Artículo 29. La educación rural está dirigida al logro de la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas
en sus contextos geográficos; así mismo, está orientada por valores de identidad local, regional y nacional para
propiciar, mediante su participación protagónica, el arraigo a su hábitat, mediante el desarrollo de habilidades y
destrezas de acuerdo con las necesidades de la comunidad en el marco del desarrollo endógeno y en
correspondencia con los principios de defensa integral de la Nación. Teniendo en cuenta la realidad geopolítica
de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado garantiza la articulación armónica entre el campo y la
ciudad, potenciando la relación entre la educación rural y la educación intercultural e intercultural bilingüe (Ley
Orgánica de Educación, 2009).
A pesar de las loables ambiciones de esta norma, cabe señalar que, para un estudioso del tema como Núñez (2011), el Ministerio
del Poder Popular para la Educación todavía tiene pendiente la tarea de operacionalizar la definición formulada en este artículo.
Sigue siendo necesario desarrollar políticas y programas capaces de hacer realidad el ideario de una Educación Rural
Intercultural, que sea pertinente para el bienestar individual y colectivo en ese contexto campesino venezolano, en cuyo interés
se tenga en cuenta la valiosa experiencia de los maestros y gerentes rurales.
El problema de la pobreza
La situación observada en África, Asia y América Latina, con respecto a la mayor afectación de las zonas rurales por los
flagelos de la pobreza y la precariedad de los servicios educativos, se muestra también con claridad en Venezuela. A partir del
Censo General de Población y Vivienda efectuado en 2001 (UNICEF, 2005), la pobreza alcanzaba en ese entonces al 35% de
la población urbana en contraste con el 60,8% de la población rural. Y si bien tan sólo el 11,5% de los habitantes del país
residía en espacios rurales, la pobreza en estas localidades superaba en 24 puntos porcentuales al promedio nacional y en 26
puntos al promedio urbano. El Censo de 2001 también develó que un importante conglomerado de la población rural (52,6%)
se hallaba en situación de miseria o pobreza extrema, en tanto que este porcentaje descendía al 33% en las ciudades.
Dieciséis años después, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), realizada en el
tercer trimestre de 2017 por la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) ofrece datos que evidencian un pronunciado deterioro de la situación socio-económica y del
acceso a los servicios educativos de los venezolanos, sobre todo a partir de 2014.
De acuerdo con esta encuesta (España y Ponce, 2018), entre 2014 y 2017 se duplicaron las estadísticas en cuanto a la población
en condición de miseria extrema (definida como la insuficiencia de ingresos para la alimentación), al pasar de 23,6% en 2014
a 61,2% en 2017. La pobreza relativa, en cambio, se mantuvo más o menos estable, arrojando una cifra de 24,8% en 2014 y
25,8% en 2017. Sin embargo, el notable incremento de la pobreza extrema ubicó a un importante segmento de la población por
debajo de los indicadores de pobreza (pobreza + pobreza extrema) escalara del 48,4% al 87%, por lo que en la actualidad puede
afirmarse que el 90% de la población venezolana se ubica en tales indicadores.
De esta forma, emerge la comparación entre la pobreza crónica o permanente y la pobreza reciente o coyuntural. Los datos
indican que ambas se han duplicado, pues la pobreza crónica pasó del 16,1% en 2014 al 30,4% en 2017, mientras que la pobreza
reciente ascendió del 33,1% al 56,2%. Este escenario lleva a los investigadores a determinar que: “Si se mantiene el
empobrecimiento como hasta ahora, año a año, el peso de la pobreza reciente será menor, el de la crónica mayor y en
consecuencia a los hogares les costará mucho más salir de la pobreza” (ob. cit., p. 5).
El contraste entre lo urbano y lo rural se manifiesta nuevamente en esta medición efectuada en 2017, puesto que mientras la
pobreza en la capital de la República o Gran Caracas se estimó en 34% y en las principales ciudades del interior en 43,3%, este
indicador se eleva hasta el 74,5% en los caseríos y ciudades pequeñas. Este comportamiento de la pobreza probablemente
guarde relación con el hecho de que las políticas asistenciales (Misiones) implementadas en los últimos años por los gobiernos
presididos por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se han focalizado principalmente en la Gran Caracas y las grandes ciudades
del país. Un buen ejemplo de ello es el programa de distribución a precios bajos de bolsas y cajas de alimentos (CLAP). En
efecto, mientras el 62% de los habitantes de la capital encuestados afirman recibir las bolsas o cajas CLAP con una periodicidad
mensual, tan sólo el 18% de los pobladores de caseríos y ciudades pequeñas confiesan poder adquirirlas una vez al mes.
Con todo, la información recabada revela que este programa estatal está resultando insuficiente para paliar el acelerado
deterioro del bienestar y la satisfacción de necesidades básicas a la cual tienen acceso los venezolanos. Prueba de ello es que
cerca del 90% de la muestra consultada aseveró que sus ingresos no le alcanzan para alimentarse. Un 63% sostiene que ha