociales ante el gobierno central y el poder Legislativo fue nulo.
11. Hinkelammert, F. y Mora H. 2005, Hacia una Economía para la Vida, Asociación Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, Costa Rica, p. 37.
12. Max-Neef, M. 2006, 3era edición, Desarrollo a escala humana, Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, Icaria editorial, Barcelona, p. 92.
Consideramos que el movimiento social no logró incidir, debido a que la aprobación del TLC era una decisión política compartida plenamente por el gobierno estadounidense, los gobiernos centroamericanos (incluyendo el hondureño) y los grupos económicos nacionales de los países involucrados, todos identificados con las políticas de liberalización comercial. De igual manera, la posición contraria del movimiento social a la aprobación de este acuerdo, no supuso presentar alternativas al TLC, ya que las organizaciones priorizaron su oposición al mismo.
Algunas expresiones de la incidencia social13, han sido el monitoreo del TLC que se hizo desde la CHAAC, lo mismo que evaluaciones independientes como la realizada por FOSDEH (2014), 14en la que se destaca, entre otras cosas, el incremento del déficit comercial con los EEUU; el no fortalecimiento del poder adquisitivo de los consumidores en general ya que los precios de ciertos productos importados (arroz, maíz, carnes, lácteos), son similares a los producidos localmente; la pérdida de más de un millón de empleos en el sector agropecuario, debido a las masivas importaciones de maíz, arroz y otros productos.
A la luz de los datos de la evaluación mencionada, puede afirmarse que algunas preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil en relación a las implicaciones del Tratado, parecen tener validez.
Al igual que con el TLC, en el caso del Acuerdo de Asociación, los resultados de las acciones de incidencia política de la sociedad civil hondureña, también fueron nulos, ya que no se logró incorporar en los textos del Acuerdo las demandas de las organizaciones, ni tampoco replantear las negociaciones, como lo propusieron varias organizaciones y redes, en abril de 2009. Este Acuerdo fue firmado por los gobiernos de la región en junio de 2012.
13. Entendida como los efectos de las acciones de las organizaciones sociales generados en otros sectores de la sociedad y la población en general (mayor conocimiento y debate sobre el tema de los acuerdos comerciales y sus impactos; mayor sensibilización de la población en torno al tema; utilización de los aprendizajes de las acciones de incidencia en otros procesos de defensa de los derechos humanos; realización de actividades de monitoreo de la ejecución de estos acuerdos, como en el caso del TLC…).
14. FOSDEH (2014), “Honduras: evaluación de 7 años de CAFTA-DR”, Tegucigalpa, pp. 3-4; 85-87, mimeo.
La falta de resultados de las acciones de incidencia ante el AdA por parte de las organizaciones y redes, conviene analizarse tomando en cuenta las actividades desarrolladas antes y después de la crisis política en Honduras, generada por el golpe de estado del 28 de junio de 2009. Así, en el período 2007-2009, los nulos resultados de la incidencia se explican porque las propuestas de las organizaciones de sociedad civil no fueron tomadas en cuenta por los equipos negociadores, quienes no consideraron temas como los subsidios agrícolas y los consiguientes riesgos para la seguridad alimentaria, la regulación de las inversiones extranjeras, la defensa de los derechos laborales, los efectos de la cláusula “Inversionista-Estado” y otros, que constituían preocupaciones de la sociedad civil hondureña y centroamericana. Es decir, que los negociadores defendieron su determinación de que el libre comercio y la apertura sin restricciones a la inversión extranjera, eran ejes claves de la estrategia económica para Honduras y el resto de los países de la región. Es evidente que lo anterior hay que enmarcarlo en la decisión política de los gobiernos de la Unión Europea y de Centroamérica de suscribir el Acuerdo, al margen de las críticas que plantearon importantes sectores de la sociedad civil europea y de nuestra región.