I. Introducción
La gestión pública ha venido evolucionando, implicando un cambio de visión en la forma en que se administran los recursos
de las instituciones públicas, a tal punto que se habla de una administración por valores; ese paradigma es el de la Nueva
Administración Pública (Common, 1998). Los cambios en la economía política global han originado nuevos retos y
oportunidades comerciales (Kasim & Hudson, 2006) para la sociedad en general.
Uno de los desafíos es replantearse el nuevo rol del Estado. Common (1998), plantea la Globalización de la Nueva Gestión
Pública. Asimismo, define la globalización como la aplicación universal de la política pública; sin embargo, concluye que la
política de transferencias de las distintas técnicas de Nueva Administración Pública, parece estar en aumento.
Desde la perspectiva de Harris & Navaratman (1995), las organizaciones del Estado (entre ellas los gobiernos locales), tienen
más exigencia por parte de la Hacienda Pública, para utilizar estrategias de gestión e indicadores de rendimiento con el fin de
justificar la financiación de sus programas o proyectos.
Para Worrall, Collinge & Hill (1998) “Además de la exigencia de la Hacienda Pública, los Gobiernos Locales, cada vez se
ven presionados por una ciudadanía más informada y que exige más servicios, y estas deben dar respuesta ofreciendo un
servicio oportuno y de alta calidad, respondiendo a los deseos de una ciudadanía en aumento atenta y crítica” (p. 472). Lo
anterior implica un cambio de concepción de usuarios de servicios públicos en ser considerados por las instituciones públicas
como los “clientes” (Store & Dahl, 2004).
Los últimos años han sido testigos de cambios importantes en la gestión del sector público y es en este contexto que las
instituciones públicas se han afectado por los procesos de apertura, crecimiento poblacional, globalización, la
descentralización que desde los años 80 se viene gestando en las instituciones del Estado, por medio de la transferencia de
competencias a las municipalidades, obligándolas a dar un servicio de más calidad y a ser más eficientes en la gestión.
Ante la imperiosa necesidad de desarrollar nuevas competencias y hacer más eficiente y eficaz la prestación de servicios en
las municipalidades, el Gobierno de la República de Costa Rica lanza la política de descentralización y fortalecimiento del
Régimen Municipal Costarricense (2008). El espíritu de dicha política es que algunas competencias que antes estaban a cargo
del Estado pasen a manos de las municipalidades, mejorar la administración de los recursos y dar respuesta oportuna a las
necesidades de una sociedad cada vez más exigente. En este sentido, Molina (2006) plantea que “progresivamente las
municipalidades pueden asumir aspectos de esas competencias para garantizar un servicio óptimo a las municipalidades”
(p.116).
Según el Informe No. DFOE-SM-233/2 de la Contraloría General de la República (2002), uno de los grandes retos que tienen
las municipalidades es mejorar la imagen y ser más eficientes en los servicios que ofrecen, considerando que el régimen
municipal, “está siendo fuertemente cuestionado por la ineficacia en la prestación de servicios y el alto costo del inadecuado
uso de los recursos públicos, que al fin de cuentas se factura a los ciudadanos” (p. 5-7).
En el caso de Costa Rica, el modelo de gestión municipal, se podría afirmar que es burocrático-prestador de servicios (limpieza
de vías, suministro de agua, cobro de tributos, recolección de basura), con grandes limitaciones para llevar adelante políticas
de desarrollo local, entre ellas las condiciones económicas, deficiencias organizacionales (recurso humano poco calificado),
problemas de planificación, centralismo en las prácticas políticas y financieras subejecución presupuestaria. Desde el punto
de vista organizacional, el modelo de gestión de las instituciones del Estado costarricense se ha caracterizado entre otros
aspectos por: división del trabajo centralizada y verticalizada, dificultad para adaptarse a los cambios mediante procesos de
modernización, poco liderazgo, exceso de trámites.
Ante este panorama, Molina (2006) plantea que “cada municipalidad en su interior debe someterse a un intenso y progresivo
programa de capacitación del recurso humano y captación de cuadros de alta gerencia y personal altamente competente, con
el objetivo de llegar a constituirse en verdaderos gobiernos locales gestores y promotores del desarrollo local en coordinación
con el poder central y todas las entidades descentralizadas” (p. 143).
Con base en los argumentos anteriores y partiendo de que la imagen que proyecten las municipalidades afecta el grado de
satisfacción de personas usuarias, el principal objetivo de este trabajo es evaluar el efecto que tiene la calidad del servicio en
la satisfacción de las personas usuarias en las municipalidades de Costa Rica. El trabajo se ha estructurado de la siguiente