Resumen

Este artículo analiza la configuración histórica de la vulnerabilidad territorial en Nicaragua desde el siglo XVI hasta la primera década del siglo XXI, y cómo esta ha condicionado las actuales capacidades de adaptación frente al cambio climático. Desde una perspectiva histórico-crítica, fundamentada en la geografía crítica, la ecología política y el pensamiento decolonial, se examinan procesos de despojo territorial, subordinación geopolítica, exclusión estructural y concentración del poder que estructuraron el territorio nacional en función del extractivismo y la marginación de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. La investigación se basa en la revisión sistemática de fuentes históricas, académicas y técnicas, organizadas en categorías analíticas como despojo territorial, dependencia externa, marginalización estructural y vulnerabilidad producida. Se identifica que la vulnerabilidad actual no es resultado de factores exclusivamente naturales, sino de relaciones históricas de poder que acumularon desigualdades sociales, económicas y ambientales persistentes. Entre los hallazgos se destaca el despojo de tierras indígenas durante la colonización, la consolidación de modelos agroexportadores excluyentes en el siglo XIX, y la subordinación territorial y racial tras la incorporación de la Costa Caribe en 1894. Durante el siglo XX, la injerencia geopolítica estadounidense acentuó la fragmentación territorial, reforzando enclaves productivos y marginando regiones vulnerables. Se concluye que reducir las vulnerabilidades territoriales acumuladas requiere estrategias integrales de justicia climática y territorial, enfocadas en la restitución de derechos, redistribución de recursos y planificación inclusiva orientada al bien común.

Palabras Clave:

Vulnerabilidad territorial, colonialismo, despojo, justicia climática, Nicaragua.

Abstract

This article analyzes the historical configuration of territorial vulnerability in Nicaragua from the sixteenth century to the early twenty-first century, and how it has shaped current capacities for climate change adaptation. From a historical-critical perspective, grounded in critical geography, political ecology, and decolonial thought, it examines processes of territorial dispossession, geopolitical subordination, structural exclusion, and power concentration that shaped the national territory around extractivism and the marginalization of Indigenous, Afro-descendant, and peasant communities. The research is based on a systematic review of historical, academic, and technical sources, organized into analytical categories such as territorial dispossession, external dependency, structural marginalization, and produced vulnerability. The findings indicate that current vulnerability is not the result of purely natural factors, but of historical power relations that have accumulated persistent social, economic, and environmental inequalities. Key findings highlight the dispossession of Indigenous lands during colonization, the consolidation of exclusionary agro-export models in the nineteenth century, and territorial and racial subordination following the incorporation of the Caribbean Coast in 1894. Throughout the twentieth century, U.S. geopolitical interference deepened territorial fragmentation, reinforcing productive enclaves while marginalizing vulnerable regions. It concludes that reducing accumulated territorial vulnerabilities requires comprehensive strategies for climate and territorial justice, focused on the restitution of rights, redistribution of resources, and inclusive planning oriented toward the common good.

Key Words:

Territorial vulnerability, colonialism, dispossession, climate justice, Nicaragua.

Introducción

La vulnerabilidad territorial frente al cambio climático en Nicaragua no puede entenderse de forma aislada respecto a su contexto histórico, político y geográfico. Las profundas desigualdades territoriales que hoy condicionan las capacidades de adaptación no emergen de forma espontánea ni exclusivamente como respuesta a factores naturales, sino que son el resultado de una construcción histórica compleja, anclada en procesos prolongados de despojo, subordinación y exclusión. Desde la colonización española en el siglo XVI hasta las dinámicas de acumulación extractiva y subordinación geopolítica de la primera década del siglo XXI, el territorio nicaragüense ha sido modelado por relaciones de poder que han privilegiado intereses externos y élites nacionales, en detrimento de amplias regiones rurales campesinas, indígenas y afrodescendientes.

En este marco, el presente artículo propone una lectura histórico-territorial de la vulnerabilidad en Nicaragua, con el objetivo de comprender cómo las configuraciones espaciales heredadas condicionan la exposición y la capacidad adaptativa frente al cambio climático. Desde un enfoque interdisciplinario, que articula la geografía crítica, la ecología política y el pensamiento decolonial, se reconstruyen las principales trayectorias que dieron forma al territorio nacional y a las desigualdades resultantes.

A través de un análisis documental sistemático y categorizado en cinco dimensiones analíticas (despojo territorial, subordinación geopolítica, marginalización estructural, vulnerabilidad producida y adaptación territorial sostenible), el artículo muestra cómo la historia territorial del país explica la persistencia de patrones de exclusión y exposición diferencial al riesgo. Este enfoque permite repensar la adaptación al cambio climático no como un conjunto de medidas técnicas, sino como un proceso político de transformación territorial guiado por principios de justicia climática, restitución de derechos y saberes, redistribución, reparación histórica y participación comunitaria.

Materiales y métodos

Este estudio adopta un enfoque cualitativo histórico-crítico, fundamentado en la geografía crítica, la ecología política y el pensamiento decolonial. La vulnerabilidad territorial se analiza como una construcción social e histórica derivada de relaciones de poder que han moldeado el territorio nicaragüense desde el siglo XVI, y no como un fenómeno meramente ambiental.

Se aplicó una estrategia metodológica basada en la revisión documental sistemática de fuentes secundarias históricas, académicas y técnicas. Dicha revisión se organizó mediante un protocolo interpretativo que priorizó la calidad argumentativa, la relevancia temática y la contribución al análisis crítico del territorio. Se utilizó muestreo teórico para seleccionar documentos relevantes por su calidad, pertinencia temática, valor histórico y contribución analítica al estudio del territorio desde enfoques críticos. Se priorizaron aquellos documentos que permitieran reconstruir trayectorias de desigualdad territorial, despojo y subordinación geopolítica con base en evidencia documentada y enfoques estructurales.

Las fuentes incluyen textos históricos sobre procesos de colonización, expansión agroexportadora y subordinación geopolítica, así como literatura especializada (Harvey, Quijano, Escobar, Ribot, Blaikie & Watts), informes de FAO y PNUD, y estudios técnicos nacionales sobre vulnerabilidad.

El análisis se organizó en torno a cinco categorías analíticas centrales: (1) despojo territorial, que examina procesos históricos de apropiación forzada de tierras y recursos; (2) subordinación geopolítica, referida a la injerencia de potencias externas en la configuración territorial y económica del país; (3) marginalización estructural, centrada en los procesos de exclusión institucional, jurídica y política de regiones y pueblos; (4) vulnerabilidad producida, que analiza cómo las condiciones de exposición al riesgo son resultado de decisiones históricas y no solo de factores naturales; y (5) adaptación territorial, entendida como proceso político y no solo técnico, orientado a la reparación histórica y al fortalecimiento comunitario.

La revisión documental se estructuró en seis periodos históricos clave: (i) Territorialidad originaria y equilibrio socioambiental (antes de 1502); (ii) Colonización y despojo territorial (1502–1821); (iii) Independencia criolla y latifundismo agroexportador (1821–1894); (iv) Reincorporación forzada de la Costa Caribe (1894–1933); (v) Subordinación geopolítica y fragmentación territorial (1933–1979); y el contexto contemporáneo: (vi) Vulnerabilidad estructural acumulada y el cambio climático (1979–actualidad). Esta periodización facilitó el rastreo de rupturas, continuidades y acumulaciones de desigualdades territoriales a lo largo de cinco siglos.

Para la interpretación de la información se emplearon técnicas de análisis de contenido crítico y triangulación teórica. El análisis de contenido se aplicó mediante una lectura sistemática, segmentación temática y síntesis interpretativa de los textos. Se identificaron patrones de dominación y exclusión en cada periodo, relacionándolos con procesos contemporáneos de vulnerabilidad. La triangulación teórica permitió contrastar y articular conceptos clave provenientes de distintas escuelas críticas, asegurando una mayor solidez analítica e interpretativa.

La fortaleza del estudio radica en su rigurosidad interpretativa, en la articulación coherente de fuentes diversas y en la capacidad de conectar dimensiones históricas, territoriales y climáticas en un mismo marco explicativo. Esta metodología permite comprender en profundidad la estructura de la vulnerabilidad territorial en Nicaragua, evidenciando que dicha vulnerabilidad no es espontánea ni uniforme, sino producto de decisiones políticas históricas y relaciones desiguales de poder que deben ser transformadas mediante estrategias de justicia climática y territorial. En esta línea, desde mediados de los años 2000, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) ha impulsado la implementación de los Planes Nacionales de Desarrollo Humano, y más recientemente del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022–2026, los cuales promueven un enfoque territorial solidario, participativo y orientado al bien común, alineado con los principios de justicia social, sostenibilidad y soberanía. Estas políticas constituyen un marco orientador para avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y resiliente frente al cambio climático.

Resultados

El análisis histórico-interpretativo permitió identificar un patrón acumulativo de vulnerabilidad territorial en Nicaragua, configurado a partir de procesos sociales, económicos y políticos específicos desde el siglo XVI hasta la primera década del siglo XXI. Este patrón no es aleatorio ni natural, sino que responde directamente a decisiones históricas y relaciones de poder, cuyo impacto se traduce en desigualdad estructural y vulnerabilidad diferencial frente al cambio climático.

Territorialidad originaria y equilibrio socioambiental

Previo a la invasión colonial, Nicaragua fue un punto de encuentro para diversas culturas indígenas que migraron desde el norte y el sur del continente. Pueblos como los chorotegas, nicaraos y miskitos desarrollaron formas sostenibles de relacionarse con sus territorios, caracterizadas por el equilibrio socio ecológico y la interacción armónica entre sistemas naturales y estructuras comunitarias.

Su configuración territorial no se basaba en la propiedad privada individual, sino en el usufructo colectivo de los recursos naturales. La tierra era concebida como un bien común, estrechamente vinculado a la vida espiritual y comunitaria. Este modelo, fundado en la reciprocidad, la solidaridad y la sostenibilidad ecológica, favorecía una gestión adaptativa y resiliente frente a las fluctuaciones ambientales (Helms, 1983; Wheelock, 1981).

Un ejemplo destacado es el sistema de milpa, técnica agrícola rotativa que combinaba diversas especies para conservar la fertilidad del suelo y mantener la biodiversidad. Esta práctica integraba saberes ancestrales, rituales y una organización colectiva del trabajo agrícola (Wheelock, 1981).

En el Pacífico, chorotegas y nicaraos ocuparon tierras fértiles y desarrollaron agricultura complementada con pesca, caza e intercambio regional. En la Costa Caribe, miskitos y mayangnas implementaron un uso rotativo del territorio, con movilidad estacional y manejo sostenible de recursos marinos y forestales. Según Offen (2002), este sistema territorial flexible era una respuesta eficaz al entorno selvático y costero.

Las estructuras políticas indígenas eran horizontales y participativas, con liderazgos rotativos y decisiones basadas en el consenso. Este modelo de gobernanza fortalecía la cohesión social y la capacidad de respuesta ante conflictos y cambios ambientales.

La llegada de los españoles en 1502 rompió con este orden ancestral. La colonización impuso la propiedad privada, despojó a las comunidades indígenas de sus territorios y desarticuló sus prácticas tradicionales, iniciando un patrón histórico de exclusión territorial.

Esta ruptura configuró la primera fase de la vulnerabilidad territorial en Nicaragua, al desmantelar un sistema ancestral que promovía sostenibilidad, resiliencia climática y justicia social. Antes de la colonización europea, los pueblos originarios —de filiación chorotega, náhuatl y misumalpa— organizaban sus territorios bajo principios colectivos, ecológicos y espirituales. No existía propiedad privada, sino usufructo comunal de la tierra, con sistemas de producción que integraban saberes locales, respeto a los ciclos naturales y normas de redistribución. Además de la milpa rotativa, se aplicaban prácticas como el uso estacional de parcelas, la conservación de zonas de monte alto como reservas comunales, el manejo del agua mediante canales naturales y terrazas, y el intercambio entre comunidades ubicadas en pisos ecológicos complementarios, lo que fortalecía la seguridad alimentaria y la resiliencia frente a sequías o inundaciones.

La justicia se expresaba en formas horizontales de gobernanza, con autoridades comunitarias legitimadas por el consenso, decisiones tomadas en asambleas y mecanismos de redistribución de excedentes que aseguraban el bienestar colectivo. Comprender esta territorialidad originaria es clave para imaginar alternativas de adaptación territorial sostenible, basadas en principios de reciprocidad, equidad, gestión comunitaria de los bienes comunes y equilibrio entre sociedad y naturaleza.

Colonización y despojo territorial (1502–1821)

La colonización española marcó un punto de inflexión en la configuración territorial de Nicaragua, imponiendo un modelo de ocupación basado en el despojo, la marginalización y la explotación. Este modelo rompió con las formas indígenas de organización socioambiental, instaurando una lógica extractivista sustentada en la expropiación sistemática de tierras y recursos.

El sistema de encomiendas otorgó grandes extensiones de tierra y control sobre la fuerza de trabajo indígena a los colonos, generando nuevas jerarquías sociales y espaciales. El despojo fue tanto material como simbólico: se usurpó territorio, lengua, cultura y autonomía política (Newson, 1987). A través del proceso de reducción, las poblaciones indígenas fueron concentradas forzosamente en pueblos bajo control eclesiástico y administrativo, desarticulando el tejido comunitario y legitimando la apropiación de tierras comunales consideradas “baldías”.

Territorialmente, se reorganizó el espacio para servir a una economía extractiva orientada al mercado europeo. Las zonas fértiles del Pacífico fueron convertidas en haciendas ganaderas y plantaciones administradas por colonos, mientras las regiones más aisladas quedaron fuera del circuito económico. Ciudades como León y Granada se consolidaron como centros del poder político y económico (Elliott, 2006), profundizando la desigualdad espacial.

Este patrón generó una geografía de exclusión: comunidades indígenas fueron desplazadas hacia zonas marginales e inestables, limitando su acceso a recursos e infraestructura básica y configurando condiciones estructurales de vulnerabilidad a largo plazo.

Desde una lectura ecosistémica, esta etapa significó la ruptura con los sistemas tradicionales de manejo ambiental, como el policultivo rotativo, el uso comunal de zonas de conservación forestal y la gestión del agua a pequeña escala adaptada al entorno local. La expansión de la ganadería, el monocultivo y la minería provocó deforestación, degradación de suelos y alteración de cuencas hidrográficas. Como señala la FAO (2006), la producción ganadera ha sido un factor clave en la pérdida de hábitats y cobertura forestal.

Casos históricos ejemplifican esta dinámica. En León y Granada, el control de tierras fértiles para cultivos de exportación (principalmente añil y cacao) desplazó comunidades indígenas hacia zonas volcánicas vulnerables. En el Istmo de Rivas, los nicaraos fueron forzados a migrar hacia las riberas del Lago Cocibolca, con alta exposición a inundaciones y enfermedades (Newson, 1987).

En síntesis, la colonización instauró un patrón territorial jerárquico y excluyente, cimentado en la concentración del poder y la tierra. Este modelo no fue un subproducto de la modernización, sino una estrategia deliberada de acumulación que generó desigualdades persistentes y sentó las bases estructurales de la vulnerabilidad territorial en Nicaragua.

Independencia criolla y latifundismo agroexportador (1821–1894)

La independencia de Nicaragua en 1821 no significó una ruptura con el orden territorial colonial, sino su continuidad bajo una nueva hegemonía criolla. El Estado republicano se construyó sobre un territorio ya fragmentado y jerarquizado, y en lugar de corregir estas desigualdades, las élites criollas las profundizaron mediante mecanismos jurídicos, económicos y militares. Este proceso consolidó el latifundismo, promovió el modelo agroexportador y marginó sistemáticamente a las comunidades indígenas y campesinas.

Instrumentos legales como la Ley de Ejidos de 1877 permitieron declarar tierras comunales como “vacantes” y transferirlas al dominio privado. Esta lógica liberal equiparó desarrollo con propiedad privada y productividad agrícola, transformando el territorio en mercancía al servicio del mercado internacional.

El auge del café como principal producto de exportación impulsó una transformación territorial profunda. Las élites cafetaleras se apropiaron de grandes extensiones mediante compra, fraude o violencia, consolidando un régimen latifundista dependiente del trabajo campesino precarizado. El proceso intensificó la frontera agrícola, provocó deforestación masiva y agravó la desigualdad territorial.

La concentración de tierras relegó a comunidades desplazadas hacia zonas de baja productividad y vulnerabilidad ambiental. Al mismo tiempo, la Ley sobre Venta de Terrenos Baldíos (1877) facilitó la enajenación de territorios indígenas sin títulos formales, institucionalizando el despojo bajo un marco legal excluyente.

Las poblaciones excluidas quedaron sin seguridad jurídica ni acceso a servicios, atrapadas en sistemas frágiles de subsistencia. La infraestructura (ferrocarriles, caminos, puertos) fue diseñada para la exportación, no para integrar el país, acentuando la desconexión entre regiones productivas y territorios excluidos.

Desde la ecología política, esta etapa consolidó un modelo extractivista que naturalizó la exclusión como condición del progreso. La degradación ambiental (pérdida de bosques, erosión de suelos y agotamiento hídrico) fue una consecuencia directa de este patrón, que incrementó la exposición a múltiples riesgos climáticos y sociales.

En síntesis, el período post independentista institucionalizó la geografía del despojo colonial bajo el ideario del liberalismo. La tierra fue acaparada por una oligarquía emergente, y las mayorías fueron excluidas de los recursos y del derecho a decidir sobre su territorio. Así, la independencia formal significó la continuidad estructural del colonialismo, ahora administrado por élites criollas.

Reincorporación forzada de la Costa Caribe (1894–1933)

La llamada “Reincorporación de la Mosquitia” en 1894 marcó un hito en la configuración del territorio nacional, al consolidar jurídicamente la anexión de la Costa Caribe al Estado central. Sin embargo, más que una integración efectiva, este proceso representó una colonización interna que profundizó la exclusión territorial, étnica y económica de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La región caribeña, habitada por miskitos, mayangnas, creoles, garífunas y ramas, había mantenido autonomía sociopolítica basada en formas comunitarias de gobernanza, uso tradicional del territorio y vínculos comerciales propios. Esta singularidad fue abruptamente interrumpida por la intervención militar del gobierno de José Santos Zelaya, que disolvió el Consejo de Ancianos, abolió títulos comunales y anuló tratados como el de Managua (1860), que reconocían cierta autonomía regional.

Este proceso implicó una desposesión legalizada e impuso el modelo republicano criollo centrado en el monolingüismo, el centralismo y la propiedad privada. Se prohibió la lengua miskita en las escuelas, se ignoraron registros comunitarios de tierras y se reemplazaron las formas tradicionales de organización por delegaciones del poder central, generando una desarticulación territorial profunda.

Uno de los rasgos más críticos fue la entrega masiva de concesiones a empresas extranjeras, como la Bluefields Rama Banana Company y la United Fruit Company, sin consulta a las comunidades. Estas operaban bajo una lógica de enclave extractivista, sin reinversión local, y provocaron deforestación, contaminación y ruptura de sistemas alimentarios tradicionales, en un contexto de mínima presencia estatal.

La configuración resultante subordinó el Caribe a intereses del capital foráneo y del Estado central, generando exclusión estructural: escasa cobertura de servicios, infraestructura precaria, débil institucionalidad y mínima representación política. Desde la ecología política, esta fase revela que el control territorial se ejerció también mediante relaciones económicas desiguales e institucionalidad excluyente.

Desde el pensamiento decolonial, fue una reafirmación de la “colonialidad del poder” (Quijano, 2000), que invisibilizó los sistemas normativos y culturales costeños bajo discursos de inferiorización y asimilación forzada.

En síntesis, la reincorporación de la Costa Caribe implicó una expansión autoritaria del orden territorial criollo sobre una región con identidad y gobernanza propias. Este proceso consolidó una estructura de vulnerabilidad regional, caracterizada por la expoliación de recursos, pérdida de autonomía y alta exposición a riesgos climáticos, sostenida por políticas centralistas y privilegios a capitales externos y élites locales.

Subordinación geopolítica y fragmentación territorial (1910–1979)

Durante gran parte del siglo XX, Nicaragua profundizó su subordinación a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, lo cual impactó directamente en la reorganización territorial del país. Este periodo se caracterizó por una fragmentación territorial inducida, donde el desarrollo, la inversión y el control estatal respondieron a una lógica externa de acumulación, relegando amplias regiones al abandono o a la explotación sin retorno.

La consolidación de la dictadura somocista (1937–1979), respaldada por EE. UU., funcionó como puente entre el capital transnacional y el aparato estatal, consolidando un modelo económico extractivo basado en concesiones territoriales, infraestructura exportadora y control autoritario del espacio.

Un ejemplo emblemático fue la expansión de enclaves mineros en el Triángulo Minero del Caribe Norte. Empresas extranjeras como Rosario Mining Company y La Luz Mines operaron en Bonanza, Siuna y Rosita bajo un modelo desconectado del resto del país, sin planificación nacional ni beneficios locales. Estos enclaves promovieron urbanización desordenada, precariedad social y graves daños ambientales sin regulación estatal, consolidando una lógica de exclusión territorial.

Simultáneamente, la expansión de la frontera agrícola favoreció el acaparamiento de tierras, desplazando a comunidades indígenas como los mayangnas. El acceso a servicios y a infraestructura básica se concentró en el Pacífico, marginando regiones del norte seco y del Caribe, lo cual limitó severamente su capacidad adaptativa frente a amenazas climáticas.

Esta fragmentación no fue accidental, sino funcional al modelo de acumulación. El territorio se dividió en zonas “productivas” y “prescindibles”, con inversión selectiva y represión territorial ejercida por la Guardia Nacional, que impidió la organización campesina y criminalizó la demanda de derechos básicos.

Desde la ecología política, esta etapa representa la intensificación del extractivismo territorial, donde el Estado actuó como garante del despojo en nombre del desarrollo. El resultado fue un debilitamiento estructural de las capacidades locales y una acumulación de vulnerabilidad que se mantiene vigente.

Desde el pensamiento decolonial, este patrón reafirma la colonialidad del poder: el territorio fue instrumentalizado bajo una lógica jerárquica que subordinó su diversidad ecológica y cultural a intereses externos. No fue concebido como espacio de vida, sino como recurso explotable.

En síntesis, este periodo consolidó una configuración territorial fragmentada y desigual que aún limita la capacidad de adaptación al cambio climático. Reconocer esta herencia histórica es fundamental para avanzar hacia una transformación territorial basada en justicia climática y soberanía popular.

Vulnerabilidad estructural acumulada y el cambio climático

El análisis histórico de Nicaragua revela que la vulnerabilidad territorial no es coyuntural, sino resultado de un proceso estructural de despojo, subordinación geopolítica y exclusión territorial desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XXI. A lo largo de este período, las decisiones impuestas por potencias coloniales y ejecutadas por élites criollas consolidaron un patrón de ocupación profundamente desigual. El cambio climático no genera esta desigualdad, pero sí la intensifica y visibiliza.

La vulnerabilidad actual es una construcción histórica y territorialmente diferenciada, marcada por la concentración del capital, la exclusión social y la invisibilización de saberes colectivos. Mientras algunas regiones como el Pacífico fueron integradas a la lógica estatal mediante inversión y servicios, otras como el corredor seco y la Costa Caribe fueron relegadas, sin planificación inclusiva ni presencia institucional efectiva.

Un caso paradigmático es el del corredor seco, donde poblaciones desplazadas desde la colonia habitan zonas de baja productividad, con escasa inversión pública e infraestructura, lo que derivó en inseguridad alimentaria, migración forzada y degradación ambiental. La Costa Caribe sigue arrastrando siglos de marginación, afectada por conflictos de tenencia comunal, limitada capacidad institucional y explotación extractiva sin retorno.

La persistencia de esta vulnerabilidad responde a: (i) planificación centralizada sin enfoque de riesgo; (ii) concentración histórica de servicios en zonas estratégicas; (iii) desigualdad en la legalización de la tierra, especialmente en territorios indígenas; y (iv) reproducción de modelos extractivos y agroexportadores que perpetúan el despojo.

Desde la geografía crítica y la ecología política, esta trayectoria constituye una injusticia climática histórica: los territorios más expuestos son los que menos han contribuido a la crisis y los que menos poder tienen para enfrentarla. Por tanto, la adaptación climática no puede limitarse a soluciones técnicas, sino que debe promover justicia territorial y reparación histórica.

Esto exige redistribuir recursos, reconocer derechos colectivos sobre la tierra, fortalecer la participación comunitaria y asumir la reparación del daño histórico como fundamento ético de las políticas públicas. Reconocer esta historia es el primer paso para una adaptación con justicia, equidad y soberanía territorial en Nicaragua.

Implicaciones para la adaptación territorial al cambio climático

El análisis histórico-territorial demuestra que la vulnerabilidad al cambio climático en Nicaragua es una condición estructural, no accidental ni homogénea. Esta vulnerabilidad responde a una configuración territorial funcional al capital, al centralismo estatal y a intereses externos, que han privilegiado la extracción económica sobre la sostenibilidad social y ecológica. Ignorar esta dimensión implica perpetuar las desigualdades históricas que afectan a los territorios periféricos.

Por tanto, la adaptación al cambio climático debe ser concebida como un proceso político y territorial de transformación, orientado a saldar la deuda histórica con los pueblos y territorios marginados. Este enfoque va más allá de los mecanismos técnicos convencionales, y se fundamenta en principios de justicia climática, sostenibilidad y bien común.

Principios de una adaptación territorial sostenible

Justicia territorial y redistribución: Corregir los desequilibrios históricos mediante inversión pública y políticas climáticas dirigidas a los territorios históricamente excluidos, reduciendo brechas en infraestructura, servicios y gobernanza.

Restitución de derechos colectivos: Fortalecer la tenencia comunal de la tierra, asegurar la titulación en territorios indígenas y afrodescendientes, y proteger estos espacios frente al extractivismo y la degradación ambiental.

Revalorización de saberes territoriales: Reconocer los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas y campesinas como base para estrategias de adaptación pertinentes y resilientes.

Reparación histórica y ética climática: Asumir el legado del colonialismo, el despojo y la exclusión como fundamento de políticas de adaptación legítimas, que combinen memoria, justicia y redistribución de recursos.

Estrategias operativas de transformación

Elaborar mapeos participativos de vulnerabilidades y capacidades, integrando criterios climáticos, sociales y culturales desde una perspectiva histórica.

Reorientar la inversión climática hacia territorios con alta vulnerabilidad estructural, priorizando infraestructura resiliente, cobertura de servicios básicos y fortalecimiento institucional.

Fortalecer la gobernanza intercultural, articulando autoridades tradicionales y estatales, especialmente en territorios indígenas y afrodescendientes.

Regular los proyectos extractivos en áreas de alta fragilidad ecosistémica o conflicto social, promoviendo restauración ambiental y equidad territorial.

Impulsar educación y comunicación para la justicia climática, que visibilice las raíces estructurales de la vulnerabilidad y fortalezca la acción comunitaria.

En síntesis, la adaptación climática no puede sustentarse en soluciones técnicas aisladas. Debe integrar dimensiones históricas, políticas y territoriales, orientadas a reparar desigualdades estructurales y fortalecer las capacidades comunitarias. Solo así será posible construir un futuro climático justo, resiliente y sostenible en Nicaragua.

Discusión de resultados

La vulnerabilidad territorial en Nicaragua, entendida como un fenómeno históricamente construido y no como un estado natural, se evidencia al observar las estructuras de poder, económicas y sociales que han configurado las desigualdades espaciales y la exposición diferencial al riesgo climático. Desde una perspectiva interdisciplinaria fundamentada en la geografía crítica, la ecología política y el pensamiento decolonial, los resultados permiten identificar dinámicas estructurales que han producido y reproducido condiciones territoriales de vulnerabilidad acumulada.

Un primer elemento clave es el papel de la colonización española en la instauración de un modelo de acumulación por desposesión (Harvey, 2003), basado en el despojo violento de territorios indígenas y la imposición de la propiedad privada. Este proceso reemplazó las formas comunitarias de gestión del territorio por un régimen de mercado, transformando la tierra en mercancía e institucionalizando una matriz espacial profundamente desigual. Desde el pensamiento decolonial, el concepto de “colonialidad del poder” (Quijano, 2000) permite entender cómo estas estructuras no desaparecieron con la independencia formal, sino que se reprodujeron y adaptaron, perpetuando los mecanismos de exclusión y subordinación territorial.

Esta lógica de exclusión se profundizó en el período posindependentista, cuando las élites criollas reforzaron el modelo colonial mediante leyes como la de Ejidos de 1877, que facilitó la apropiación privada de tierras comunales. La expansión del modelo agroexportador, en especial del café, consolidó una estructura latifundista excluyente, dependiente del mercado internacional y sustentada en el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas hacia territorios marginales y ecológicamente frágiles (González, 2001).

La reincorporación de la Mosquitia en 1894 representa otro hito en la producción de vulnerabilidad estructural. Lejos de integrar a la Costa Caribe en condiciones de equidad, el Estado nacional impuso un modelo de colonización interna, subordinando a los pueblos indígenas y afrodescendientes a una lógica extractivista de enclave. Concesiones masivas a capitales extranjeros configuraron una espacialidad de desposesión, exclusión institucional y desarticulación socio territorial persistente (Offen, 2002).

Durante el siglo XX, la subordinación geopolítica a los Estados Unidos profundizó estas dinámicas. La intervención militar, los pactos económicos y el respaldo a la dictadura somocista consolidaron un patrón territorial fragmentado y desigual, con inversiones orientadas a enclaves extractivos, mientras grandes regiones rurales y periféricas eran relegadas al abandono estructural (Hobsbawm, 1999). El territorio nacional fue instrumentalizado para servir a intereses externos, reforzando una lógica de acumulación que generó vulnerabilidad social, ecológica e institucional.

Desde la ecología política, esta trayectoria demuestra que la vulnerabilidad actual a las amenazas climáticas como sequías, huracanes e inundaciones, no es una condición natural, sino el resultado de decisiones históricas que priorizaron la rentabilidad sobre la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades (Blaikie & Watts, 1994; Pelling et al., 2015). La noción de “vulnerabilidad producida” (Ribot, 2011) permite explicar cómo los impactos del cambio climático se distribuyen de forma desigual, afectando con mayor severidad a territorios históricamente excluidos.

Estas dinámicas históricas de configuración desigual del territorio en Nicaragua no son un fenómeno aislado, sino parte de patrones más amplios que se replican en América Latina y Centroamérica. Como advierte Delgado et al. (2024), la persistencia de modelos extractivistas orientados a la exportación, el despojo de tierras y recursos naturales, y la violencia contra comunidades locales han reforzado las injusticias climáticas en la región, al imponer los mayores costos ambientales y sociales sobre los territorios históricamente excluidos. En este contexto, la justicia climática no puede desligarse de las agendas de autonomía territorial, defensa de los bienes comunes y transformación estructural del modelo de desarrollo.

De igual forma, la CEPAL (2023) señala que las desigualdades ambientales en América Latina se traducen en brechas acumulativas de acceso a servicios ecosistémicos, infraestructura y protección frente a riesgos climáticos, afectando con mayor severidad a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y zonas rurales. Estos hallazgos respaldan la idea de que la vulnerabilidad climática no es producto de una exposición natural al riesgo, sino el resultado de decisiones históricas que reprodujeron estructuras coloniales de exclusión territorial y dependencia. En consecuencia, los procesos de adaptación deben ir más allá de intervenciones técnicas aisladas, e inscribirse en una lógica de reparación histórica y justicia territorial con enfoque regional.

Finalmente, esta discusión subraya la urgencia de transformar los enfoques de adaptación al cambio climático, superando las soluciones técnicas fragmentadas y avanzando hacia estrategias estructurales, participativas y justas. Como plantea Schlosberg (2012), la adaptación debe vincularse a la justicia ambiental, territorial y social. Ello implica restituir derechos, redistribuir recursos, fortalecer los derechos colectivos, y garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales en la gobernanza territorial. La justicia climática, en este contexto, solo es posible si se articula con una transformación profunda del orden territorial histórico que ha generado las desigualdades actuales.

Conclusiones

El análisis histórico-territorial presentado en este artículo permite concluir que la vulnerabilidad territorial en Nicaragua es el resultado de una acumulación histórica de procesos políticos, económicos y sociales que desde el siglo XVI hasta la primera década del siglo XXI, han configurado una estructura espacial desigual y excluyente. Desde la colonización española, pasando por la consolidación del modelo agroexportador en el siglo XIX y la subordinación geopolítica durante el siglo XX, la organización del territorio ha respondido de forma sistemática a intereses externos y de élites nacionales, marginando a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Esta configuración territorial históricamente desigual no solo ha producido una distribución inequitativa de los recursos y servicios básicos, sino también una exposición diferencial al riesgo climático. Las regiones históricamente excluidas, como la Costa Caribe, el corredor seco y las áreas rurales del norte, presentan mayores índices de vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos debido a déficits acumulativos en infraestructura, servicios sociales y capacidades institucionales.

En ese sentido, se evidencia que la adaptación al cambio climático en Nicaragua no puede limitarse a intervenciones técnicas o institucionales convencionales. Es fundamental incorporar un enfoque crítico que reconozca las causas estructurales de la vulnerabilidad territorial y promueva la transformación de las causas históricas que la sostienen. Este enfoque requiere un compromiso político con la justicia climática, la redistribución equitativa de los recursos, la restitución efectiva de los derechos territoriales y la promoción de procesos participativos que reconozcan las capacidades y saberes locales.

Por último, la construcción de resiliencia y adaptación territorial sostenible demanda repensar profundamente las políticas territoriales y climáticas, superando enfoques sectoriales. Solo mediante la articulación de políticas públicas integrales, inclusivas y basadas en la justicia territorial será posible revertir las condiciones históricamente heredadas y avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial justo, equitativo y sostenible frente al cambio climático. En este sentido, las políticas actuales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, como los programas de reforestación, titulación de tierras comunales y educación ambiental, representan oportunidades concretas para avanzar en esa reparación histórica. La Política Nacional de Cambio Climático (GRUN, 2022) promueve una planificación del desarrollo nacional y territorial participativa, inclusiva, articulada entre sectores y niveles de gobierno, y orientada al bien común, lo cual puede fortalecer procesos de adaptación transformadora basados en derechos colectivos, equidad territorial y resiliencia comunitaria.

Recomendaciones

A partir del análisis histórico-territorial de la vulnerabilidad en Nicaragua y de los hallazgos expuestos, se proponen las siguientes recomendaciones para orientar procesos de adaptación climática más justos, eficaces y sostenibles:

Reformular las políticas territoriales y climáticas desde una perspectiva interseccional, histórica y participativa, que reconozca la vulnerabilidad como una construcción estructural vinculada al despojo, la exclusión y la subordinación territorial acumulada.

Priorizar la inversión pública en territorios históricamente excluidos, tales como la Costa Caribe, el corredor seco y zonas rurales de la región central, mediante obras de infraestructura resiliente y acceso equitativo a servicios básicos.

Fortalecer los procesos de titulación comunal y restitución de derechos territoriales a pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando la seguridad jurídica de sus territorios y la protección frente al extractivismo no consensuado.

Fomentar la planificación territorial participativa, reconociendo y articulando los saberes locales y ancestrales en el diseño e implementación de estrategias de adaptación, asegurando el protagonismo de las comunidades en la toma de decisiones.

Establecer marcos normativos y operativos que regulen las actividades extractivas en territorios de alta vulnerabilidad socio ecológica, priorizando la restauración de ecosistemas y el bienestar comunitario por sobre la rentabilidad económica de corto plazo.

Listado de referencias

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