Editorial

Abstract

En la actualidad los estados tienen grandes desafíos para salvaguardar los derechos humanos, pero también deben hacer posible que las potenciales víctimas de violaciones de estos derechos puedan interponer recursos efectivos ante tales vulneraciones (Diputación de Valencia, 2020). En Iberoamérica existe una necesidad por sistemas de justicia penal orientados a la aproximación de la verdad como presupuesto para la emisión de una decisión justa y en un marco de estricto respeto de los derechos de los distintos intervinientes (Uprimny, 2006). En palabras de António Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas, citado en Romero (2020) “Al reconocer el valor de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, debemos comprometernos a proteger a quienes buscan la verdad y la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaces y devolverles su dignidad”.