(untitled) (Revista Policía y Seguridad Pública, 2014)
Colombia heredó de las guerras civiles del siglo XIX una cultura de conflicto político, que tras un descanso, reapareció en la década de los cuarenta con la confrontación de los partidos tradicionales (liberal y conservador) y desde los años cincuenta con la aparición gradual de grupos de guerrilla, autodefensas, narcotraficantes, delincuencia común y organizada, entre otros, dando paso a un nuevo y complejo conflicto. Desde 1978 ha predominado la medida del Estado de Conmoción Interior para manejar la seguridad interna sin el reconocimiento del conflicto armado. La reforma constitucional de 1991 introdujo un nuevo sistema de justicia que, por mes, genera un promedio de 1500 reclusos, cantidad que actualmente desbordan la capacidad de las cárceles, administradas bajo el sistema progresivo de mínima, media y alta seguridad. Hoy, con la declaración del conflicto por el presidente Santos y una justicia transicional para el proceso de paz, está en curso la reforma del Código Penitenciario y Carcelario y fue decretada la emergencia carcelaria ante un nivel de hacinamiento del 52% y graves violaciones de derechos humanos de la población reclusa. DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v3i1.1330