El ascenso de Evo Morales al poder, en Bolivia, a la cabeza del Movimiento al Socialismo (en adelante, MAS) y en representación del bloque indígena y nacional-popular, supuso para las elites políticas tradicionales su reducción a condición de minorías. Ello, como resultado, además, del derrocamiento del orden político que dichas elites habían logrado establecer, en el ciclo conflictivo 2000-2005, el cual supuso la actualización del histórico desencuentro entre una Bolivia india y una Bolivia blanca, al estar enmarcado en la tesis de las dos bolivias. De hecho, de acuerdo con el sentido de esta tesis Morales arribó al poder con el imperativo de impulsar la transformación estructural del país, misma que encontró obstáculos al producirse la retención de espacios de poder por parte de aquellas elites que en representación de sectores medios y altos, y auto-identificados como mestizos, defenderían otro proyecto de nación. Así, con la polarización resultante de esos hechos el contexto de la Asamblea Constituyente (2006-2009) se tornó en extremadamente álgido puesto que aquella detonó en actos de odio y violencia racial, tendencias hacia el secesionismo y llamados a guerra civil.

Con la aprobación del Nuevo Texto Constitucional (2009) y la conversión del MAS en partido de super mayoría tal nivel de violencia política descendió, pero ello no fue consustancial con el estado de polarización, ya que una vez que Morales buscó la forma de continuar en el poder contrariando disposiciones constitucionales que solamente permiten la reelección por una vez de forma continua, la misma reflotó. Pero de tal modo, que un bloque de actores conformado por opositores, activistas y una nueva generación de la vieja casta política instó a asumir acciones fuera del campo político, articulando un discurso de defensa de la democracia, reapropiándose símbolos republicanos (frente a la simbología indígena reconocida por la Nueva Constitución) y conformando para ello Plataformas Ciudadanas que a través del ciberactivismo denunciaron la corrupción del régimen y su deriva autoritaria, desvelando para ello no solamente información clasificada sino también difundiendo noticias falsas y promoviendo en paralelo el odio y la violencia racial en contra de su adversario.

El incentivo fundamental para esas acciones estuvo dado por el rechazo de los resultados de un referéndum que el propio MAS había impulsado con el fin de viabilizar la reelección de Morales, puesto que, celebrado en 2016, el 51.3% de la población participante dijo No a dicha posibilidad. Es más, aun cuando éste argumentara la campaña negativa que sus opositores habían organizado en su contra, la cual desvelando asuntos relacionados con su vida privada resultó siendo falaz, aquellos denunciaron el viraje del país hacia una dictadura, a partir de ese rechazo.

Con todo, Morales fue habilitado para contender en los comicios de 2019 recurriendo a mecanismos legales extra-constitucionales y a pesar de la radicalización de los actores del bloque antimasista; precisamente, una vez que el organismo electoral decidió adelantar la fecha de las comicios por una semana, a sugerencia del gobierno y debido a una coincidencia de las mismas con las justas que se celebrarían en Argentina, los actores de aquel bloque procedieron a instalar el imaginario del fraude electoral, y días previos a las elecciones determinaron declararse en rebeldía y desobediencia civil en caso de que Morales resultase ganador, siendo ello denunciado por éste como un reiterado intento de golpe de Estado.

Con tal precedente, la jornada electoral del 20 de octubre pasó de ser una fiesta democrática a convertirse en un hervidero, sobre todo cuando tras ser publicado un primer reporte del Sistema Preliminar de Resultados -el cual permitía entrever la posibilidad de un balotaje-, en redes sociales se rumoró la falta de variación de los datos que propulsó a los actores del bloque antimasista a materializar la idea del fraude electoral, así como la idea del golpe de Estado, 21 días después de iniciada la desobediencia civil que obligaría a Morales a dimitir.

Entretanto el país había quedado sumido en un estado de incertidumbre que tan solo tendía a exacerbarse cuando desde el campo intelectual su urdieron dos narrativas antinómicas fundadas en las ideas del fraude electoral y el golpe de Estado, que incluso tendieron a replicarse en obras que pretendían sobriedad (Claros y Díaz, 2022; Mayorga, 2020; Souverein y Exeni, 2020). Lo dicho, porque al reducir el significado del momento histórico a un problema semántico, los intelectuales fueron contribuyendo a la opacidad promovida por el campo político, en la medida en que dichas narrativas dependen de la consideración de ciertos eventos que dejan al margen muchos otros que aún resultan desconocidos.

El libro de Suseth Rodríguez: Tan cerca del infierno tan lejos de Dios. Mujeres y víctimas del golpe de Estado del 2019 en Bolivia, publicado en La Paz, en 2022, busca visibilizar justamente parte de aquellos hechos acaecidos en el lado oscuro de una crisis que los reflectores de los medios de comunicación tendieron a ocultar, al devenir la mayoría de ellos en dispositivos de legitimación de la minoría que se hizo del poder, sin esconder su algarabía.

Tal visibilización es posible, porque al proponerse mostrar los crueles efectos del golpe de Estado, Rodríguez recurre al testimonio de aquellas personas consideradas víctimas del mismo y que a diferencia de lo que sugiere el título del libro (pese a que en aquel momento de desgarramiento la principal víctima de la violencia fue precisamente la mujer de origen indígena) incluye no solamente a mujeres, sino a exiliados, asilados, presos políticos y demás afectados por aquellas jornadas trágicas de noviembre. Recogidos, además, mediante un diálogo respetuoso de las experiencias de sus informantes, y transcritos tal y como ellas fueran expresadas, la autora sugiere que ellas deben ser entendidas como testimonios de vida y leídos como “procesos vivos completos”; esto es, como narrativas que permiten entrever una serie de factores que dan muestra de la fiabilidad y la veracidad de lo ocurrido, y como medios de comprensión de los espacios, los entornos, y la vida cotidiana de sus informantes.

Así, el trabajo reúne 28 testimonios. Ocho de ellos corresponden a ex funcionarios de distinto rango del depuesto gobierno; dos a familiares de los mismos; dos a directores de entidades autónomas; dos a activistas de derechos humanos; uno a un comunicador comunitario; tres a militantes del MAS; tres a trabajadores mineros; y siete a vecinos del Distrito 8 de la ciudad de El Alto convertido en espacio de resistencia de los sectores agraviados y que por cuya razón fueron objeto de estigmatización, discriminación, persecución, negación y masacre por parte de los actores del bloque antimasista. De hecho, esa forma de actuar de los perpetradores en contra de sus víctimas, revela que tal trato no solo fue producto del antagonismo social sino también de un proceso de construcción del adversario como el enemigo interno a vencer, puesto que los sectores populares asociados con el masismo fueron representados como “vándalos”, “terroristas”, “sediciosos”, “violentos”, “delincuentes” y como “hordas salvajes”, para justificar la vulneración de todos sus derechos.

Es por eso que, retomando lo dicho por sus informantes, Rodríguez se pregunta: “¿cuáles fueron las verdaderas intenciones del golpe gestado por grupos oligarcas y fascistas?” Responder a esta pregunta supone sin embargo exceder el propio alcance del texto cuya naturaleza consiste en posibilitar más bien la reconstrucción o comprensión de aquellos días con base en aquellas narrativas testimoniales que articulan elementos, situaciones y procesos que contrastan lo vivido, en la medida en que sus informantes encarnan vivencias inéditas de aquel infausto momento. Por eso, y dado que el interés de la autora consiste en demostrar que entre los diferentes testimonios se manifiesta y articula un sentir común que es el clamor de justicia, el texto es presentado como un documento de prueba e interpelación ante las entidades encargadas de impartir justicia, prescindiendo de interpretación y teorización.

No obstante, dado que las experiencias de vida de las víctimas del golpe de Estado desvelan aspectos desconocidos de ese proceso, una lectura crítica de los testimonios permite identificar patrones de comportamiento de aquellos actores -que no solamente fueron individuos sino también un conjunto de instituciones-, que eventualmente conformaron el bloque antimasista. En ese sentido, y en coincidencia además con el señalamiento que haría la propia autora, en el sentido de que las narrativas de las víctimas permiten entrever una serie de factores que dan muestra de la fiabilidad y veracidad de lo ocurrido en aquel momento de incertidumbre, en lo que sigue nos permitimos referir algunos de esos patrones.

En primer lugar, los perpetradores del golpe habrían desplegado una acción persecutoria en contra de sus adversarios, destacando entre todos ellos activistas y Plataformas Ciudadanas, en especial cuando estas transmutaron en grupos de choque por influencia de la Unión Juvenil Cruceñista, una organización falangista de raigambre regional que incluso logró conformar un emulo a través de la Resistencia Juvenil Cochala, misma que impuso el terror en su espacio de acción, dejando como evidencia de ello la vejación pública de una alcaldesa -testimonio que aparece en el libro-, al más viejo estilo fascista. Por ello, dicha acción persecutoria no habría sido simplemente producto del rebasamiento de las masas, su naturaleza espontanea o el efecto mecánico de la polarización sino también producto de la coordinación estratégica de ciertos actores con capacidad organizativa. De hecho, al acoso e intimidación desplegados en contra de autoridades del gobierno, mucho antes de la crisis, prosiguió una cruzada antimasista que incluyó la vandalización de casas de campaña, sedes de organizaciones populares, domicilios de funcionarios y sus familiares por medio de lo cual obligaban a estos a renunciar. En ese sentido, los testimonios resultan estremecedores, y algunos rayan incluso en lo macabro, tal como la experiencia narrada por el comunicador y los trabajadores mineros quienes, tras ser atacados en sus microespacios de relacionamiento por integrantes de las plataformas, algunos de los cuales portaban cascos blancos, se salvaron de ser linchados por turbas de enardecidos. Es más, con el golpe esas acciones no se agotaron y se sostuvieron, más bien, al amparo del gobierno de facto quien reconociendo a dichos grupos un estatus parapolicial consintió sus acciones, dado que los mismos se dieron a la tarea de vigilar a los funcionarios del depuesto gobierno que habían logrado refugiarse en la Embajada de México.

En segundo lugar, tal acción persecutoria habría sido reforzada por la Policía, una vez que esta quedó a disposición del gobierno de facto, tras haber contribuido a su establecimiento. Con ello, la violencia ejercida por activistas, plataformas y grupos de choque alcanzó un carácter más organizado, en la medida en que su actuar del lado de la Policía ocurrió por mandato del gobierno y en el marco de una narrativa que consistía en representar a los sectores vinculados con el masismo como “terroristas”, “sediciosos” y “violentos”, cuya resonancia quedó en manos de los medios de comunicación. Tanto fue así, que además de que el gobierno de facto emitiera un decreto de exoneración de responsabilidades de las Fuerzas Armadas, frente a los costos humanos que podría generar la “pacificación del país”, el entonces Ministro de Gobierno, anunció, esposas en mano, que iría “a la caza de los masistas”; así, mientras que las primeras tuvieron carta blanca para perpetrar dos masacres, el segundo encontró obediencia en la Policía que procedió a dicha cacería sin respetar el debido proceso, tal como denuncian las víctimas que fueron apresadas sin orden judicial. Entre las víctimas que padecieron el exceso de esas acciones destaca así la exjefa de gabinete del depuesto gobierno, quien a pesar de encontrarse en estado de gestación fue tomada presa y sometida a tal tipo de violencia que sufrió la pérdida de su embarazo; esta experiencia vivencial -que también aparece en el libro- muestra además la forma en la cual las instituciones encargadas de impartir justicia violaron el derecho de presunción de inocencia de aquellos que el bloque antimasista prejuzgó como “delincuentes”.

En tercer lugar, la estigmatización de los sectores asociados con el masismo habría sido una condición para su criminalización. De ahí que las víctimas del golpe devinieron en tales no por una jugarreta del destino sino por haber sido identificados como un blanco inequívoco. Sin embargo, en ese proceso de criminalización, según lo mencionamos, destacaron tres instancias comprometidas con el orden político impuesto por las minorías, las cuales triangularon además un discurso asociado con ese fin: el gobierno, que cuestionado en su legalidad y legitimidad forjó una prédica de “pacificación del país” demonizando, animalizando e idiotizando a sus opositores; los medios de comunicación que se encargaron de hacer resonar tal discurso, al cual se sumaron aquellos medios virtuales que participaron en la cacería de brujas identificando a los “criminales” por nombre y apellido; y la Policía, que junto con los grupos de choque se encargaron de vigilar y castigar a los “delincuentes”. A tenor de ello las víctimas del golpe se preguntan: “¿por qué tanto odio en contra de nosotros?”, siendo tal interrogante otro indicador de la flagrante vulneración de sus derechos.

En cuarto lugar, el proceso de victimización habría dependido del despliegue de varios tipos de violencia, incluida la sexual que solamente algunos medios se encargaron de denunciar; no obstante, entre esas variadas formas de violencia notoriamente se habría producido una intrincada relación entre la violencia racial y la violencia política, puesto que el fenotipo de las víctimas no siempre correspondía al estereotipo definido del masista. Por ello, esa intrincada relación resultó tan perversa como elusiva, puesto que apoyar al depuesto gobierno y poseer rasgos indígenas definía la alta vulnerabilidad de la víctima, a diferencia de aquellos que no llevaban la penitencia en el color de su piel. No obstante, en ello intervinieron también otros factores de la estructura social que determinaron variablemente el nivel de indefensión de la víctima; aun así, el perfil de la misma estuvo dado por su vinculación con el régimen masista y su pertenencia a los sectores populares, en un sentido etno-clasista, por lo que los sujetos más vulnerables habrían sido aquellos ubicados en la baja escala social, tal como lo ejemplifica el violento actuar de los grupos de choque en contra de personas con indumentaria indígena. De hecho, son los familiares de los perseguidos, en tanto víctimas colaterales del golpe, que permiten identificar la influencia de los factores estamentales en el grado de vulnerabilidad de la víctima, ya que frente a funcionarios del depuesto gobierno que fueron tolerados por sus rasgos fenotípicos, otros fueron violentados y echados a patadas.

En quinto lugar, en una coyuntura que para las víctimas del golpe supuso no solamente un tiempo de incertidumbre sino de terror y miedo, ellas se habrían visto obligadas a asumir decisiones desesperadas. Pero en estas aquellas condiciones estamentales diferenciadas también habrían jugado un rol distintivo, puesto que quienes formaron parte de la estructura gubernamental vieron disminuido el riesgo al tener la posibilidad de asilarse o salir del país en condición de autoexiliados; en cambio, otros simplemente escaparon del país, en busca de refugio en las naciones vecinas, al ver elevada esa posibilidad de riesgo. Así, mientras que unos pudieron incluso conformar comunidad, como los asilados en la Embajada de México, pese al acoso de los grupos de choque, otros emprendieron una odisea presumiéndose perseguidos; incluso algunos atinaron simplemente a esconderse, para evitar su detención, y hubo quienes decidieron afrontar la situación convencidos de su inocencia. Pese a esas diferencias, sin embargo, la toma de decisiones de las víctimas afectó a su entorno más cercano, aunque frente a la ruptura de la red de apoyo familiar, en muchos casos decidida por conveniencia, en otros casos se fortaleció; la salud de familiares y víctimas se deterioró, y las redes externas de apoyo tendieron a debilitarse, debido al riesgo que suponía una relación.

Por esa, y otras razones, en las víctimas del golpe se fue forjando la esperanza de retorno, específicamente de retorno del MAS al poder en la medida en que ello suponía la posibilidad de acceso a justicia, pese a que los testimonios dan cuenta de que dicha expectativa no constituía el interés ni de las organizaciones del MAS, ni de sus líderes. A propósito, los vecinos de la ciudad de El Alto denuncian que ciertos grupos se arrogaron su representación para desempeñar un rol legitimante del accionar del gobierno golpista, advirtiendo el surgimiento de faccionalismos en el MAS. Por ello, y a decir de la propia autora del libro, el clamor de justicia resuena entre las víctimas del golpe cuyo más lacerante testimonio se encuentra entre quienes fueron víctimas de las masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas, y catalogadas así por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Si bien el retorno del MAS al poder, acaecida a finales de 2020, prometía ser auspiciosa en ese sentido, la búsqueda de justicia no fue promovida por él ni por el gobierno, ni mucho menos por el Estado sino por una exparlamentaria indígena que propició el tardío apresamiento de Jeanine Añez, ex presidenta de facto, y el más tardío apresamiento de dos líderes cívicos artífices de las movilizaciones; a ello se suman algunos efectivos policiales y militares que amparándose en juicios abreviados lograron reducir su pena al declararse culpables. Pero los brazos cortos de la justicia no han alcanzado a otros responsables y corresponsables del golpe, entre los cuales se encuentran no solamente otros líderes políticos, sino también empresarios, ONG, medios de comunicación, embajadores y hasta la propia jerarquía católica cuya influencia en el campo político persiste en desmedro de todas las víctimas del golpe.

Precisamente por ello, y por otros aspectos que en filigrana se encuentran referidos en su contenido, el libro de Rodríguez constituye un material de mucho valor que en un polarizado campo intelectual podría encontrar rechazo; sin embargo, dado que el texto logra dar cuenta de la experiencia vivencial de las víctimas de grupos conservadores, su valor histórico resulta innegable, incluso para comprender el proceder de los mismos en el panorama global.

REFERENCIAS

Claros, L. y Díaz, V. (Coords.) (2022). Crisis política en Bolivia 2019-2020. Fundación Rosa

Mayorga, F. (Coord.) (2020). Crisis y cambio político en Bolivia. Octubre y noviembre de 2019: La democracia en una encrucijada. CESU - UMSS - OXFAM.

Souverein, J. y Exeni, J. L. (Coords.) (2020). Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020). Fundación Ebert Stiftung.

Notas de autor

Información adicional

Cómo citar / citation: Ichuta, C. (2024). “Reseña de libro: Suseth Rodríguez Seláez. Tan cerca del infierno, tan lejos de Dios. Mujeres y víctimas del golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Tejiendo Nuestra Historia, 2022”, Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana, Volumen 5, Número 10, 114-119. https://doi.org/10.5377/rlpc.v5i10.17913