¿Reconversión urbana de la Ciudad de México por la crisis económica del COVID 19 o por un proceso de financiarización?

Resumen

La pandemia del COVID 19 obligó el cierre de fuentes de trabajo y evidenció la situación precaria de los ingresos económicos de las familias mexicanas, causando la pérdida de vivienda en renta o en hipoteca y exponiendo, como efecto secundario, las políticas públicas que regulaban el crecimiento urbano de la ciudad de México (CDMX). A pesar de que el gobierno central de la ciudad publicó en el 2022 el “Acuerdo para la reconversión de oficinas a vivienda en la CDMX”, aún existe el desplazamiento de 100 mil habitantes por año que no logran comprar o recuperar su vivienda (Cruz, 2024). La reconversión de los usos de suelo, la producción de vivienda y los esquemas normativos que coadyuvan la construcción legal en la ciudad sólo han facilitado la edificación del 1.25% de las 300 mil unidades que se requieren por año (Díaz, 2022) y que no pueden ser adquiridas por el 30% de la población que vive en un esquema de pobreza extrema. Con un proceso de construcción incesante y con el índice de comercio (oferta y demanda) más alto del país, se encarece el costo del suelo y de la construcción; por lo que los grandes desarrolladores inmobiliarios no están considerando a las clases sociales vulnerables como su objetivo comercial y ven un medio de inversión de activos financieros que no resuelve los problemas habitables de la ciudad y que deriva, inevitablemente, en un proceso de financiarización. La introducción de inversiones privadas nacionales y extranjeras bajo el esquema de competitividad neoliberal beneficia la intensa actividad del mercado inmobiliario, tanto de la vivienda como de las áreas periféricas que las urbanizan provocando la gentrificación social que impide, finalmente, que la población recupere su espacio vital.